Derecho a la libertad de expresión e información

Crímenes, acoso sexual y sus efectos en el ejercicio del trabajo periodístico

Noelia Díaz Esquivel y Lida Duarte Franco

Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay

Palabras clave: derecho a la información, libertad de expresión, libertad sindical, precarización laboral, violencia de género

Díaz Esquivel, N. y Duarte Franco, L. (2022). Crímenes, acoso sexual y sus efectos en el ejercicio del trabajo periodístico. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2022 (277-290). Asunción, Paraguay: Codehupy.

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En Paraguay, la libertad de expresión y el derecho a la información se ven amenazados por la disputa de la narcopolítica en la frontera, las precarias condiciones laborales, la persecución sindical y la violencia de género perpetrada dentro de los mismos medios de comunicación.

En este artículo se pone énfasis en la falta de acceso a la justicia, que tiene como consecuencia la gran cantidad de casos que permanecen impunes, principalmente en ciudades fronterizas y otras fuera del departamento Central. Así también, se analiza la violencia hacia las trabajadoras de prensa por razones de género. Igualmente, se estudia cómo la precarización se fue agudizando. Además de recordar algunos antecedentes, se detallan los casos emblemáticos, como el crimen del periodista Humberto Coronel en el departamento de Amambay y las denuncias de acoso sexual y violencia laboral en los medios de la multinacional Albavisión.

Situación del derecho en 2022

Periodistas en riesgo o amenaza

En Paraguay, el ejercicio de la libertad de expresión sufre constantes amenazas en un marco de medios de comunicación altamente polarizados por intereses económicos y políticos que condujeron a contaminar la información veraz, equilibrada, plural y ecuánime a la que tiene derecho la ciudadanía. Esta situación es coincidente y consecuente con la expansión del fenómeno de la «narcopolítica»^[1].

Actualmente se encuentra vigente un protocolo de actuación policial —que en la práctica requiere también el compromiso del Ministerio Público para su correcto funcionamiento— para casos de periodistas en situaciones de alto riesgo o amenazas, lo que ha permitido en los últimos años brindar de forma más ágil alguna medida de protección a periodistas de diferentes zonas del país quienes se encontraban en peligro, pero no significó un avance para una investigación judicial que repare la situación de riesgo de las víctimas. Así también, la existencia de la Mesa Interinstitucional para la Seguridad de Periodistas es otra iniciativa que busca precautelar el derecho a la libre expresión y el ejercicio del periodismo.

Sin embargo, los hechos de violencia persisten a pesar de las denuncias realizadas desde hace varios años por los gremios.

Violencia sexual contra mujeres en medios de comunicación

En el periodo estudiado se reportaron casos de violencia sexual en una multinacional televisiva, lo que puso en evidencia la deficiente aplicación de normas vigentes como la Ley N.º 5777/2016 «De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia», cuyo artículo 12 encomienda al Ministerio de la Mujer articular y coordinar acciones para la adopción de protocolos en instituciones públicas y en empresas. Tampoco se cumplió con el artículo 17 que obliga al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a establecer mecanismos de vigilancia y sanción por el incumplimiento de los derechos laborales de las mujeres, con prioridad de las que viven en situación de violencia. Incluso, tampoco se cumplió con el Decreto Reglamentario N.º 6973, que dispone la obligación de las empresas de adoptar acciones de prevención y normativas internas frente a casos de violencia (art. 9), además de tolerancia y flexibilización en horarios laborales para dar trámite a las denuncias o contar con asistencia sicológica (art. 16).

Una importante disposición que aún está pendiente de implementación en la mayoría de los medios de comunicación es la inclusión en los reglamentos internos de trabajo de un procedimiento para casos de violencia laboral, que a su vez contempla comentarios, proposiciones o conductas con y sin connotación sexual, mobbing o acoso sexual, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Se trata de la Resolución N.º 388 del 2019 del MTESS, que crea la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral y establece un procedimiento de actuación ante los casos denunciados^[2].

Casos ocurridos en 2022

Un asesinato anunciado: Humberto Coronel

Atentado. El martes 6 de septiembre de 2022, Humberto Coronel, comunicador de la emisora Amambay 570 AM, quien solía denunciar sobre corrupción y crimen organizado en su espacio radial, fue asesinado a balazos al salir de la radio.
Antecedentes. Humberto Coronel y su compañero Gustavo Báez^[3] ya habían recibido amenazas meses atrás, en junio. En esa ocasión, ya habían alertado al Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), desde donde se pidió protección en todas las instancias estatales, incluyendo la Mesa para la Seguridad de Periodistas, articulada con instituciones del Estado. El medio de comunicación donde trabajaba Humberto ya había sufrido atentados, al igual que la familia propietaria: los Acevedo. Radio Amambay fue atacada en varias ocasiones, incluso con una granada. Sin embargo, los organismos de seguridad del Estado no reforzaron la protección para los trabajadores y las trabajadoras para que puedan realizar sus labores con libertad y seguridad. Estas omisiones, aun a sabiendas del riesgo en el ejercicio de la profesión en esta zona, recaen directamente sobre el Estado que no actuó para garantizar la vida de sus ciudadanos^[4].
Mal inicio de la investigación. La fiscala Katia Uemura, encargada de investigar el asesinato del periodista Humberto Coronel, lo acusó sin reparos de su propia muerte, argumentando que «se regaló» al sicariato, cuando en realidad el trabajador venía advirtiendo sobre serias amenazas de muerte. Días después del homicidio, la funcionaria del Ministerio Público fue apartada del caso.
Implicados. De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, el presunto autor del crimen habría sido identificado como Mauricio Miguel Recalde. No obstante, según datos de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, el hombre se habría fugado a Brasil. En tanto que otro sospechoso, Michael Daniel López, fue detenido y está bajo custodia.
Alarma encendida en la zona Norte. Este caso volvió a encender la alarma en las ciudades fronterizas, secuestradas por el crimen organizado, que además silencia las voces de quienes buscan informar sobre la realidad en la zona^[5]. «De momento es imposible ejercer el periodismo» en Amambay, advirtió el propio secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz^[6].

Agresiones y amenazas a Pablo Gastón Gauto Ortiz

Por su trabajo periodístico, Pablo Gastón Gauto Ortiz, de Visión Comunicaciones de la ciudad de Villarrica, recibió este año agresiones y amenazas de muerte.

Violencia del senador Friedmann

Agresión en plena cobertura. El 14 de marzo de este año, mientras cubría la comparecencia a la audiencia preliminar —que finalmente fue suspendida— del senador Rodolfo Friedmann y de su esposa Marly Figueredo en el Palacio de Justicia de Asunción, por una causa de corrupción relacionada a la administración de los recursos para la merienda escolar en el departamento de Guairá, el legislador arrebató con violencia el celular con el que Pablo Gastón Gauto Ortiz estaba grabando imágenes y estropeó el micrófono, impidiendo por un lado la labor de informar y por otro, censurando el derecho de la sociedad a informarse.
Denuncia por coacción. Fue realizada ante el Ministerio Público en la Unidad Especializada de Derechos Humanos.

Álex Castro García y sus amenazas de muerte

Primera amenaza. Durante una entrevista realizada el 21 de julio de 2022, el trabajador de Visión Comunicaciones de la ciudad de Villarrica fue amenazado por Álex Castro García, quien se mostró molesto por las publicaciones periodísticas y decidió lanzar la advertencia de «matarlo si lo encuentra en la calle», hecho que fue denunciado.
Publicación detonante. En su rol de comunicador, Gauto Ortiz reveló que el ciudadano español no era en realidad un concejal catalán, como se había presentado ante la Municipalidad de Villarrica, al momento de ofrecer una donación de dinero para la reconstrucción de la terminal de ómnibus local.
Breve protección. Ante el riesgo que representaba ejercer su profesión, se activó una custodia policial, pero solo duró tres semanas.
Nueva amenaza y reactivación de custodia. En septiembre se divulgaron audios donde el español afirmaba haber pagado Gs. 7 millones para asesinar al comunicador y a la fiscala Sussy Ramírez, quien investigaba las amenazas anteriores, si no se retiraba la denuncia en una semana. Días antes, había ocurrido el crimen de Humberto Coronel y, ante el reclamo del SPP, se reactivó la seguridad para Gauto Ortiz.
Imputación. Castro García fue imputado por coacción. En su audiencia preliminar del 21 de octubre se suspendió la ejecución de la prisión preventiva y el procesado obtuvo medidas alternativas que contemplan la prohibición de salir del país, de acercarse o comunicarse con la víctima y la obligación de comparecer una vez al mes ante el Juzgado Penal de Garantías de Guairá.

Violencia contra mujeres trabajadoras en prensa

Acoso sexual en Albavisión^[7]

Inicio de las denuncias. En mayo de 2022 se realizaron las primeras denuncias penales por acoso sexual a varias trabajadoras en la multinacional de comunicación Albavisión, proceso que contó con el apoyo tanto de compañeras como de organizaciones sociales, y significó el quiebre de la normalización de esta conducta que se divulgaba como «un secreto a voces» dentro y fuera de los canales del grupo empresarial.
Víctimas denunciantes. Durante la declaración testifical ante el Ministerio Público, se detectaron en total seis víctimas del entonces gerente de prensa de Televisión Cerro Corá S.A., Canal 9, Carlos Granada, quien fue procesado por acoso sexual, coacción sexual y coacción, perpetrados en su propia oficina en horario laboral, según el acta de imputación del 26 de agosto. Según el abogado de la querella adhesiva, Rodrigo Yódice, hay más víctimas que no pudieron formar parte del proceso debido al vencimiento del plazo para presentar las denuncias^[8]. Estas sobrevivientes de violencia de género vivían amenazadas y con hostigamientos que, ante la negativa de acceder a sus pretensiones sexuales, se traducían en cambios de horarios y funciones.
Poder de Carlos Granada. El gerente tenía bajo su responsabilidad toda la línea periodística de los canales del Grupo Albavisión en Paraguay: Televisión Cerro Corá S.A. (Canal 9), Paravisión S.A., Televisora del Este S.A. (C9N) y Televisora Itapúa S.A. (Sur TV). A su cargo estaba el personal de producción (productores, asistente de producción), personal de edición (editores), cronistas, camarógrafos, conductores, presentadores y panelistas de noticias, totalizando aproximadamente 117 personas, de acuerdo con el acta de imputación.
Buenas primeras intenciones del canal. El SNT Canal 9 admitió que el bienestar físico y psicológico de su plantel de comunicadoras fue vulnerado y se comprometió a ejecutar medidas legales y de prevención^[9]. En ese sentido, paralelamente a la investigación penal, se abrió un sumario administrativo en que se alentó a las trabajadoras a colaborar en las averiguaciones internas, transcurso en que se reforzaron las denuncias contra el ahora exgerente, pero también se conocieron más casos de violencia laboral ejercida por otros directivos^[10].
SNT muestra otra cara. Contrariamente a la buena voluntad que en principio mostró la multinacional, a inicios de agosto procedió al despido injustificado de tres trabajadoras que habían aportado en la investigación.
Otras irregularidades encontradas. La reunión tripartita realizada en agosto en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dejó constancia de la incomparecencia de la patronal y recogió testimonios sobre las irregularidades que ocurren en las instalaciones de la empresa, pues además de los hechos punibles descriptos, habría descuentos indebidos por reposo médico, por maternidad y vacaciones, cambios de horario laboral, incumplimiento con el reglamento de higiene y seguridad, así como la alteración de condiciones de trabajo. En esta instancia, el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay solicitaron la fiscalización de la empresa por parte del MTESS, reforzando la recomendación que ya había hecho en mayo la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral^[11]. Los procedimientos no se ejecutaron y el hostigamiento en la empresa se agravó.

Persecución a Angie Samudio Prieto en Albavisión

De las irregularidades denunciadas en el proceso de investigación por las denuncias de acoso sexual, se desprendió una persecución a Angie Samudio Prieto. Albavisión inició el proceso de despido ilegal de la comunicadora, quien cuenta con 13 años de antigüedad laboral.

Para forzar el quiebre de su estabilidad laboral y desvincularla sin los beneficios garantizados en el Código del Trabajo, Albavisión emprendió una infundada querella penal por supuesta injuria contra la presentadora de televisión como represalia a su acompañamiento en las reivindicaciones, pero además accionó con una demanda laboral de justificación de despido. Sobre este caso hubo una reunión en el MTESS, donde la empresa ratificó las acciones impulsadas^[12].

Violencia de género digital y otras agresiones

Al igual que los varones, las mujeres trabajadoras de prensa son atacadas en línea por sus publicaciones, pero contra ellas se utilizan más expresiones discriminatorias relacionadas al género, poniendo en duda su capacidad intelectual, con expresiones sexistas y comentarios vinculados a su apariencia física^[13]. Hubo casos graves en los últimos años^[14] y las agresiones continúan hasta hoy^[15].

Obstrucción violenta en la labor periodística y desprotección de mujeres comunicadoras

Fiona Aquino. El 4 de octubre de 2022, con violencia entre empujones en los pasillos y el ascensor del Congreso Nacional, los guardias de la fiscala general de la República Sandra Quiñónez obstaculizaron el trabajo de la prensa, donde la autoridad defendió el proyecto presupuestario de la institución para el 2023 con ampliaciones. La periodista Fiona Aquino, del diario ABC Color, recibió los peores forcejeos de parte del personal de seguridad mientras realizaba sus preguntas^[16].

Claudia Aguilera. La periodista de radio y televisión del Grupo JBB no fue víctima directa de asesinato, pero fue testigo del crimen contra su esposo, el fiscal contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, el pasado 10 de mayo de 2022, en la isla Barú, Colombia, durante su luna de miel. Tras el atentado, Claudia Aguilera no obtuvo la protección requerida por parte de las autoridades colombianas, ni paraguayas. Además, recibió hostigamientos en redes sociales. Al cumplirse un mes del crimen, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay lanzó una carta abierta cuestionando el tratamiento que se dio al asesinato del fiscal y que responsabilicen a la comunicadora por sus publicaciones en redes sociales^[17].

Protestas ante precarización laboral

Marzo de 2022. Los y las periodistas del diario Última Hora protestaron en la segunda quincena de marzo por el incumplimiento del artículo N.º 29 del Contrato Colectivo de Trabajo^[18] referente al reajuste salarial, que históricamente se aplicó cada seis meses, como la empresa misma se había comprometido al momento de firmar el acuerdo^[19]. Luego de mantener una asamblea permanente, de haberse manifestado con carteles en la redacción y a través de las redes sociales, los trabajadores y las trabajadoras lograron que la patronal desistiera de su intención de actualizar el salario recién a los nueve meses de la última modificación, hecho que se oficializó en la reunión tripartita del 24 de marzo en el MTESS, donde acudieron delegados y delegadas sindicales, la comisión directiva del SPP y representantes del empleador.

Junio de 2022. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Sintramitic) se movilizó ante los repentinos recortes de remuneraciones extras y adicionales que compensan los bajos salarios en los medios estatales, que contemplan Radio Nacional del Paraguay AM y FM, Radio Nacional San Pedro, Radio Carlos Antonio López de Pilar, Agencia IP y Paraguay TV. Aunque se repusieron los pagos adicionales, quedaron pendientes algunas reivindicaciones, teniendo en cuenta que todavía hay profesionales percibiendo apenas un salario mínimo y tampoco hay una equiparación de salarios de jefes y jefas de departamentos. Además, se conserva la falta de transparencia en la asignación de cargos vacantes. Paralelamente, los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) encontraron una gran barrera para ejercer el derecho a la libertad sindical que estipula el artículo 96 de la Constitución Nacional. Las trabas se reflejaron en la demora excesiva del MTESS para reconocer a Sintramitic como gremio en un contexto de protestas. La solicitud se había presentado en enero pasado, mientras que el registro provisorio se confirmó recién en agosto luego de varios reclamos, en tanto que el definitivo siguió sin resolverse hasta el 11 de octubre^[20].

Seguimiento de casos anteriores

Vergonzosa sentencia por el asesinato de Leo Veras

El 12 de febrero de 2020, sicarios atacaron con 12 disparos a Leo Veras. El comunicador era conocido por su trabajo de investigación sobre corrupción, tráfico de drogas, armas y contrabando de tabaco en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los autores intelectuales del crimen serían dos líderes del Primer Comando Capital (PCC): Sergio de Arruda, más conocido como «Minotauro», y Ederson Barbosa Salinas, quienes se encuentran presos en Brasil.

En mayo de 2020, la Policía paraguaya capturó a quien sería el organizador del atentado, Waldemar Pereira Rivas, considerado un líder importante del PCC. El fiscal Marcelo Pecci lo imputó por homicidio doloso y asociación criminal, mientras que el juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, decretó su prisión y fue remitido a la penitenciaría regional de la misma ciudad fronteriza.

El 11 de junio de 2021, el juez Juan Martín Areco declaró la apertura del juicio oral y público. El 3 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, por unanimidad, absolvió de culpa y pena a Waldemar Pereira Rivas de ser el responsable del asesinato del periodista Leo Veras. Según las magistradas, no pudo probarse la autoría del hecho, al tiempo de mencionar que el Ministerio Público realizó un trabajo de investigación y presentación de pruebas deficientes y no se pudo probar que el acusado sea el brazo logístico de alguna organización criminal. Expresaron que tampoco se demostró cuál fue la publicación realizada por Veras que pudiera ocasionar la reacción de Pereira. En la sentencia se dictó ordenar la inmediata libertad del acusado.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por las juezas Carmen Silva Bóbeda, Juana Aguirre y Mirna Soto. Mientras que el fiscal de la causa fue Andrés Arriola, quien había solicitado una pena privativa de libertad de 14 años.

Únicas condenas y asesinatos que siguen impunes

A la fecha, en Paraguay solo cuatro crímenes contra periodistas han logrado terminar judicialmente con condenas.

Salvador Medina. El asesinato ocurrió el 5 de enero de 2011, en la ciudad de Capiibary, departamento de San Pedro. El acusado, Milciades Maylin, fue condenado a 25 años de cárcel, sin que los autores intelectuales fuesen investigados. Medina fue periodista y locutor en la Radio Ñemity FM. Su muerte fue como consecuencia de la denuncia permanente contra el tráfico de madera que operaba en forma impune en la zona^[21].

Marcelino Vázquez. Asesinado por sicarios el 6 de febrero de 2013, el único responsable material del hecho, Édgar Giménez Duarte, fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad el 12 de septiembre de 2016, luego de haber pasado por un primer juicio que fue anulado.

Pablo Medina y Antonia Almada. El periodista y corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Curuguaty (Canindeyú) y su asistente fueron asesinados el 16 de octubre de 2014 al ser emboscados en un camino vecinal. La investigación fiscal y el proceso penal concluyeron con la condena de Wilmar Acosta, exintendente de Ypehú, sentenciado a 39 años de prisión como autor intelectual e instigador del asesinato de los periodistas; y de Arnaldo Cabrera, chofer de Acosta, por el delito de omisión de dar aviso sobre un hecho punible. Otro sospechoso aguarda ser juzgado en Brasil^[22].

Y siguen impunes los casos de tres trabajadores de prensa.

Santiago Leguizamón. El asesinato del periodista radial cumplió 31 años de impunidad en 2022. Fue el primer comunicador silenciado luego de la caída de la dictadura. Con escasos avances de parte de la Justicia paraguaya y luego de recurrir en el 2007 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que escuchó a la esposa y al hijo del periodista asesinado y deberá resolver sobre la responsabilidad del Estado en este caso y las medidas de reparación^{^[23]}.

Eduardo González. El locutor radial de El Trigal FM, de Carmen del Paraná (Itapúa), fue hallado severamente golpeado al costado de la ruta Graneros del Sur a inicios de marzo del 2016 y, luego de agonizar, finalmente falleció al año siguiente. Según el informe policial, se habría tratado de un accidente de tránsito, pero en realidad el caso nunca fue investigado^[24].

Fausto Gabriel Alcaraz. En Pedro Juan Caballero (Amambay), el 16 de mayo de 2014 fue asesinado por dos sicarios que circulaban a bordo de una motocicleta. El comunicador de la emisora Radio Amambay 570 AM era conocido por generar polémicas acusaciones contra comerciantes, policías, fiscales y jueces quienes, supuestamente, actuaban bajo las órdenes de la mafia ligada al narcotráfico y el crimen organizado. El crimen fue judicializado y estuvo a cargo del juez Cándido Mendieta Insfrán. Balta Martínez dirigió la investigación por parte del Ministerio Público. Se realizaron algunos allanamientos que no condujeron a nada. El asesinato sigue impune^[25].

Conclusiones

Los crímenes contra periodistas son un atentado contra la construcción de una sociedad democrática, entendiendo a la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo como pilares fundamentales de dichas sociedades^[26]. La débil respuesta de las instituciones del Estado ante los asesinatos y amenazas de muerte da cuenta de que el periodismo crítico se ejerce desde un ambiente inseguro. Uno de los principales estancamientos se observa en el acceso a la justicia, que se evidencia en la impunidad del 85% de los crímenes ocurridos desde 1991, que aún no fueron esclarecidos.

Asimismo, hay una alerta permanente ante la vulneración de derechos de trabajadoras de prensa. Estos hechos no contribuyen a la construcción de una igualdad de género.

La alta concentración de medios tiene un efecto ramificador de la violación de derechos laborales, pues las prácticas denunciadas se registran en todas las dependencias de una misma empresa, pero esta situación además achica el mercado laboral para quienes consideren la opción de cambiar de empleador. Esto, a su vez, agudiza la precariedad en el desempeño de la profesión, que también afecta a la calidad de la información que recibe la ciudadanía para la toma de decisiones.

Recomendaciones

El Estado debe:

Agotar los esfuerzos jurídicos y operativos a través del Ministerio Público y el Poder Judicial para lograr la protección de los y las periodistas en riesgo; y promover avances en la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes perpetrados, así como de reparación a las víctimas y familiares.
Continuar en la efectiva aplicación de la Resolución N.º 538 de la Policía Nacional que aprueba el protocolo de seguridad para periodistas en situación de riesgo.
Impulsar, a través de las diferentes instituciones, el cumplimiento efectivo de la Ley N.º 5777/2016.
Garantizar la ejecución de fiscalizaciones a las empresas para la detección y corrección de irregularidades. Es responsabilidad del Estado proveer del presupuesto correspondiente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El MTESS debe:

Encontrar los mecanismos para garantizar la aplicación de la Resolución N.º 388 que obliga a las empresas a contar con un protocolo para casos de violencia laboral y sexual.
Remitir al Congreso Nacional la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo, trámite que está pendiente desde el 2019.

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Noelia Díaz Esquivel

Periodista hace más de 20 años. Su trabajo recoge historias basadas en niñez, mujer, salud, educación, pobreza, campesinado, temas indígenas, género, etc. Maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la especialización en Políticas Sociales por el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF). Recibió premios, condecoraciones y reconocimientos como activista feminista y defensora de derechos humanos. Fue secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay y secretaria de Género de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Integrante de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay.

Contacto: noediazesqui78@gmail.com