El asesinato del periodista Humberto Coronel fue el más grave ataque a la libertad de expresión del año. A esto se suman las agresiones y malos tratos que suelen darse en las coberturas, el amedrentamiento de parte de autoridades o a través de terceros, así como denuncias de acoso y coacción sexual en un medio. Todas estas situaciones reflejan la ausencia de un Estado garante de la labor periodística en el país.

El presente artículo detallará algunos de los casos que se dieron en el presente año en lo que refiere a la libertad de expresión y los derechos de trabajadores y trabajadoras de la prensa. Se analizarán las recomendaciones formuladas al Estado en el último Examen Periódico Universal (EPU) y el estado de su avance o cumplimiento.

Situación del derecho en 2022

Recomendaciones del EPU y protección de la profesión informativa

En su último EPU del 2021^[1], el Estado paraguayo recibió, y se comprometió a cumplir, numerosas recomendaciones formuladas por sus pares relacionadas a la libertad de expresión y la protección del trabajo periodístico, entre ellas:

Garantizar la prestación de asistencia y protección efectivas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas contra las amenazas, la violencia y la intimidación, e investigar los ataques, las represalias y las agresiones contra ellos (Bélgica).

Mejorar las políticas de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados (Brasil).

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los periodistas (República Checa).

Garantizar la libertad de prensa y la protección de los periodistas y los medios de comunicación, y poner fin a las restricciones a las libertades de asociación y reunión pacífica (Francia).

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y detener la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas (Alemania).

Promulgar con carácter prioritario la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (Irlanda).

Adoptar medidas para garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno seguro, sin riesgo de represalias (Italia).

Llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas y transparentes de todos los delitos cometidos contra periodistas, asegurando el enjuiciamiento de los perpetradores y el acceso de las víctimas a recursos efectivos (Países Bajos).

Ultimar los trámites parlamentarios para la promulgación de la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos (España).

Promover el debate parlamentario para la aprobación de una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos con la participación de todos los actores pertinentes, incluido un marco institucional para la Mesa redonda sobre la Seguridad de los Periodistas (Uruguay).

En este sentido, la institución —con anterioridad a estas recomendaciones— de una Mesa de Seguridad para Periodistas, integrada por entes estatales y gremios de trabajadores de prensa, ha servido para una mayor reacción por parte del Estado en los casos de amenazas y ataques contra las y los periodistas. Sin embargo, la falta de una normativa que regule su funcionamiento y que obligue al Estado a adoptar medidas adecuadas de protección ha sido una limitante insalvable.

Por otro lado, luego de un proceso largo de discusión y acuerdos, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores oficializó la presentación de un anteproyecto de ley que establece un sistema de protección de periodistas y defensores(as) de derechos humanos, que contó con el aporte de organizaciones de la sociedad civil y algunas agencias del Estado, con el impulso del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Codehupy^[2].

Aunque se observan algunos avances alentadores, el Estado aún está en deuda con el cumplimiento de las recomendaciones que tienen que ver con la seguridad de los periodistas.

Asesinatos de periodistas: reina la impunidad

A la fecha, suman 20 periodistas asesinados en más de 30 años de transición democrática en el país. A excepción del caso del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, en el que se ha logrado condenar a los responsables materiales e intelectuales del hecho, el resto de los casos se mantienen en menos o mayor grado en impunidad, circunstancia que constituye la más grave violación a la libertad de expresión.

Las situaciones de violencia contra las y los periodistas no son correctamente investigadas. Los agentes a cargo no cuentan con la sensibilidad requerida para agotar primeramente la hipótesis de que la violencia o el crimen se haya producido por su labor investigativa, incluso para investigar hechos que prima facie aparenten suicidio o accidentes de tránsito, ya que estas situaciones son modos comunes de simular los crímenes para desviar la atención y eludir a la Justicia^[3].

Casos ocurridos en 2022

Asesinato de periodista en Pedro Juan Caballero

El 6 de septiembre de 2022, el periodista Humberto Coronel —comunicador de radio Amambay de la ciudad de Pedro Juan Caballero y del portal web Mbykymi Noticias— fue asesinado al salir de la emisora. El periodista recibió ocho balazos de parte de una persona que llegó hasta el sitio en una moto. Luego de cometer el asesinato, el autor se fugó del sitio.

Coronel y su compañero de trabajo, Gustavo Báez, habían sido amenazados de muerte el 10 de junio de 2022 cuando frente a la casa de Báez fue dejada una nota señalando que ambos comunicadores «sabían demasiado» y debían «empezar a callar»^[4].

A pesar de esta amenaza, y de que las autoridades del Estado estaban en conocimiento a través de la Mesa de Seguridad para Periodistas, estas no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los comunicadores. Tras las amenazas iniciales en contra de Báez y Coronel, el primero había accedido a una precaria custodia aleatoria, tras insistentes reclamos por parte del SPP e incluso del Ministerio Público.

Por su parte, Coronel señaló que prefería no contar con custodia. Argumentó que la Policía local no le generaba confianza. Tampoco la funcionaria de la emisora, testigo del crimen del intendente Acevedo^[5], familia propietaria de la emisora, accedió a una custodia adecuada sino hasta después del asesinato de Humberto. La radio, que ya había sido blanco de atentados previos, tampoco tenía una custodia permanente por parte de la Policía Nacional.

Tras el asesinato del periodista, el SPP reclamó la situación de desprotección ante el Ministerio del Interior, cuyo titular, Federico González, respondió que era imposible establecer mayor nivel de protección en la zona, ya que no contaban con recursos económicos ni cantidad de personal suficiente. Sin embargo, esta es una de las zonas donde cumple sus funciones la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), fuerza militar y policial para llevar seguridad al territorio desde el 2013, a la que se han destinado millones de dólares^[6].

El caso también sirvió para dejar en evidencia que el Ministerio Público no aplica su propio protocolo de investigación para casos de violencia o crímenes contra periodistas. Si bien se han registrado avances recientes, mediante la adopción de un instructivo fiscal para la investigación de crímenes contra periodistas, el mismo aún no ha sido adecuadamente socializado ni incorporado por parte de los agentes fiscales. La propia fiscala penal asignada al caso, la agente Katia Uemura, formuló unas desacertadas declaraciones en las que responsabilizó a la víctima del hecho, afirmando que, al rechazar la custodia policial, se había «regalado»^[7].

Días después del atentado contra Humberto Coronel, los trabajadores de la radio recibieron amenazas a través de un perfil de Facebook. «Ahora es Humberto y hay unos cuantos que van a comer plomo si no nos dicen dónde está Gabriel. Dónde está él, ustedes saben dónde está. Vamos a ajustar cuentas», decía uno de los mensajes dejado en el inbox de la radio^[8]. Otra trabajadora de prensa, testigo del ataque contra el entonces intendente Acevedo, fue también amenazada al recibir un sobre que contenía una bala, en la emisora donde trabajaba.

En el caso de Coronel no se investigaron las amenazas, no se establecieron las medidas de protección necesarias a tiempo, lo que derivó en que un grupo criminal haya acabado con la vida de un periodista, generando un impacto grave en una zona del país, que es la más letal en materia de ataques a periodistas, considerada por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH como una zona silenciada^[9]. El SPP y la Codehupy denunciaron el hecho y señalaron que el mismo es consecuencia de la inacción estatal^[10].

Amenazas

El Observatorio sobre Violencia contra Periodistas registró al menos cinco casos de amenazas contra comunicadores en el año 2022^[11]. Estas situaciones resultan paradigmáticas para explicar la falta de protección a los periodistas. En todos estos casos solo la presión de los gremios ha logrado la activación de medidas de protección, siendo tardías e insuficientes.

Las amenazas contra comunicadores y comunicadoras son otra forma de violencia que busca acallar la labor de la prensa. Es preciso señalar que el 100% de ellas han permanecido impunes, ya que no se registran condenas contra perpetradores de estos hechos. A pesar de que estos casos están mayormente vinculados a particulares, es importante señalar la responsabilidad del Estado al no investigar y sancionar a los responsables, así como al omitir proteger adecuadamente a los periodistas en riesgo.

Última Hora. En enero, el SPP denunció que la sede del diario Última Hora fue atacada por una turba encabezada por el diputado Jorge Brítez y otras personas^[12]. La manifestación buscaba que el medio les diera espacio a sus posiciones negacionistas contra el COVID-19 y las vacunas contra esa enfermedad. Incluso uno de ellos amenazó con quemar la sede del diario^[13]. Este hecho no tuvo consecuencias para los responsables, ni mereció un discurso público de protección de la libertad de expresión por parte de las autoridades, incumpliendo el deber de prevenir y desalentar los hechos de violencia contra periodistas.

Periodista de Guairá. En julio de este año, el periodista Pablo Gastón Ortiz, de Visión Comunicaciones de Villarrica, recibió amenazas de muerte hechas por el ciudadano español Alejandro Castro, como consecuencia de publicaciones realizadas por el comunicador vinculadas a hechos de interés público. En este caso se abrió una carpeta fiscal para investigar las amenazas que se tornaron reiteradas en septiembre, cuando se difundió el audio donde el autor de las amenazas reconocía haber pagado a sicarios para que acaben con la vida del trabajador de prensa, hecho denunciado por el SPP^[14]. Gastón Ortiz, junto a la periodista Perla Silguero fueron agredidos por el senador Rodolfo Friedmann tras una audiencia judicial mantenida por el legislador, cuando los periodistas intentaban tomarle declaraciones.

Otras denuncias. Entre otras denuncias relacionadas a amenazas y ataques contra medios y periodistas, está el caso de Bruno Benítez, cuyo vehículo fue atacado a balazos por desconocidos en la madrugada del 12 de enero^[15].

Acoso y coacción sexual en canales del grupo Albavisión

En mayo del 2022, periodistas, cronistas, presentadoras y productoras del grupo Albavisión (canales 9 SNT y C9N) realizaron de forma pública denuncias por reiterados casos de acoso sexual y laboral en los medios mencionados. Las trabajadoras de prensa señalaron como responsable de estos hechos al entonces gerente del canal, Carlos Granada. Luego de las denuncias, aparecieron otras en los mismos medios.

Las denunciantes recurrieron a la Justicia, por lo que el denunciado fue imputado y separado del cargo. A la par se realizaron acciones y pronunciamientos de repudio ante los hechos. Aunque el gerente eludió su presentación ante la Justicia por tres meses, finalmente se presentó y pasó a guardar reclusión en prisión preventiva.

En principio, el canal activó los mecanismos previstos para situaciones de acoso sexual en los lugares de trabajo, procediendo a desvincular al principal sospechoso de los casos de acoso. Sin embargo, luego de unos meses, la gerencia decidió despedir a tres trabajadoras. Las mismas eran referentes principales de las trabajadoras del medio.

Uno de los casos más graves fue el de Angie Prieto, funcionaria del SNT Canal 9 por más de 13 años, a quien la empresa le inició un juicio para justificar su despido. A la vez, le iniciaron una querella penal por injuria, debido a las acciones de denuncia por el acoso que sufrieron las trabajadoras del medio.

Las represalias del grupo Albavisión se vieron facilitadas por la falta de controles por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a consecuencia de su reacción tardía e insuficiente. Asimismo, se incumplió en poner en práctica varias salvaguardas previstas en la Ley N.º 5777 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se pronunció ante el caso de Prieto diciendo que

lejos de tratarse de una acción aislada, representa un intento de aleccionamiento para todas las trabajadoras del Grupo Albavisión que alzaron la voz contra el acoso y la violencia patriarcal. Al mismo tiempo, este despido es una medida de disciplinamiento para el resto de las trabajadoras y los trabajadores de prensa del multimedio^[16].

Condenas contra periodistas atentatorias de la libertad de expresión

• Casos de ABC Color. En noviembre, la directora del diario ABC Color y el periodista del mismo medio Juan Carlos Lezcano fueron condenados a una pena pecuniaria por el delito de difamación, promovida por la exministra de Tributación Marta González Ayala. La funcionaria había iniciado una querella, a raíz de unas publicaciones del medio en las que dejó en evidencia que la misma había adjudicado, por vía de excepción de la licitación, un contrato a una empresa de la cual era directiva. En otro caso entre las mismas partes, en septiembre, la Justicia resolvió absolver de culpa y reproche a la directora del diario y al periodista. Esta situación fue denunciada por el SPP, haciendo un llamado a las autoridades judiciales a fin de actuar conforme a los estándares de respeto a la libertad de expresión^[17].
• Caso La Nación. El periodista de la sección Cultura del diario La Nación, Carlos Giménez, también tuvo que ir a los Tribunales. Fue a raíz de una querella presentada por el presidente de la Asociación de Padres de la Orquesta de Cateura, que finalmente fue declarada abandonada y la causa sobreseída. En este caso, el SPP también llamó la atención del Tribunal a fin de que se apegue a las normas que protegen la labor periodística^[18].

Si bien en los dos últimos casos el Estado cumplió con su deber de protección de la libertad de expresión al desvincular a los querellados, sigue siendo un motivo de preocupación la judicialización penal de investigaciones periodísticas debidamente documentadas. Conforme a los estándares internacionales del sistema interamericano, la responsabilidad ulterior de los periodistas por daños a la reputación de terceras personas debe ser procesada por la vía civil. Por otra parte, las acciones judiciales generan temor en los periodistas que deben realizar las investigaciones, a causa de las pocas garantías de debido proceso que ofrece el sistema judicial paraguayo.

Seguimiento de casos anteriores

Caso Santiago Leguizamón

Actualmente, la Corte IDH se encuentra en la etapa final del juicio de Santiago Leguizamón y otros vs. Paraguay, en el cual se aguarda la sentencia. Entre las medidas de reparación planteadas en este juicio se encuentra la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes contra periodistas, uno de los puntos más relevantes que podría ayudar a poner fin a la impunidad en los crímenes contra los periodistas en Paraguay. El SPP ha insistido en que el Estado no debería oponerse a la adopción de esta y otras medidas que puedan ser dictadas por la Corte IDH en su sentencia^[19].

Caso Leo Veras

En noviembre, un Tribunal de Pedro Juan Caballero absolvió de reproche y condena y otorgó la libertad a Waldemar Pereira Rivas, el único sospechoso de ser responsable intelectual del crimen de Leo Veras, periodista asesinado el 12 de febrero de 2020 por sicarios. La libertad fue otorgada a pesar de que sobre el mismo pesaba una orden de captura internacional a raíz de una condena por homicidio que tiene en el Brasil. El SPP ha denunciado el mal accionar de la Fiscalía y del Tribunal que han arrojado nuevamente un manto de impunidad sobre este hecho, violando el principio fundamental de procuración de justicia al que está obligado el Estado paraguayo^[20].

Conclusiones

La falta de garantías del Estado para ejercer el trabajo periodístico pone en un riesgo mayor cada día a quienes ejercen esta labor. Es imperioso que los tres poderes del Estado pongan en marcha los mecanismos necesarios para salvaguardar y garantizar la labor periodística. Con ello, no solo se garantiza el derecho a acceder a la información a la población. También se habilitan los mecanismos para el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras de la prensa.

La precarización laboral y la concentración de medios en pocas manos son otras amenazas a la libertad de expresión. Tanto la falta de cumplimiento de la legislación laboral como la falta de garantías para el pluralismo en los medios de comunicación impactan directamente en la calidad de la información y en los derechos a la libertad de expresión y a la información de periodistas y ciudadanos, según lo sostiene el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)^[21].

Se ha visto cómo el resguardo de la integridad de los y las periodistas es otra de las tareas pendientes del Estado. Aunque los casos se denuncian, pocas veces se llega a los autores morales de las amenazas. El grado de impunidad es alto, mostrando una Justicia lenta para resolver los casos y salvaguardar a periodistas.

Recomendaciones

• Aprobar una Ley de Seguridad de Periodistas que permita establecer políticas de protección adecuadas.
• Adecuar la legislación y garantizar una investigación en los casos de amenazas y coacción que afectan a periodistas.
• Investigar de manera diligente los asesinatos de comunicadores y comunicadoras, dando con los responsables materiales e intelectuales.
• Impulsar una Comisión de la Verdad que investigue los casos de periodistas asesinados que han quedado impunes.
• Garantizar el libre ejercicio del periodismo.
• Adecuar las normativas a fin de garantizar la protección de trabajadoras que denuncien violencia o acoso en los lugares de trabajo.
• Realizar la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales en empresas periodísticas, sin dilación alguna.

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Carlos Morales

Miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay.

Contacto: mandiiradiactivo@gmail.com

1. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Paraguay (Doc. ONU A/HRC/48/9, 12 de julio de 2021, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/181/74/PDF/G2118174.pdf?OpenElement ↑
2. «Presentan anteproyecto de Ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos», Honorable Cámara de Senadores, 11 de noviembre de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/10869-presentan-anteproyecto-de-ley-para-proteger-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-2022-11-11-15-47-05 ↑
3. IDEA, Periodismo bajo amenaza en Paraguay. Análisis de la realidad y propuestas para enfrentar este desafío (Asunción: IDEA/UNESCO/Mesa para la Seguridad de Periodistas, 2022), 32, https://www.idea.org.py/wp-content/uploads/2022/07/Periodismo-bajo-amenaza-en-Paraguay-2022-Libro-Version-digital.pdf ↑
4. «Dos periodistas de Pedro Juan Caballero denuncian amenaza», Última Hora, 10 de junio de 2022, 20 de noviembre de 2022, https://www.ultimahora.com/dos-periodistas-pedro-juan-caballero-denuncian-amenaza-n3006173.html ↑
5. El intendente municipal de Pedro Juan Caballero, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, sufrió un atentado el 17 de mayo de 2022, a consecuencia del cual falleció cinco días después. El atentado fue atribuido al crimen organizado de la zona fronteriza con el Brasil. ↑
6. Más información en el artículo sobre derecho a la seguridad, en este informe. ↑
7. «Cuestionan a fiscala por decir que periodista asesinado no debió “regalarse”», Última Hora, 7 de septiembre de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https://www.ultimahora.com/cuestionan-fiscala-decir-que-periodista-asesinado-no-debio-regalarse-n3022245.html ↑
8. «Envían amenazas a radio donde trabajaba periodista asesinado en Pedro Juan Caballero», Última Hora, 7 de septiembre de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https://www.ultimahora.com/envian-amenazas-radio-donde-trabajaba-periodista-asesinado-pedro-juan-caballero-n3022169.html ↑
9. CIDH, Zonas Silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/zonas_silenciadas_esp.pdf ↑
10. «Asesinato del periodista Humberto Coronel es resultado de la inacción estatal», Codehupy, 6 de septiembre de 2022, https://www.codehupy.org.py/asesinato-del-periodista-humberto-coronel-es-resultado-de-la-inaccion-estatal/ ↑
11. Observatorio sobre Violencia contra Periodistas en Paraguay, Mesa para la Seguridad de Periodistas, https://seguridadperiodistas.org.py/monitoreo-ods/violencia-contra-periodistas/?ano=2022&mes=&tipo=Amenazas&victima= ↑
12. «Denunciamos esta amenaza: “Porque si no (publican lo que quiero), le vamos a quemar su diario”» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 12 de enero de 2022, http://bit.ly/3EVkcgb ↑
13. «Grupo de antivacunas, liderado por diputado, atropella sede de Última Hora», Última Hora, 11 de enero de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https://www.ultimahora.com/grupo-antivacunas-liderado-diputado-atropella-sede-ultima-hora-n2981186.html ↑
14. «Sindicato de Periodistas alerta sobre amenaza contra comunicador de Villarrica» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 26 de julio de 2022, http://bit.ly/3U0oubj ↑
15. «Investigan atentado contra periodista en San Pedro», HOY, 12 de enero de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https://www.hoy.com.py/nacionales/investigan-atentado-contra-periodista-en-san-pedro ↑
16. «Paraguay: el despido de una trabajadora de Canal 9 viola todas las garantías laborales», FIP, 11 de octubre de 2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https://fiplatina.press/nota/paraguay-el-despido-de-una-trabajadora-de-canal-9-viola-todas-las-garantias-laborales ↑
17. «COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. Instamos a los colegas y a la ciudadanía…» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 2 de agosto de 2022, http://bit.ly/3UaCFup ↑
18. «Desde el SPP seguiremos con atención el desarrollo de este juicio que pone en peligro el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 20 de julio de 2022, http://bit.ly/3gsuPik ↑
19. Más información sobre el caso puede obtenerse en el artículo sobre sistema internacional de protección de derechos humanos, en este informe. ↑
20. «#URGENTE #IMPUNIDAD. Otra vez la impunidad ante el asesinato de periodistas» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 3 de noviembre de 2022, http://bit.ly/3V3uaTi ↑
21. «Día de lucha por la justicia y el trabajo digno» [Facebook], Sindicato de Periodistas del Paraguay [@Sindicato de Periodistas del Paraguay], 26 de abril de 2022, http://bit.ly/3gwAG69 ↑