Los indígenas siguen al albur de una clase política negligente y sometida a intereses económicos

A finales del 2021 y comienzos del 2022, el movimiento social, coaligado con el movimiento indígena, irrumpe en la escena pública con una serie de acciones de protesta, articuladas en torno al rechazo de las medidas represivas, avanzadas durante todo el periodo del 2021. Este escenario, cuyo telón de fondo se complementa con la falta de políticas y la regresividad de algunas, así como con la degradación político-institucional en el Estado, en muchos casos, sitúa a los pueblos indígenas al margen de condiciones incompatibles con la dignidad humana misma.

El presente artículo recorre un escenario político, social e institucional donde se intenta una descripción del activismo del movimiento social y de las principales acciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil. Del mismo modo, se hace un repaso de la práctica y acción gubernamental en relación a los derechos indígenas, así como la mención de determinados casos o situaciones que son ilustrativas de las violaciones de derechos observadas en el periodo que se reporta. Por último, se formula un plexo de recomendaciones, a modo de guía para las acciones de exigibilidad.

Situación del derecho en 2022

La contestación social a la política represiva unifica acciones

El endurecimiento de las penas y la práctica continuada de los desalojos forzosos movilizaron a una multitud que marchó el 10 de diciembre de 2021 exigiendo el cese de la persecución y el fin de la criminalización de indígenas y campesinos.

En efecto, un rasgo de trascendencia política y social significativa de la coyuntura, sin dudas, es la apropiación del movimiento social e indígena de la fecha conmemorativa del Día Internacional de los Derechos Humanos, hasta no hace mucho, aprovechada únicamente por actores sociales provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, para visibilizar su agenda reivindicativa y denuncias. La agobiante criminalización y violencia que sufren los asentamientos campesinos y las comunidades indígenas, víctimas de un patrón de violencia orientado a la privación de sus derechos de propiedad comunal, en el caso de estas últimas, y del acceso a la tierra y la reforma agraria de los primeros, subrayó la importancia de la unidad de acción de los diferentes sectores afectados.

Las acciones de protesta empezaron el 10 de diciembre del año pasado, y si bien tuvieron como protagonistas centrales a las organizaciones campesinas, también contaron con una amplia participación de sectores indígenas organizados y, en especial, de las víctimas de los desalojos forzosos que sumaron y superaron en cantidad los que afectaron a las comunidades indígenas, a los perpetrados en contra de asentamientos campesinos^[1].

La principal consigna de la movilización de diciembre, así como de las que se sucederían luego, en el primer cuatrimestre del 2022, fue la derogación de la ley que convertía en crimen lo que hasta ese año era un delito: el hecho punible de invasión de inmueble ajeno^[2]. Al aprobarse esta medida, las penas se duplicaron con la inocultable pretensión de presionar con amenaza de cárcel a quienes a lo largo de las últimas décadas han encontrado como única herramienta para el acceso a derechos la ocupación de tierras y la protesta social.

Estas acciones de movilización y protesta del movimiento social e indígena tuvieron su correlato de acciones de exigibilidad por parte de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) articuló esfuerzos para promover el debate nacional e internacional sobre la deteriorada situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas, para lo cual documentó casos y realizó comunicaciones a organismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal, que rápidamente se preocuparon por la situación dada en Paraguay.

Así las cosas, en el mes de febrero, indígenas de la comunidad Ka’a Poty y otras, junto a referentes de organizaciones sociales, participaron de una suerte de interpelación social al Gobierno, realizada en la Plaza de Armas de Asunción, lugar transformado en el hábitat de los desamparados. Allí, donde acampaban por entonces cientos de indígenas a quienes el Estado había privado de sus tierras, arrojándolos a la humillación de vivir en un espacio público, a ojos vistas de una sociedad que, generalmente, es incapaz de reaccionar en clave de derechos humanos para solidarizarse.

La reunión con representantes de diversas instituciones públicas, en ese marco, incluyó al recientemente asumido titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), quien contaba con apenas una semana en el cargo^[3].

Coincidiendo con dicha acción, en el mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificaba a la Cancillería, así como a la Codehupy, la convocatoria a una audiencia temática sobre los desalojos forzosos y la política agraria en el Paraguay, que se realizaría en el mes de marzo.

Así, durante su primer periodo de sesiones, la CIDH se transforma en el primer foro internacional donde se analiza el agravamiento de las violaciones de derechos humanos con relación a comunidades indígenas y campesinas, víctimas de desalojos forzosos durante el 2022^[4].

Entretanto, se sucedían las protestas a lo largo de numerosos departamentos del país, entre ellos Caaguazú, Canindeyú y San Pedro, que culminarían con una gran movilización de campesinos e indígenas en la capital en marzo, con el objetivo centrado en la ratificación de las exigencias enunciadas desde finales del 2021, consistentes en la derogación de la reforma penal que criminalizaba la lucha social y la protección de las comunidades^[5].

Estas acciones sucesivas y articuladas de varios sectores, tanto del movimiento social como de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de la Codehupy, desembocaron finalmente en una reunión política de alto nivel, celebrada en abril entre la dirigencia indígena y campesina y los principales congresistas y representantes del Ejecutivo^[6]. La reunión, que tenía como marco institucional la sesión conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos, Reforma Agraria y de Pueblos Indígenas, todas de la Cámara de Senadores, contó además con la observación internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Era la primera vez desde que se había iniciado la pandemia, y la ola de persecución, represión y criminalización de la lucha por la tierra, que se daba un diálogo entre la dirigencia campesina e indígena de forma directa con varios de los principales protagonistas políticos que impulsaron las medidas por ellos denunciadas como regresivas y represivas. De esta forma, en el Salón Acosta Ñu de la Cámara Alta, se desarrolló este encuentro con la atenta mirada de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU, así como del coordinador residente del sistema de la ONU en el Paraguay, quienes participaron con mucho interés del mismo.

La agenda propuesta giró en torno a cuatro temas enunciados por los representantes indígenas y campesinos: 1) la regularización jurídica de los asentamientos campesinos e indígenas; 2) la protección de campesinos e indígenas contra los desalojos forzosos; 3) la recuperación de las tierras malhabidas; y 4) la atención de las personas y familias desalojadas, en particular, de aquellas que acampaban en la ciudad capital y en otros lugares del interior del país en plazas o a la vera de caminos.

Con posterioridad a estas movilizaciones y acciones de exigibilidad de derechos, el movimiento social ingresó en un letargo, sin haber obtenido respuestas positivas o avances favorables a sus pretensiones, con lo cual la legislación penal que fuera modificada para endurecer las penas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno quedó consolidada en el 2022, al no existir una mayoría parlamentaria capaz de revertirla.

Lo único que resonó, con fuerza, luego del periodo de movilizaciones descripto, fue la manifestación pública en las calles de Asunción protagonizada por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que repitió una multitudinaria marcha ya realizada el año anterior, en la misma fecha, el 12 de octubre^[7]. La agenda reivindicativa, en este caso, del sector indígena, puso su acento nuevamente en el núcleo duro de la agenda social: el fin de los desalojos forzosos, el reconocimiento de los derechos de posesión tradicional de las comunidades y, consecuentemente, el aseguramiento jurídico y la titulación de las tierras que ocupan y son parte constitutiva de su hábitat tradicional. Asimismo, la inversión pública en infraestructura y producción formó parte del plexo de reclamos arrimados al Estado^[8].

Lo que vaya a suceder en el futuro dependerá, en gran medida, de la conformación del próximo Congreso, tras las elecciones generales de 2023 y, desde luego, de la capacidad movilizadora del movimiento indígena y su articulación con otros sectores.

Cuando la falta de política es la política

Desde que inició el actual Gobierno su mandato, la política de designación en la titularidad del INDI siguió el invariable patrón del menosprecio, de la falta de importancia hacia los pueblos indígenas. Esto se ha expresado, entre otras cosas, en el nombramiento sucesivo de funcionarios y funcionarias carentes de toda experticia y experiencia en temas indígenas.

Así, en febrero del presente año, el Poder Ejecutivo designó como nuevo presidente del INDI —el tercero desde que asumió Mario Abdo Benítez— a Omar Pico, quien sin rubor alguno aceptó el nombramiento, a pesar de no contar con el conocimiento ni la experiencia en el ámbito público que se le estaba encargado gerenciar, así como en ninguna materia análoga, tal como él mismo se encargó de reconocer ante los medios de comunicación^[9].

Así las cosas, como un aliciente en medio de la carencia política inveterada para la interlocución y discusión de la situación de los pueblos indígenas en el Estado paraguayo, en el Legislativo sí hay algo que rescatar: la labor de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores^[10]. Esta comisión asesora, desde su creación, y en particular en el año que se informa, se ha constituido en la principal caja de resonancia de las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en el Paraguay. Asimismo, este organismo senatorial se ha erigido en una de las pocas instancias de monitoreo, que regularmente exige una rendición de cuentas al Ejecutivo respecto a los numerosos casos que llegan a su conocimiento, ya sea como denuncia de los líderes comunitarios o como información periodística a través de los medios.

Política regresiva en materia presupuestaria

La falta de política, como verdadera política, sobre todo se ha expresado en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso en el mes de septiembre.

Para una mejor comprensión de lo señalado, basta con leer la política presupuestaria a la luz del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, aprobado el año anterior^[11]. Como ya fuera referido en informes anteriores, este plan declama la intencionalidad de atender y dar respuesta a las demandas territoriales de los pueblos indígenas; es un objetivo cuya realización persigue. Si esto realmente fuera así, la verdadera política y no la mera e inconsistente retórica, debería contar como correlato para su materialización una política de expropiación y adquisición de tierras, y tal cosa no existe, ni siquiera en un esquema de progresivo cumplimiento que esté acompañado de una política presupuestaria acorde.

Al contrario, lo que se observa en materia presupuestaria es una política regresiva, tanto en la inversión pública referida a la restitución de tierras como en otras áreas de las políticas públicas^[12]. En general, el presupuesto del INDI sigue bajando, como puede observarse en el gráfico 1.

Gráfico 1. Presupuesto del INDI y porcentaje de ejecución. Años 2018-2022 y proyecto para 2023 (en millones de guaraníes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

El censo y una omisión inexplicable

Como queriendo confirmar aquello de que la falta de política es la política hacia los pueblos indígenas, inexplicablemente, el cuestionario del Censo Nacional, realizado el 9 de noviembre, a diferencia del último llevado a cabo en el 2012 y el anterior de 2002, omitió la pregunta sobre identificación étnica.

En el 2012, a las 113.254 personas indígenas captadas por el Censo Nacional Indígena, se sumaron otras 3.896 captadas en el Censo Nacional de Población y Viviendas. Esta pregunta sobre pertenencia étnica resulta, pues, fundamental para alcanzar mayor precisión no solo en aspectos cuantitativos, sino también al momento de evaluar políticas que hacen a la migración, el desplazamiento u otros fenómenos que así, tal cual se encuentra el cuestionario censal, será imposible de identificar^[13].

A esto se suman otros puntos que resultan preocupantes y hacen a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como la no especificidad sobre la potabilidad del agua a la que tienen acceso; otros elementos que hacen al derecho a la vivienda digna; a la salud con una perspectiva intercultural; a la educación y las dificultades que podrían presentarse; entre otros. De esta forma, muchos datos que hacen a la urgencia cotidiana y casi perpetuada hacia las comunidades indígenas carecerán de toda la información que podría haberse obtenido, de vital importancia para las instituciones del Estado; estas últimas, encargadas de la elaboración de políticas públicas para la población en general y para la población indígena de nuestro país, en particular en lo que respecta a esta nota. También estos datos resultan de utilidad para estas mismas poblaciones citadas.

El Chaco y el problema irresuelto del agua. Las comunidades siguen sin acceso a este bien común^[14]

La sequía golpeó fuertemente en 2022 a la población del Chaco, en especial a las comunidades indígenas. La falta de lluvias, asociada al fracaso del Acueducto, originó un importante desabastecimiento que puso en riesgo el acceso regular no solo para el consumo humano, sino también para la producción agropecuaria del vital líquido. Esta situación ha generado la preocupación de organismos internacionales que mantienen vigentes programas para la atención de la problemática.

En el presente año, el Estado tuvo nuevamente que recurrir a la declaración de emergencia por sequía, como mecanismo para destinar recursos y simplificar la burocracia estatal de cara a la asistencia humanitaria^[15].

En este sentido, es de destacar que la crisis del agua es, sobre todo, una crisis alimentaria, que afecta gravemente a las comunidades que dependen de la lluvia para colectar agua y de sus cultivos para poder alimentarse.

La seguridad hídrica no está garantizada para las comunidades indígenas, por lo que el acceso al agua sigue dependiendo del azar climático^[16].

El agravamiento de la provisión de agua se ha visto fundamentalmente en el departamento de Boquerón. Iniciativa Amotocodie^[17] refiere que existen 13 asentamientos ayoreos en la zona, en los que habitan aproximadamente 4.000 personas, quienes desde el año 1979 carecen de un sistema de provisión de agua potable que les asegure el derecho al consumo de agua.

Es el caso de Campo Loro^[18], donde habitan aproximadamente 260 familias en condiciones de privación de la mayoría de sus derechos básicos, en constante lucha por la supervivencia. Esta comunidad del pueblo ayoreo corre el riesgo de desaparecer, ante la desidia de un Estado ausente que ha sido incapaz, hasta ahora, de generar condiciones de protección de esta población contra la sequía que afecta a la región y pone en riesgo no solo la provisión de agua, sino de todo tipo de alimentos.

Protección de la niñez indígena

En los últimos años ha crecido la preocupación por la niñez indígena, como resultado de las alarmantes cifras de abuso sexual que tienen por víctimas, principalmente, a niñas que quedan en situación de gravidez a muy corta edad. Con relación a las niñas indígenas, esta realidad tendía a ser ignorada o desatendida, muchas veces con base en una presunta concepción de relativización cultural que se daría en el seno de las comunidades indígenas sobre las relaciones sexuales a muy temprana edad de niñas y niños, incluso, con personas adultas.

En este sentido, durante el año bajo reporte, un primer paso a destacar sobre esta problemática es el hecho mismo de haberse puesto sobre la mesa este tema por parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), y de haberse encarado un diálogo directo entre los liderazgos comunitarios y las autoridades estatales encargadas del tema.

El acuerdo alcanzado en el departamento de Caaguazú, que involucra a unas 30 comunidades indígenas y diferentes instancias gubernamentales, así lo evidencia. El MINNA, como impulsor de la iniciativa, además de contribuir con la protección de la niñez indígena a partir del acuerdo alcanzado, posicionó también el ejercicio del diálogo intercultural como una buena práctica a destacar en este informe^[19].

Las niñas, los niños y adolescentes maka y la indignación momentánea

En octubre, los medios de comunicación social dieron a conocer la situación de niñas, niños y adolescentes indígenas del pueblo maka en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La condición de abandono era tal que incluso se detectó la explotación sexual a la que eran sometidas 10 niñas indígenas, aunque esto podría estar afectando a muchos más niños, niñas y adolescentes quienes serían explotados por dos adultos, en un barrio de la ciudad que uno de los medios llamó como «pasillo de la prostitución» o «barrio zombi», a plena vista y conocimiento de quienes pasan por el lugar.

La investigación de los medios derivó en la intervención de un operativo fiscal, aun cuando los medios señalaron que personas de la vecindad manifestaron que ya habían radicado numerosas denuncias. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados también reaccionó a la investigación periodística y aprobó sobre tablas el proyecto de declaración «Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia (MINNA) – Ministerio del Interior – Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) – Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) – Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) – Fiscalía General del Estado, a planificar y ejecutar, urgentemente, acciones concretas tendientes a resolver la situación de trata de personas (explotación sexual), y otros tipos de abusos que sufren niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Maká»^[20], señalando además que ya en años anteriores debió intervenir en el lugar ante esta situación, que se arrastra desde hace tiempo y busca que se adopten medidas «urgentes, reales y sostenibles» de parte de las autoridades responsables de intervención^[21].

Resulta penosa la tragedia a la que son sometidas estas víctimas, abandonadas a la suerte de quienes las explotan de la forma denunciada, pero también por parte de autoridades responsables de intervenir que, sabiendo esta realidad desde hace años, no hayan podido arbitrar medidas suficientes que lleven a revertir y reparar la situación. Generalmente, se realizan acciones que solo disipan por unos días el problema, pero al no asumir acciones que lleven a atender la problemática de fondo, de trabajo sostenido, difícilmente esto sea superado y se tengan nuevas víctimas que lamentar. La dimensión de la tragedia lleva incluso a desconocer el número total de víctimas y a la impotencia de visualizar cómo no se encuentran planteándose, en las distintas intervenciones de autoridades, medidas que —aparte de sancionar a los responsables— busquen un acompañamiento integral de reparación a quienes hoy ya son víctimas con sus derechos destrozados.

La violencia crece en el Amambay y los paĩ tavyterã sufren el impacto

Al cierre del presente informe, se registró un hecho que conmocionó a los paĩ tavyterã, y por qué no decirlo, a la sociedad paraguaya, cuando dos miembros de este pueblo fueron muertos y un tercero gravemente herido durante la incursión de un grupo armado. En efecto, la asociación criminal dada a conocer hace más de una década con el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) irrumpió en la zona del Cerro Guazú o Jasuka Venda y perpetró el crimen, conforme a los relatos que han cobrado estado público^[22].

En el contexto señalado, también las fuerzas públicas se enfrentaron a tiros con los atacantes y dieron muerte a 3 de ellos, 1 igualmente indígena, al no deponer sus armas y entregarse a las autoridades, según el parte oficial dado a conocer por el Comando de Operaciones de Defensa Interna – Fuerza de Tarea Conjunta (CODI – FTC).

Este hecho confirma los temores ya expresados desde hace al menos dos años por las organizaciones paĩ tavyterã, quienes han manifestado reiteradamente su preocupación por la militarización de su territorio, tanto por parte de fuerzas estatales como por aquellas que operan al margen de la ley.

Esta situación es especialmente preocupante para los indígenas paĩ, pues conlleva para ellos, además del riesgo propio de quedar atrapados en el tiroteo de las fuerzas públicas y los grupos que están combatiendo en la zona, la restricción de la libertad de circulación en el Jasuka Venda, como resultado del temor a ser víctimas de la violencia armada, en un lugar considerado sagrado por tradición y cultura por este pueblo indígena.

Si bien es cierto la región del departamento de Amambay hace décadas es escenario de una violencia generalizada, vinculada a la producción, el tránsito y la comercialización ilegal de drogas, la situación actual parece haber alcanzado niveles de mayor preocupación y amenaza a la vida de las comunidades que habitan los departamentos fronterizos con el Brasil.

Estancamiento de denuncias realizadas ante el Ministerio Público

Las denuncias sobre afectación de bienes jurídicos indígenas no prosperan, como puede verse en el cuadro 1, que contiene información elaborada por el equipo jurídico de Tierraviva, y que el autor del presente reporte conoce por actuación propia. En este relevamiento, que fue puesto a conocimiento de la agente fiscal adjunta para la región del Chaco, Rocío Cantero, el 25 de octubre de 2022, se da cuenta de cuatro denuncias penales formuladas por comunidades indígenas ante la Unidad Fiscal Penal de Pozo Colorado y la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Pozo Colorado^[23].

Cuadro 1. Denuncias penales de comunidades indígenas sin diligencias

Fuente: Tierraviva.

Un solo caso es suficiente para ilustrar la forma en que se manifiesta lo que, sin dudas, podemos caracterizar como discriminación estructural. En el Chaco, una denuncia fue presentada el 12 de marzo de 2019 en sede de la Unidad Penal de Pozo Colorado, por una comunidad indígena de la zona. En el marco de la carpeta de investigación fiscal, la Fiscalía se constituyó en el inmueble donde se produjo el hecho punible denunciado el 12 de diciembre de 2019 (es decir, habiendo transcurrido nueve meses desde la recepción de la denuncia). Los abogados de la comunidad patrocinaron presentaciones donde se acompañan evidencias, proposición de diligencias y urgimientos de la comunidad víctima, según escritos presentados en fechas: 12/03/2019, 12/09/2019, 09/02/2022, 22/04/2022 y 02/06/2022. A pesar de ello, no se tiene individualizado o imputado, ni siquiera indiciado ningún presunto responsable, ni se ha tomado declaración a alguna persona extraña a la comunidad, a la fecha: 20/10/2022 (esto es, a los tres años, siete meses y ocho días de recibida la denuncia). Días transcurridos desde el inicio de la denuncia: 1.313. La pregunta es: si la víctima o denunciante hubiese sido una persona no indígena, ¿la Fiscalía hubiese demorado tanto? La experiencia nos dice que no.

Violencia recurrente

Las comunidades Hugua Po’i^[24] y 15 de Enero^[25], ambas del pueblo mbya guaraní, deben estar entre las más violentadas en los últimos años. Las mismas han sufrido reiterados desalojos no solamente en el periodo que abarca el presente reporte, sino a lo largo de muchos años.

Desalojos, procesamiento penal, encarcelamiento. El repertorio represivo sigue siendo el mismo y el argumento también. El Estado sostiene que las tierras reclamadas por estas comunidades cuentan con títulos privados, es decir, que las tierras ya fueron entregadas a terceros, sin que se contemplen los derechos indígenas sobre las mismas.

Para el Estado paraguayo, por tanto, sigue siendo letra muerta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en sus tres fallos sobre Paraguay, y muy especialmente en el del 2006^[26], recordó que bajo las obligaciones emanadas del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el hábitat tradicional de las comunidades indígenas está protegido, agregando que la posesión tradicional tiene el efecto jurídico equivalente al título de propiedad otorgado por el Estado.

Con esto, deviene inconsistente la argumentación estatal que se ampara en el mero hecho de que las tierras indígenas ya fueron transferidas a terceros, y que, por tanto, estas ya no pueden ser restituidas a sus antiguos dueños. Por el contrario, en este sentido, la Corte IDH se explaya ampliamente sobre los derechos de las comunidades indígenas a recuperar sus tierras y formula el marco de obligaciones para que los Estados sepan cómo actuar bajo este presupuesto, para atender y resolver las reclamaciones que existan, sin que esto, infortunadamente en el Paraguay, país condenado en tres ocasiones, se tome en cuenta hasta ahora.

Supervisión reforzada

En su última resolución de supervisión del fallo pronunciado en el caso Yakye Axa, la Corte IDH anunció el inicio de lo que llama una «supervisión reforzada», y adelantó la constitución de la secretaría del tribunal en terreno para el monitoreo más efectivo de las medidas que aún debe adoptar el Estado paraguayo^[27].

Esta decisión marca el inicio de una nueva fase del procedimiento de supervisión de sentencias y profundiza una práctica solicitada hace tiempo por las víctimas, aguardándose, por tanto, un rol más activo del tribunal interamericano, en terreno, para el cumplimiento pleno de sus decisiones no solo en el caso Yakye Axa, sino también en los otros dos casos que supervisa en Paraguay en materia indígena.

Conclusiones

El año 2022 fue un periodo marcado por intensas movilizaciones, donde se pudo observar una creciente articulación del movimiento indígena con otros colectivos sociales. Del mismo modo, y a pesar de lo anterior, que sin dudas de por sí es una noticia alentadora para las chances de las diferentes acciones de exigibilidad de derechos, las medidas regresivas y represivas que pretendieron revertir terminaron consolidándose.

Por otra parte, la violencia estructural expresada con la falta de respuesta del Ministerio Público cuando hay afectación de bienes jurídicos indígenas, y asimismo la violencia creciente de todo tipo y la crisis climática terminan por configurar un estado de cosas que priva de derechos y mantiene en la inseguridad y falta de garantías a las comunidades indígenas, que sobreviven, muchas de ellas, en condiciones incompatibles con la dignidad humana, conviviendo con la pobreza y la falta de políticas para el sector.

Recomendaciones

• Reiniciar el diálogo, entre el Gobierno y el movimiento indígena, con base a la agenda enunciada en la reunión del 27 de abril en el Congreso.
• Diseñar un plan de seguridad integral, en conjunto con el pueblo paĩ tavyterã, para la protección de su territorio y de la vida de los miembros de todas sus comunidades.
• Diseñar un plan de emergencia climática, que asegure el abastecimiento regular de agua potable a todas las comunidades indígenas del Chaco.
• Implementar, sin más dilaciones, todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en los tres casos de las comunidades indígenas del Chaco.
• Formular una política presupuestaria consistente con los postulados del Plan Nacional de Pueblos Indígenas.

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Oscar Ayala Amarilla

Defensor de Derechos Humanos. Abogado. Expresidente del INDI. Exsecretario ejecutivo de la Codehupy y actual miembro del equipo jurídico de la institución Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Contacto: oscar.ayala.amarilla@gmail.com

1. «Gran movilización contra violaciones de derechos humanos», Codehupy, 10 de diciembre de 2021, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.codehupy.org.py/gran-movilizacion-contra-violaciones-de-derechos-humanos/ ↑
2. Ley N.º 6830, del 30 de septiembre de 2021, «Que modifica el artículo 142 de la Ley N.º 1160/1997 “Código Penal”, y su modificatoria, Ley N.º 3440/2008», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 15 de noviembre de 2022, https://bacn.gov.py/archivos/9670/LEY%206830.pdf ↑
3. «Codehupy impulsa espacio de diálogo entre el Estado y familias afectadas por desalojos», Codehupy, 16 de febrero de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.codehupy.org.py/codehupy-impulsa-espacio-de-dialogo-entre-el-estado-y-familias-afectadas-por-desalojos/ ↑
4. «Denunciarán ante la CIDH situación de familias desalojadas en Paraguay», Codehupy, 16 de marzo de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.codehupy.org.py/denunciaran-ante-la-cidh-situacion-de-familias-desalojadas-en-paraguay/ ↑
5. «Vigésima quinta marcha campesina por la reforma agraria», Codehupy, 22 de marzo de 2018, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.codehupy.org.py/vigesima-quinta-marcha-campesina-por-la-reforma-agraria/ ↑
6. «En reunión interinstitucional tratan situación de comunidades campesinas e indígenas», Honorable Cámara de Senadores, 17 de abril de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/9546-en-reunion-interinstitucional-tratan-situacion-de-comunidades-campesinas-e-indigenas-2022-04-27-17-42-45 ↑
7. «Marcha indígena: Sin territorio no hay vida digna», Tierraviva, octubre de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tierraviva.org.py/marcha-indigena-sin-territorio-no-hay-vida-digna/ ↑
8. «Por el solo hecho de nuestra existencia, los pueblos indígenas que habitamos el Paraguay tenemos derecho a vivir libre y dignamente en nuestro hábitat tradicional», Tierraviva, 12 de octubre de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.tierraviva.org.py/por-el-solo-hecho-de-nuestra-existencia-los-pueblos-indigenas-que-habitamos-el-paraguay-tenemos-derecho-a-vivir-libre-y-dignamente-en-nuestro-habitat-tradicional/ ↑
9. «Nuevo titular del INDI reconoce que no tiene experiencia trabajando con indígenas», ABC Color, 11 de febrero de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, https://www.abc.com.py/nacionales/2022/02/11/nuevo-titular-del-indi-reconoce-que-no-tiene-experiencia-trabajando-con-indigenas/#:~:text=Omar%20Pico%2C%20nuevo%20presidente%20del,m%C3%BAltiples%20problemas%20de%20estas%20comunidades. ↑
10. «Comisión de Pueblos Indígenas analiza situación de tierras ancestrales», Honorable Cámara de Senadores, 22 de agosto de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/10282-comision-de-pueblos-indigenas-analiza-situacion-de-tierras-ancestrales-2022-08-22-18-12-04 ↑
11. INDI, Plan Nacional de Pueblos Indígenas (Asunción: INDI, 2021), https://www.indi.gov.py/application/files/8716/1903/8084/Plan_Nacional_Pueblos_Indigenas_-_version_digital.pdf ↑
12. Al respecto, un estudio publicado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) ilustra este patrón de comportamiento estatal, que consiste en desinversión de las políticas ejecutadas por el INDI y el área social del Gobierno. Sarah Zevaco, Análisis del Presupuesto General de la Nación 2021 e inversión pública dirigida a pueblos indígenas del Paraguay, con énfasis en niñez y adolescencia (Asunción: CDIA, 2021), https://www.cdiaobserva.org.py/2022/08/23/analisis-del-presupuesto-general-de-la-nacion-2021-e-inversion-publica-dirigida-a-pueblos-indigenas-del-paraguay/ ↑
13. «El INE y la SFP socializan detalles del operativo censal con funcionarios de diferentes entidades públicas», INE, 28 de octubre de 2022, acceso el 30 de octubre de 2022, https://www.ine.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=1407 ↑
14. Esta sección cuenta con la colaboración de la institución Iniciativa Amotocodie. ↑
15. «Declaran emergencia por sequía en los dptos. de Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay», Honorable Cámara de Diputados, 6 de septiembre de 2022, acceso el 30 de octubre de 2022, http://www.diputados.gov.py/index.php/noticias/declaran-en-emergencia-por-sequia-los-departamentos-de-pdte-hayes-boqueron-y-alto-paraguay#:~:text=La%20normativa%20se%C3%B1ala%20que%20en,bien%20definidas%20con%20condiciones%20de ↑
16. «Sequía en el Chaco paraguayo: UNESCO acompaña acciones para garantizar la Seguridad Hídrica», UNESCO, 7 de octubre de 2022, acceso el 30 de octubre de 2022, https://es.unesco.org/news/sequia-chaco-paraguayo-unesco-acompana-acciones-garantizar-seguridad-hidrica ↑
17. Iniciativa Amotocodie, https://www.iniciativa-amotocodie.org/ ↑
18. Fundada en 1979 por la iglesia Misión Nuevas Tribus. ↑
19. Liza Medina, «Líderes indígenas de Caaguazú acuerdan medidas de protección para niñas y adolescentes de sus comunidades», RCC, 1 de septiembre de 2022, acceso el 30 de octubre de 2022, https://rcc.com.py/nacionales/lideres-indigenas-de-caaguazu-acuerdan-medidas-de-proteccion-para-ninas-y-adolescentes-de-sus-comunidades/ ↑
20. «Exhortan a tomar acciones urgentes ante abusos que sufren niños de la comunidad Maká», Honorable Cámara de Diputados, 3 de noviembre de 2022, acceso el 5 de noviembre de 2022, http://www.diputados.gov.py/index.php/noticias/exhortan-tomar-acciones-urgentes-ante-abusos-que-sufren-ninos-de-la-comunidad-maka ↑
21. Ibidem. ↑
22. «EPP mató a pareja de indígenas antes de enfrentamiento, según FTC», Última Hora, 23 de octubre de 2022, acceso el 15 de noviembre de 2022, https://www.ultimahora.com/epp-mato-pareja-indigenas-antes-enfrentamiento-segun-ftc-n3029956.html ↑
23. Nota del 25 de octubre de 2022, presentada a la Fiscalía Adjunta del Área VIII del Chaco, según número de entrada N.º 512. ↑
24. «Desalojan a comunidad indígena Hugua Po’i», Codehupy, 12 de julio de 2022, acceso el 15 de noviembre de 2022, https://www.codehupy.org.py/desalojan-a-comunidad-indigena-hugua-poi-en-caaguazu/ ↑
25. . Violento desalojo de comunidad indígena en Caaguazú, Tierraviva, 19 de octubre de 2022, acceso el 15 de noviembre de 2022, https://www.tierraviva.org.py/violento-desalojo-indigena-en-caaguazu/ ↑
26. Corte IDH, Ficha Técnica: Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=327&lang=es#:~:text=Ficha%20T%C3%A9cnica%3A%20Comunidad%20Ind%C3%ADgena%20Sawhoyamaxa,Paraguay&text=Sumilla%3A,numerosas%20afectaciones%20a%20sus%20miembros. ↑
27. Corte IDH, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de junio de 2022. Caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Resolución de supervisión de sentencia, https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yakyeaxa_24_06_22.pdf ↑