Coyuntura política

Complejo escenario electoral, narcopolítica y debilitamiento democrático

Sara Mabel Villalba y Camilo Filártiga Callizo

Asociación de Ciencia Política del Paraguay

Palabras clave: calidad de la democracia, elecciones nacionales, narcopolítica, renovación institucional, violencia política

Villalba, S. Filártiga Callizo, F. (2022). Complejo escenario electoral, narcopolítica y debilitamiento democrático. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2022 (19-30). Asunción, Paraguay: Codehupy.

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La complejidad del escenario electoral es uno de los aspectos resaltantes de la coyuntura, caracterizada por la renovación institucional de la Justicia Electoral, las reformas legales, la violencia política en los comicios municipales y el desmesurado proselitismo al interior de los partidos tradicionales, que se extiende a otras esferas institucionales. Se suma el auge de la narcopolítica y del discurso político fundamentalista y antiderechos que debilitan la democracia.

El ciclo electoral que se extiende del 2021 al 2023 es de los más intensos en los últimos años en Paraguay. Apenas terminados los comicios municipales de octubre de 2021, que se habían retrasado un año debido a la pandemia del COVID-19, comenzaron —o continuaron— las campañas proselitistas para las internas generales de diciembre de 2022, que terminarán en las elecciones generales de abril de 2023. En tres años se concentran tres elecciones, dado que no tuvo lugar la pausa habitual de dos años entre los comicios municipales y generales.

Precisamente, en concordancia con la importancia del contexto electoral en la coyuntura política nacional, en la primera parte de este artículo se mencionan varios aspectos referentes, como la renovación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el nombramiento de dos nuevos ministros. Además, se detallan las reformas electorales sobre la aplicación del desbloqueo de las listas de candidaturas para cargos plurinominales, el uso de las máquinas electrónicas para las votaciones y las regulaciones referentes al financiamiento político. En este apartado también se analizan a los principales actores de la competencia electoral y sus dinámicas. Se mencionan especialmente las candidaturas de los movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, así como de las fuerzas de la oposición agrupadas, en su mayoría, en la denominada Concertación Nacional «Para un Nuevo Paraguay».

En la segunda parte se analizan algunas expresiones de la violencia política en el país. Específicamente, se menciona la violencia electoral, considerando el grave antecedente de los comicios municipales de 2021. También se examina el auge de la narcopolítica evidenciado en operativos judiciales-policiales de organismos estatales mediante coordinación internacional, realizados en 2022, así como en el informe de la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, que expone pruebas sobre tráfico de armas, lavado de dinero y terrorismo y su presunta vinculación con referentes políticos importantes de Paraguay. Como otro canal de manifestación de la violencia política en el contexto nacional, se plantea el discurso político fundamentalista y antiderechos emitido por referentes gubernamentales o personas candidatas a cargos electivos nacionales y departamentales.

Finalmente, se plantea la cuestión del debilitamiento de la calidad de la democracia ocasionado por la conjunción de factores mencionados y enfatizado a través de los índices de medición de calidad democrática y vigencia de libertades, mediante diferentes estudios internacionales.

Contexto electoral

El proceso electoral ha concentrado la atención a lo largo del presente año. A los elementos de la coyuntura ya señalados, se suma la eventualidad de violencia electoral, considerando los antecedentes registrados en las elecciones municipales. Un hecho grave en este contexto preelectoral fue el incendio de un depósito situado en el local del TSJE, donde se destruyeron nada menos que unas 7.500 máquinas de votación y equipos tecnológicos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a escasos 45 días de las elecciones internas partidarias.

Nueva conformación del TSJE

El Tribunal Superior de Justicia Electoral, recientemente constituido con la selección de dos nuevos ministros, los doctores Jorge Bogarín González y César Rossel, tiene el desafío de sostener la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en los procesos electorales. Este aspecto resulta clave para la democracia representativa y ha sido la dimensión de mayor avance en el proceso de democratización en el país, desde el golpe de Estado contra la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. La elección de los nuevos ministros fortalece el equilibrio interpartidario sobre el cual se sustenta la legitimidad del órgano rector electoral, aspecto que venía siendo cuestionado insistentemente por partidos y movimientos de oposición que no se sentían debidamente representados. La nueva conformación del TSJE puede permitir al órgano electoral renovar fuerzas, reestablecer vínculos con actores políticos y encaminar los esfuerzos institucionales a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal.

Reformas legales electorales

Otro factor de influencia sobre el contexto electoral constituye la aplicación de las reformas legislativas que incluyen el desbloqueo de listas de candidaturas a cargos plurinominales y la utilización de máquinas electrónicas de votación previstas en la Ley N.º 6318/2019, así como el control del financiamiento político previsto en la Ley N.º 6501/2020. Ambas leyes ya han sido implementadas en las elecciones municipales de octubre del 2021, mostrando algunos primeros efectos en el sistema político y en la competencia electoral.

En este sentido, el desbloqueo de listas de candidaturas ha despertado interés y expectativa en la participación de figuras nuevas al interior de los partidos tradicionales, principalmente, aunque también en los demás partidos. Como contracara a estas ideas de renovación y de diversidad surgidas en la oferta política, también se ven efectos amenazantes para la competencia electoral en igualdad de condiciones debido al encarecimiento exponencial de las campañas políticas. Esta situación obliga a cada candidato(a) a crear su propio equipo de campaña y desplegar estrategias personalizadas, con todo lo que ello implica en términos de financiamiento. La lógica de la competencia política se traslada de los partidos y movimientos a los candidatos y a las candidatas. De esta manera, se personaliza la competencia electoral, lo cual genera una oferta política cada vez más dividida.

Esta fragmentación de la competencia política y la necesidad de incrementar los gastos de campaña propician más oportunidades para el ingreso de dinero ilícito a la política. En esta línea, el crimen organizado representa severas amenazas a la integridad de los procesos electorales. El marco legal de control al financiamiento político viene siendo reformado desde 2012 con leyes modificatorias en 2018 y 2020. Sin embargo, la confusión de los actores políticos, sujetos de las disposiciones de estas leyes de control, sigue presente. El desafío en esta materia es enorme, obligando a una participación sincronizada e interinstitucional entre partidos políticos, instituciones del Estado^[1] y el involucramiento de la sociedad civil en el monitoreo de los procesos.

Por otro lado, la implementación de las máquinas electrónicas en las pasadas elecciones municipales ha sido bien conceptuada tanto por los actores políticos locales como por las distintas misiones de observación electoral.

Actores centrales de la competencia electoral^[2]

La Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado es uno de los actores centrales de la política nacional. Asegura contar con 2.616.424 personas afiliadas y habilitadas para votar en las internas del 18 de diciembre^[3], lo que supone casi la mitad del padrón nacional. Durante la mayor parte del periodo democrático, la ANR ha jugado la dualidad de ser partido de gobierno y oposición al mismo tiempo. Esta división ha caracterizado a las dinámicas partidarias y ha configurado el conflicto interno, que se extiende a la política nacional, marca las agendas y moviliza a la opinión pública.

El partido presentará precandidaturas y candidaturas para los cargos electivos nacionales y departamentales (el Ejecutivo nacional y departamental, ambas cámaras del Congreso y las juntas departamentales)^[4], así como para la renovación de los diferentes cargos del gobierno partidario a nivel nacional como de algunos organismos de base localizados en el exterior (Argentina, Estados Unidos, España).

Para la chapa presidencial, la ANR presenta tres precandidaturas. El movimiento Fuerza Republicana, afín al presidente Abdo, postula a Arnoldo Wiens y a Juan Manuel Brunetti para presidente y vicepresidente, respectivamente. Honor Colorado, movimiento del expresidente Horacio Cartes, postula a Santiago Peña y Pedro Alliana (actual presidente del partido y diputado nacional). Gregorio Aquino es el tercer precandidato por el Movimiento Alianza Colorada Alternativa (MACA), pero sin mayores perspectivas, de acuerdo con los datos preliminares.

En la carrera por los cargos partidarios, el expresidente de la República (2013-2018) Horacio Cartes, con su movimiento Honor Colorado, medirá fuerzas con el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez y su movimiento Colorado Añeteté^[5], en la disputa por la presidencia del partido.

El contexto político nacional se vio convulsionado entre julio y agosto por la calificación de «significativamente corrupto», aplicada por el Gobierno de los Estados Unidos al expresidente Cartes (presuntos lavado de activos y conexión con organizaciones terroristas^[6]) y, posteriormente, al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (presunto soborno para obstruir una investigación sobre lavado de activos^[7]). El impacto inmediato fue la renuncia de Velázquez a la precandidatura presidencial, que llevaba adelante hasta ese momento y contaba con el apoyo del oficialismo. Esto último desestructuró el proyecto político y obligó al entorno del presidente Abdo al reemplazo de la candidatura en medio del ya avanzado proceso electoral.

Por otro lado, la Concertación Nacional «Para un Nuevo Paraguay», reconocida por resolución N.º 8 del TSJE del 8 de julio de 2022, está conformada por 23 partidos y 2 movimientos políticos de oposición: Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida, Partido Febrerista, Partido Encuentro Nacional, Partido País Solidario, Partido Democrático Progresista, Partido Hagamos, entre otros. La presidencia de la agrupación política está a cargo de la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu. La tendencia ideológica del espacio político es heterogénea, abarcando la mayor parte del espectro del eje izquierda-derecha.

Los partidos que integran la Concertación presentarán candidaturas ejecutivas a presidencia, vicepresidencia y gobernaciones, así como candidaturas plurinominales para el Congreso Nacional (senadores y diputados) y juntas departamentales.

Para la elección de cargos ejecutivos, el TSJE autorizó a la Concertación la posibilidad de usar el padrón nacional en sus internas. Las precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República son disputadas por los dirigentes liberales Efraín Alegre, quien hace dupla con la precandidata independiente Soledad Núñez; Martín Burt y Luz Borja; Hugo Fleitas y Bruno Balmelli; por el Partido Patria Querida disputan Sebastián Villarejo y Patricia dos Santos. En cuanto a las candidaturas para el Congreso (senadores y diputados), cada partido presenta sus listas para competir entre sí, utilizando exclusivamente sus padrones partidarios. A nivel regional, para competir por cargos a concejales en las juntas departamentales algunos partidos y movimientos recurrieron a la figura de la alianza, acordando integrar sus listas finales con candidatos de distintos partidos.

Violencia política

A la complejidad del contexto electoral se suman las expresiones de la violencia política que se plantean en la coyuntura actual, como hechos consumados o latentes: la violencia electoral, la narcopolítica y el discurso político fundamentalista y antiderechos.

Violencia electoral

La violencia electoral es definida como «cualquier acto o amenaza, fortuita o deliberada, para intimidar, hacer daño físico, chantajear, o abusar de un actor político con el propósito de determinar, retrasar o influir un proceso electoral»^[8]. Este fenómeno puede influir en el proceso, en la participación y en los resultados electorales y, por tanto, incluso en la configuración del poder político en una determinada localidad, región o país^[9].

En Paraguay, la amenaza de violencia electoral se constituye en uno de los principales desafíos de las elecciones generales previstas para abril de 2023, considerando lo ocurrido en los comicios municipales de octubre de 2021. En ese entonces se habían registrado el asesinato de cuatro candidatos a concejales municipales, además de hechos de sicariato, ataques a viviendas y vehículos y amenazas de muerte contra candidatos(as) o sus familiares, según consta en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA)^[10]. Estas situaciones de violencia electoral tuvieron lugar en 10 de los 17 departamentos del país, específicamente en: Boquerón, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná^[11]. Al respecto, el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había señalado que la mayoría de los atentados estaban ligados al narcotráfico y señaló como una de las causas coadyuvantes el «abaratamiento» en la contratación de sicarios^[12].

Narcopolítica

Con respecto a la narcopolítica, este concepto indica un sistema político dominado por actores políticos controlados por intereses del tráfico ilícito de drogas, que «penetra la política»^[13]. En Paraguay, a lo largo de varias décadas se han registrado hechos que visibilizan la conexión entre fuerzas del crimen organizado y referentes políticos. De acuerdo con investigaciones académicas, en principio, la participación política de personas vinculadas al narcotráfico se registró mediante la financiación de campañas electorales de dirigentes que respondían a sus intereses. Luego, en los últimos años, los mismos incluso se han postulado y han conseguido cargos electorales, especialmente como intendentes o concejales municipales. No obstante, el involucramiento directo e indirecto de actores políticos en la estructura del narcotráfico también abarca las dirigencias de base, gobierno departamental (gobernadores y concejales departamentales), diputados y senadores nacionales, tanto de la ANR como del PLRA^[14]. Esta situación se ha dado a pesar de la aprobación del marco regulatorio del financiamiento político, mencionado anteriormente.

Específicamente, en 2022 se llevó a cabo la Operación A Ultranza Py, identificada como la mayor operación de la historia nacional contra el tráfico de cocaína y el lavado de dinero. En 2019 ya habían sido iniciadas las investigaciones sobre un esquema integrado por organizaciones criminales de países sudamericanos que posibilitaba el trasporte de toneladas de cocaína con destino a Europa y África. El operativo fue llevado a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, en coordinación internacional con la Drug Enforcement Administration (DEA), de EE. UU.; la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), con sede en La Haya, Holanda; y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), de Uruguay^[15].

Precisamente, el operativo evidenció vínculos de varios políticos con el narcotráfico. Uno de ellos fue el diputado de la ANR Juan Carlos Ozorio, quien, ante una inminente destitución, renunció a su banca y fue detenido por la Senad^[16]. También fue involucrado el diputado Erico Galeano, de la ANR, quien se encuentra investigado por la Fiscalía General del Estado y fue llamado a declarar ante la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, aunque se negó a responder cualquier pregunta^[17]. Otras implicancias que tuvo esta acción conjunta fue la destitución de dos ministros del Poder Ejecutivo: Arnaldo Giuzzio, del Ministerio del Interior, por presuntos vínculos con un narcotraficante; Joaquín Roa, de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), quien compró un yate de uno de los principales imputados en el caso A Ultranza Py y también es investigado por la Fiscalía General del Estado^{^[18]}.

Asimismo, en octubre de 2022 se publicó y divulgó el informe final de la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos^[19], que expone evidencias sobre tráfico de armas, lavado de dinero y terrorismo y su vinculación con referentes políticos de Paraguay. La creación de la comisión fue aprobada por el Congreso Nacional en marzo de 2022^[20], conformada por tres integrantes de la Cámara de Senadores y tres de la Cámara de Diputados y presidida por el senador Jorge Querey, de la Concertación Nacional Frente Guasu. Expresa el documento:

Las organizaciones criminales por medio del narcotráfico y el contrabando han penetrado fuertemente en la sociedad paraguaya, situación que lamentablemente derivó hasta en el asesinato de un fiscal del crimen organizado y recientemente a un periodista de Pedro Juan Caballero.

El mencionado reporte está basado en informes solicitados a más de 20 organismos estatales y numerosas audiencias testimoniales. Incluye varios apartados sobre la supuesta vinculación del expresidente de la República Horacio Cartes, con un esquema elaborado de contrabando y lavado de dinero a través de la producción tabacalera —además de una presunta vinculación con el terrorismo—, utilizando la misma ruta que el narcotráfico. Dicho documento también evidencia nexos de los mencionados delitos con parlamentarios y políticos de la ANR^[21].

Discurso político fundamentalista y antiderechos

Otro canal de manifestación de la violencia política en el contexto nacional constituye el discurso político fundamentalista y antiderechos emitido por referentes gubernamentales o personas candidatas a cargos electivos nacionales. Una acepción del fundamentalismo del Diccionario de la lengua española señala que consiste en la «exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida» y usualmente se relaciona con la religión. Como su nombre lo indica, el discurso fundamentalista se constituye en la expresión de los movimientos fundamentalistas que, a nivel nacional e internacional, obstaculizan los esfuerzos por aprobar tratados de derechos humanos^[22]. En el caso paraguayo, este discurso político es contrario a la Constitución Nacional que establece, en su artículo 24, que «ninguna confesión tendrá carácter oficial», con lo cual reconoce la naturaleza laica del Estado.

A su vez, la expresión «antiderechos» se refiere al rechazo de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente, protegidos por instrumentos jurídicos internacionales. No obstante, en los últimos años, esta línea discursiva, expresada a través de algunos medios de comunicación, ha incluido también estigmatizaciones a grupos de campesinos e indígenas, en el contexto de deslegitimación de sus reclamos de acceso a tierra o asistencia a la producción.

Ejemplos de la retórica mencionada se aprecian en los discursos de campaña de Arnoldo Wiens, precandidato a la presidencia de la República, del movimiento Fuerza Republicana:

«El paraguayo es una persona de familia y no nos van a engañar con eso de la ideología de género».^[23]

«El ser humano nace varón o mujer, no nace otra cosa. Quieren confundirnos con ideologías raras y la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad y se constituye de hombre, la mujer y de sus descendientes, de su familia».^[24]

«Es imposible que estemos a favor de la ideología de género porque nosotros defendemos la familia».^[25]

Aunque no incite de manera directa a realizar una acción violenta, al no reconocer la diversidad, este tipo de discurso puede ser dañino por sí mismo, dado que implica una estigmatización de otras personas —especialmente del colectivo TLGBIQ+—, la pérdida de su reputación o su derecho a la participación social. Además, establece una relación de asimetría —«nosotros» y «ellos»—, lo cual constituye un obstáculo para el sistema democrático^[26]. Esta situación se agrava, considerando que los emisores son referentes políticos nacionales y que dichos discursos también operan como distractores para la ciudadanía y encubren la ausencia de propuestas de gobierno específicas.

¿Democracia en peligro?

Los aspectos considerados en el presente análisis de coyuntura muestran un escenario poco favorable a la consolidación de la democracia en Paraguay e incluso se constituyen en factores debilitantes de la calidad democrática. Una democracia de calidad es definida como «una estructura institucional estable que permite que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad mediante el legítimo y correcto funcionamiento de sus instituciones y mecanismos»^[27]. A partir de este concepto —uno entre varios de la literatura referente—, numerosos organismos y entidades internacionales han establecido una serie de atributos y condiciones que permiten medir el nivel de la calidad democrática de cada país.

En esta línea, el informe Estado Global de la Democracia (GSoD), de IDEA Internacional de 2021^[28], que «mide» el nivel de la democracia de 165 países, muestra ciertas fortalezas y numerosos déficits que afectan al Paraguay. El documento se basa en gran cantidad de evidencia empírica que permite analizar cinco atributos principales de la democracia: Gobierno representativo, Derechos fundamentales, Controles del gobierno, Administración imparcial y Compromiso participativo. A su vez, estos se dividen en 16 subatributos y 97 indicadores. El estudio establece, además, tres tipos de regímenes principales: democracias, regímenes híbridos y autoritarios. Los gobiernos democráticos se clasifican según su desempeño en: débiles, de desempeño medio o de desempeño alto, de acuerdo con los puntajes anuales, que pueden variar de un año a otro.

Considerando estas categorías, Paraguay aún se clasifica como gobierno democrático, pero con un desempeño de tipo débil. Específicamente, el país registra un desempeño muy bajo en los subatributos de: Ausencia de corrupción, Igualdad de grupos sociales y Democracia directa^{^[29]}. Como su nombre lo indica, la Ausencia de corrupción señala hasta qué punto el Poder Ejecutivo y la administración pública en general no abusan de sus cargos para beneficio personal; la Igualdad de grupos sociales mide el grado en que existe igualdad de clases con respecto al poder político y a las libertades civiles. La Democracia directa indica hasta qué punto los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones y la disponibilidad de mecanismos de democracia directa. En la escala de 0 a 1, el país no supera el puntaje de 0,4 en estas cuestiones.

En los apartados anteriores de este artículo se ha hecho mención de situaciones especialmente graves de corrupción y del fenómeno de la narcopolítica registradas en el país en 2022, las cuales se constituyen en evidencias empíricas que, sumadas a otras, permiten establecer congruencias con el presente informe en relación a los déficits en los subatributos de Ausencia de corrupción e Igualdad de grupos sociales. Lo mismo ocurre con respecto a la Democracia directa, dado que, si bien dos tipos de mecanismos (referéndum e iniciativa legislativa popular) se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional de 1992, su empleo ha sido mínimo. Hasta ahora, ninguna ley ha sido fruto de la iniciativa legislativa popular y se ha realizado un único referéndum nacional en 2011. Esto se debe a limitaciones para su aplicación, que pueden ser constatadas en el propio marco legal^[30].

Otros informes de medición de desempeño democrático y de vigencia de derechos y libertades también ubican a Paraguay en nivel similar o incluso menor. Por ejemplo, el estudio anual de la Unidad de Inteligencia del semanario The Economist (Reino Unido) considera cinco indicadores: proceso electoral y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política; y libertades civiles. Mediante estos parámetros establece si los países evaluados poseen: una «democracia plena», una «democracia defectuosa», un «régimen híbrido» o un «régimen autoritario». En su último documento Índice de Democracia 2021, Paraguay es considerado un régimen híbrido^[31], que implica un régimen con una combinación de elementos democráticos y autoritarios, y que carece de un contexto electoral lo suficientemente abierto, libre o justo^[32].

Asimismo, en su último informe anual de 2021, el índice de vigencia de derechos políticos y libertades civiles, elaborado por la organización estadounidense Freedom House, ubica a Paraguay en el puesto 65 (de 100), uno de los más bajos de la región. El país es calificado como «parcialmente libre»^[33].

En suma, en la coyuntura política actual del país se encuentran presentes numerosos factores que muestran y destacan el debilitamiento del sistema democrático, con lo cual los resultados de las elecciones generales de 2023 se plantean como cruciales para definir el rumbo cada vez más incierto de la democracia en el Paraguay.

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Camilo J. Filártiga Callizo

Abogado. Máster en Estudios Políticos Aplicados. Presidente de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay (ACIPP).

Contacto: cfilartigacallizo@gmail.com