El 2022 ha dejado en evidencia cómo las estructuras delictivas vinculadas al lavado de activos, al narcotráfico y al contrabando han sometido a la sociedad y se han logrado infiltrar exitosamente en el sistema de partidos para, desde allí, controlar el aparato estatal desde sus más altos niveles. Se configura así un escenario de alto riesgo para la defensa de los derechos humanos.

País capturado por el crimen organizado

Ya en dictadura, pero más fuertemente en los años de democracia, se convivió en la falsa idea de que el crimen organizado, incluyendo al terrorismo, no atravesaba su frontera natural. El territorio liberado para las bandas criminales brasileñas —como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho— eran principalmente los departamentos del nordeste del Paraguay, específicamente Amambay y Canindeyú, aunque parcialmente se hayan sumado desde hace unos años Concepción y San Pedro. Hacia esa región también marchó a instalarse el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando, tras el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, aumentó la persecución en Asunción, donde llevaba realizadas varias acciones. En la zona aparecieron otras réplicas del EPP, aparentemente hoy desaparecidas ya.

En el resto del país se convivía con pistas clandestinas y el contrabando de diverso tipo. Pero también con un Poder Judicial deficiente y un sistema carcelario que fue creciendo, sin mejorar el trato de las personas privadas de libertad ni garantizar lo que a seguridad se refiere. Alguna ministra de Justicia dio pasos para tener un mejor sistema penitenciario y personalmente tomaba medidas, pero no hubo continuidad en su empeño.

El 2022 nos puso frente a un Paraguay con cárceles copadas por bandas criminales^[1] y un país en el que el crimen organizado había atravesado clases sociales, altos cargos del Estado, gobernaciones, congresistas. El crimen transnacional había llegado a Asunción y el departamento Central, contaminando a importantes organizaciones de la sociedad civil, como las cooperativas.

Asesinatos en pleno concierto

En 2022 se tuvo un enero muy caluroso y con sequía. Los incendios, la mayoría provocados, se multiplicaron en todo el Paraguay. Sin embargo, el evento más traumático del mes quizá haya sido el sicariato ocurrido en medio de un masivo concierto en la villa de veraneo de la clase alta paraguaya.

Hubo un tiroteo, siete disparos y dos muertos. Tras las investigaciones, se supo que una de las víctimas estaba vinculada a la distribución de drogas, armas y propulsores químicos, que tenía una deuda por un cargamento de cocaína con quien aparentemente lo había mandado matar. La otra desafortunada víctima colateral del atentado fue una conocida influencer.

Hasta ese momento no se registraban asesinatos frente a miles de personas en un evento público, fuera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, reconocida como la «zona cero» del narcotráfico en el Paraguay. Las investigaciones mostraron algún tipo de vinculación con el PCC. El episodio dejó una profunda conmoción social. Hay toda una generación de gente muy joven, que nació después de la dictadura, que experimentó el evento como la metástasis del crimen organizado en sus vidas cotidianas.

A Ultranza Py

A partir del 22 de febrero comenzó A Ultranza Py, un operativo conjunto de la DEA (Administración de control de drogas de los EE. UU. o United States Drug Enforcement Administration), la Policía Europea o Europol, la brigada antidrogas del Uruguay, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público. Los dos últimos, servicios del Estado paraguayo.

El operativo se propuso realizar 100 allanamientos en el país y contó ya al inicio con 30 órdenes de captura, así como la idea de incautar millones de dólares en bienes. En el país no había memoria de un operativo de semejante envergadura. El primer allanamiento fue a una empresa —proveedora del Estado paraguayo— considerada como cabeza del envío de cocaína a Europa. En dos días ya se habían allanado 22 inmuebles, detenido a ocho personas, incautado nueve aeronaves, 20 camiones, siete tractores, dos motocicletas, dos yates, seis máquinas agrícolas, 1.000 cabezas de ganado, además de armas de fuego y documentos. Uno de los yates —valuado en cuatro millones de dólares— pertenecía al entonces ministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa, quien debió ser inmediatamente destituido por el presidente Abdo. Tres días después de iniciado el operativo, llegó al país el nuevo embajador norteamericano Marc Ostfield.

Lo más resaltante de este operativo fue que buena parte de las personas afectadas se manejaban en círculos de la clase alta del país, e incluso con vínculos con políticos, cuando no políticos directamente en el ejercicio de cargos electivos, como el caso de los diputados por la ANR Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano.

El primero militó previamente en el movimiento liderado por el expresidente Horacio Cartes, para luego pasar al actual oficialismo. Tuvo la habilidad de protegerse e infiltrar a las cooperativas con el lavado de dinero. Él presidía la Cooperativa San Cristóbal, que otorgaba créditos por sumas astronómicas a diversos socios, entre ellos, el también diputado y jefe de bancada del cartismo, Basilio «Bachi» Núñez. La forma de operar era notable: este último sacó un crédito de más de dos mil millones de guaraníes y nunca devolvió ni un centavo aunque, en un momento dado, la cooperativa le refinanció la deuda. Todo salió a la luz luego de la intervención de esa cooperativa. Ozorio, integrante de la Comisión Permanente Asesora de la Cámara de Diputados de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, dirigía sus emprendimientos sospechosos de lavado mientras participaba de esa comisión. Finalmente, terminó renunciando y perdiendo su inmunidad parlamentaria. No así Galeano, quien hasta ahora es protegido por la bancada cartista.

Otro de los aspectos notables desenmascarados por el operativo guarda relación con el vínculo de las Iglesias evangélicas con las estructuras de lavado y narcotráfico. En concreto, la Iglesia del Avivamiento, cuyo pastor José Insfrán se fugó. La Iglesia contaba con un centro de convenciones que se valuó en 900.000 dólares, en medio de la pobre comunidad de Curuguaty. Estas Iglesias han ganado influencia y protagonismo en la escena política por sus alianzas con la extrema derecha y la promoción de una agresiva agenda antiderechos.

A Ultranza Py dejó en claro la gravedad del lugar que ocupa el Paraguay en el crimen organizado como país lavador de dinero y distribuidor de drogas hacia Europa y África.

Asesinato del fiscal Marcelo Pecci

El 10 de mayo fue asesinado el fiscal Marcelo Pecci, figura fundamental de la lucha contra el crimen organizado. Casado con la periodista Claudia Aguilera, disfrutaba junto a su esposa de su luna de miel en Colombia, cuando fue víctima de un atentado sicario. Su asesinato fue considerado internacionalmente como un magnicidio.

La conmoción fue enorme. A pesar de la eficacia de la Policía colombiana en la captura de los(as) autores(as) materiales, hasta ahora la investigación paraguaya no ha dado con los autores morales. Desde el inicio de la investigación se apuntó al uruguayo Sebastián Marcet, cabeza de una organización criminal trasnacional afectada por el operativo A Ultranza Py, quien fue detenido en Emiratos Árabes en posesión de un pasaporte paraguayo falso. Sin embargo, consiguió que el Estado del cual es nacional le emita un pasaporte, tras lo cual desapareció.

En noviembre, en conferencia de prensa desde el Palacio de López, el embajador Ostfield anunció que los Estados Unidos ofrecen hasta cinco millones de dólares para quienes den información que pueda llevar a la captura de los responsables del asesinato del fiscal Pecci.

Crimen organizado paraguayo: política – usura – dominio de la judicatura

El impacto del crimen transnacional hace necesaria la revisión del crimen organizado paraguayo. En esta mirada, adquiere relevancia el poderoso y dañino clan González Daher, liderado por los hermanos Óscar y Ramón, políticos vinculados al Partido Colorado, dirigentes deportivos de fútbol y cabezas de una organización criminal que se inició durante la dictadura de Alfredo Stroessner, pero cuyo poder se agigantó durante la democracia.

Óscar González Daher (OGD) fue diputado entre 1998 y 2003, luego senador y llegó a ejercer la presidencia de la Cámara Alta entre el 2010 y 2011. Su gran poder fue integrar y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Desde ahí destituía a jueces y fiscales o torcía sentencias. Su poder se extendía con su hermano Ramón, presidente de un club de fútbol y usurero que, con los mecanismos más groseros y la complicidad de su hermano en el JEM, se apoderaba de bienes ajenos mediante amañados procesos judiciales. Uno de los trucos era impedir el pago de la última cuota de las deudas, para luego obtener sentencias mediante las cuales se adueñaba de los inmuebles de sus víctimas.

Gracias a la labor periodística y a unos audios filtrados, se hizo público el tráfico de influencia que llevaba adelante el clan, institucionalizando el «apriete» a magistrados(as) y agentes fiscales. En el 2017 se logró destituir a OGD del JEM y poco después fue el primer senador en perder su investidura por decisión de sus pares. A pesar de todo, fue nuevamente electo como candidato del cartismo en 2018.

La decadencia de OGD se aceleró cuando en el 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo declaró «significativamente corrupto» junto al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Esta calificación es una medida que adopta el Departamento de Estado para combatir la corrupción a nivel mundial mediante restricciones de visa. En la práctica, es un sistema que autoriza al secretario de Estado a designar personas, incluidos funcionarios extranjeros actuales y anteriores, y sus familiares inmediatos, que han estado involucrados, directa o indirectamente, en corrupción significativa.

Para el 2020, OGD había sido defenestrado de todos sus cargos. En la ciudad de Luque, su feudo electoral, no paraban las manifestaciones de repudio frente a su casa. Recibió una condena por enriquecimiento ilícito y declaración falsa consistente en siete años de prisión, inhabilitación para ocupar cargos públicos y el comiso de aproximadamente seis millones de dólares de sus bienes. El fisco pudo recuperar adicionalmente unos nueve millones de dólares por evasión impositiva. A pesar de ello, consiguió esquivar la prisión, ya que la impunidad biológica logró su cometido. Falleció en octubre de 2021, sin que su condena quedara firme. Su hermano Ramón, la otra cabeza de la organización, y el hijo de este ingresaron a prisión en septiembre de 2022, luego de un proceso judicial que fue monitoreado de cerca por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El clan González Daher es un ejemplo de infiltración del crimen organizado en el sometimiento del Poder Judicial, a través del sistema de partidos. Lo más notable fue que, en todos los años en los que OGD sometió a la Justicia, no hubo un solo magistrado que lo denunciara por los mecanismos de presión que ejercía.

Coincidentemente con estos eventos, en julio de 2022 se dio a conocer el informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)^[2]. El Paraguay aprobó finalmente el examen y no pasó a integrar la «lista gris» de países que no colaboran con el control financiero, pero recibió una baja calificación por la insuficiencia de sus investigaciones y condenas relacionadas al lavado de activos. El gran desafío del Paraguay es lograr un funcionamiento del Poder Judicial conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales. De otra manera, es muy difícil pensar en un saneamiento del país.

«Significativamente corrupto» 1 y 2

El 22 de julio de 2022, el expresidente Horacio Cartes Jara —líder del movimiento político Honor Colorado (HC son sus iniciales y también las del movimiento que lidera)— fue designado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado, debido a su involucramiento en actos de corrupción, en la obstrucción de una investigación contra el crimen trasnacional para protegerse a sí mismo y a su socio criminal, su involucramiento con organizaciones terroristas extranjeras, situaciones que socavan la seguridad de los Estados Unidos y amenazan la estabilidad regional^[3]. La consecuencia inmediata de dicha declaración fue la restricción del visado a Horacio y sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes Montaña. No se conoce qué otras investigaciones o acciones judiciales se estarían avanzando en la jurisdicción norteamericana contra Cartes.

Poco tiempo después, en agosto de 2022, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y un asociado político, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, fueron designados también significativamente corruptos por el Departamento de Estado^[4]. Velázquez era, a la vez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana, de línea progubernamental y opositor, en las primarias, de Horacio Cartes. Velázquez renunció a su candidatura, pero decidió continuar con su cargo en la vicepresidencia hasta el final del mandato, el 15 de agosto de 2023. La restricción de la visa afectó a los familiares inmediatos del vice, tres hijos y su esposa, quien es, a su vez, alta funcionaria del Ministerio Público, con permiso.

Las designaciones realizadas por el Departamento de Estado agitaron la abúlica escena política local. Sin embargo, a pesar de la gravedad y el espesor de los delitos atribuidos, el Ministerio Público no adelantó investigaciones eficaces hasta el momento para esclarecer las responsabilidades de los designados. Tampoco hubo consecuencias políticas relevantes, salvo la renuncia del vice a su candidatura. El juego político siguió su curso ordinario y previsible, con los mismos actores viciados que aseguran un proceso casi irrefrenable de captura del Estado a manos del crimen organizado.

Imprescindible pacto por la justicia

Ante un panorama así, resulta imprescindible un pacto por la justicia en el Paraguay. Ciertamente, el acuerdo de 1989 que tuvo lugar tras la caída de Stroessner no incluyó, entre sus objetivos, el saneamiento y la independencia del Poder Judicial. Antes bien, apeló al retorno de la unidad sin fisuras del partido de la dictadura en el control total del Estado. La Constitución de 1992 introdujo reformas substanciales al sistema político, que interesaron al Poder Judicial, con la introducción de nuevas instituciones, como el JEM o el Consejo de la Magistratura, que tuvieron por objetivo limitar la injerencia del Ejecutivo en la configuración del escalafón judicial.

Años más tarde, mediante el «Pacto de Gobernabilidad» de 1994 —firmado entre el entonces presidente de la República y los principales referentes de la oposición, que en la legislatura de esa época manejaban una cómoda mayoría parlamentaria en el Senado—, se acordó la renovación de la magistratura, aplicando las nuevas reglas constitucionales. No obstante, el acuerdo se limitó a ampliar la carrera judicial a personas de otros partidos, principalmente liberales, además de los colorados. Si bien, en su momento, el «Pacto de Gobernabilidad» fue entendido como un avance en la democratización del Estado, con la perspectiva del tiempo se observa que el mismo fortaleció la hegemonía colorada en la judicatura, consolidó la injerencia del sistema de partidos —socavando la independencia de la magistratura— y dejó abiertas las puertas para la captura judicial por parte de grupos de poder, entre ellos, el crimen organizado.

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha señalado que existe crimen organizado cuando: a) las actividades criminales se realizan durante un periodo sostenido; b) los crímenes se cometen mediante una estructura y una jerarquía identificables característicos de una organización; c) se cometen graves delitos con fines de lucro; y d) las organizaciones criminales utilizan la corrupción o la violencia para llevar a cabo sus actividades y protegerse de las consecuencias de las mismas. El Relator ha advertido que el crimen organizado ha generado una dependencia cada vez mayor de la política, convirtiéndose este campo en una herramienta imprescindible para asegurar sus negocios. La infiltración y captura del Poder Judicial, mediante la corrupción, se han vuelto objetivos estratégicos de las organizaciones criminales. Las modalidades de corrupción judicial más frecuentes son la injerencia política en el proceso judicial por parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo y el soborno. De esta forma, logran influir sobre la independencia e imparcialidad de la magistratura con el fin de lograr impunidad o legitimación para sus actividades delictivas. La corrupción judicial afecta el ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura^[5].

La CIDH ha observado los extremos a los que nos puede llevar la asociación entre agentes o instituciones del Estado y el crimen organizado, así como las «gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos para las personas individuales, sus familias y la sociedad en su conjunto»^[6]. La infiltración de la corrupción y el crimen organizado en las entidades estatales encargadas de combatirlos erosiona las garantías de los derechos humanos y genera un clima incompatible con la democracia. Se configuran así escenarios hostiles y peligrosos, donde campea la violencia para silenciar a quienes, como las personas que defienden los derechos humanos, denuncian los abusos de poder o la corrupción.

Este año, la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos ha dado ejemplo de que es posible trascender la intolerancia política y llevar adelante un trabajo conjunto que dé cuentas de las enormes falencias de la Justicia^[7]. No obstante, la bancada interpartidaria cartista ha bloqueado exitosamente dos intentos de remover por vía del juicio político a la fiscala general del Estado, funcionaria políticamente afín al expresidente y señalada responsable de la situación de impunidad de los ilícitos que se le atribuyen a su mentor.

El panorama político que se vislumbra en la coyuntura no parece tender a un pacto que trascienda las diferencias políticas y priorice la recuperación del Estado de derecho. Se avecinan años muy duros y de alto riesgo para la defensa de los derechos humanos.

1. Ver más información al respecto en el artículo sobre derechos de las personas privadas de libertad, en este informe. ↑
2. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Informe de evaluación mutua de la República del Paraguay (Buenos Aires: Gafilat, 2022). ↑
3. «Designation of Former Paraguayan President Horacio Manuel Cartes Jara for Involvement in Significant Corruption», U.S. Department of State, 22 de julio de 2022, https://www.state.gov/designation-of-former-paraguayan-president-horacio-manuel-cartes-jara-for-involvement-in-significant-corruption/ ↑
4. «Designation of Paraguayan Vice President Hugo Velazquez and Yacyretá Bi-National Entity Legal Counsel Juan Carlos Duarte for Involvement in Significant Corruption», U.S. Department of State, 12 de agosto de 2022, https://www.state.gov/designation-of-paraguayan-vice-president-hugo-velazquez-and-yacyreta-bi-national-entity-legal-counsel-juan-carlos-duarte-for-involvement-in-significant-corruption/ ↑
5. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (Doc. ONU A/72/140, 25 de julio de 2017). ↑
6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos (OEA/Ser.L/V/II., Doc. 236, 6 de diciembre de 2019), 47. ↑
7. Más información al respecto en el análisis de coyuntura política, en este informe. ↑