Pronunciamientos institucionales

ANEXO 1

Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

9 de diciembre de 2021

América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha ag5avado en el contexto actual del COVID-19.

Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los Gobiernos de la región a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados(as), estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de libertad, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; asimismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente estos últimos asociados a las industrias extractivas.

Es por eso que hoy, en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, es necesario no solo reconocer la labor que llevan a cabo por la justicia y la defensa de los derechos y comunidades, sino también hacer un llamado a todas las instancias del Estado a que pongan en marcha acciones concretas y reales, con enfoque de género e interseccional, que estén dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas defensoras y garanticen el derecho a la defensa de derechos humanos.

Para esto, las y los parlamentarios de cada país deben impedir adoptar normatividades que restringen el espacio cívico de la sociedad civil, el uso de mecanismos que permitan la criminalización del rol de las personas defensoras y la imposición de obstáculos fiscales o de registro a las asociaciones de la sociedad civil. Es necesario que las instancias de todos los niveles de gobierno generen acciones de reconocimiento a la labor de personas defensoras, medidas de protección en beneficio de estas y se abstengan de generar campañas de desprestigio.

Es urgente el cese de la persecución penal en los delitos y las sanciones correspondientes en casos de inacción y rezago en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras. Las instancias de procuración y administración de justicia deben contar con lineamientos especializados y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía, en particular a personas defensoras, conocer el avance del estado de las investigaciones. Las instancias encargadas de velar por la vida e integridad de personas en situación de riesgo deben ser fortalecidas y contar con las capacidades humanas y financieras que posibiliten la coordinación en los distintos niveles de gobierno y poderes públicos a nivel nacional o binacional, esto último cuando se trate de pueblos indígenas defensores en territorios transfronterizos.

Es prioritario establecer una política de tolerancia cero de violencia y un marco legal claro que prevean sanciones ante casos que involucran a las empresas o contratistas que promuevan acciones de criminalización o riesgo para personas defensoras. Asimismo, es urgente que se diseñen e implementen mecanismos para fiscalizar la actividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones y la debida diligencia. Y en este contexto, también exhortamos a los Estados a generar procesos de investigación, justicia y sanción a los actores privados, donde se haga visibles no solo a los actores materiales sino también a los actores intelectuales de dichos ataques. Se deben garantizar a las víctimas y sus familias adecuados procesos de reparación. Además, es urgente prevenir que los sistemas nacionales de justicia, ya sean desde la vía penal, constitucional o civil, obstruyan la labor de personas defensoras. Así como acciones multisectoriales para la erradicación de actividades ilegales, como narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras, que son fuentes de violencia contra personas defensoras y sus comunidades.

Desde las organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, seguiremos construyendo redes y mecanismos de apoyo mutuo y autoprotección para responder a las amenazas, los ataques y riesgos actuales, así como prevenir y alertar sobre otros desafíos por venir. También continuaremos exigiendo a los Gobiernos de la región que cumplan con sus obligaciones de protección conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y en lo establecido en la Declaración de Personas Defensoras.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general, a las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y a los organismos multilaterales a que reconozcan la importancia del papel de las y los numerosos activistas, se sumen a sus justas causas y exijan a los Gobiernos y dirigentes a que apoyen la labor de las personas defensoras y generen políticas de protección para garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Hoy, la defensa de derechos es más urgente que nunca en la región y es crucial que fortalezcamos y protejamos a quienes defienden los derechos de todos y todas. Estamos convencidas y convencidos de que acompañando y respaldando su trabajo fortalecemos las democracias de América Latina y el Caribe.

ANEXO 2

Exigimos el respeto a la vida y la liberación sin condiciones del Sr. Peter Reimer

12 de diciembre de 2021

La sociedad paraguaya se estremece nuevamente ante un hecho de secuestro. Un hecho más que inunda de preocupación e indignación, ante un Estado ineficaz para prevenirlos. El secuestro del Sr. Peter Reimer y la amenaza de fusilamiento que pesa sobre el mismo no pueden dejar indiferente a nadie y nos llama, a todos y a todas, a cuestionar fuertemente a las autoridades que, pese a la enorme inversión en seguridad que se realiza en la zona, no pueden lograr evitar este tipo de sucesos.

Como en otras ocasiones, en casos similares, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresa su honda preocupación y su más enérgico repudio hacia los hechos perpetrados por los captores del Sr. Reimer, que no pueden pretender más que rechazo hacia lo que no respete la vida, la integridad y la paz de una zona tan golpeada desde hace años. Es absolutamente inaceptable e injustificable, bajo cualquier bandera, que se atente deliberadamente contra la vida de cualquier persona.

En este sentido, la Codehupy se solidariza tanto con los familiares del Sr. Peter Reimer como, así también, con toda la comunidad menonita de Río Verde, cuyos integrantes desde hace varios años están siendo víctimas de hechos criminales, sin que el Estado actúe eficazmente para prevenirlos.

PAZ para el NORTE, PAZ para el Paraguay. Que los DERECHOS HUMANOS sean para TODOS Y TODAS.

Que las autoridades estén a la altura ética de un pueblo que sale a las calles a reclamar sus derechos.

Coordinación de turno: Lidia Ruiz, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco; Carolina Robledo Desh, Aireana La Serafina; Buenaventura Cabañas, Unidas en la Esperanza – Paraguay; Secretario Ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla.

ANEXO 3

Carta a los tres poderes del Estado ante la emergencia climática que vive el Paraguay

1 de febrero de 2022

Hoy, la humanidad está severamente amenazada por el daño ocasionado por sus propias acciones. La situación en Paraguay es de las peores del mundo: padecemos eventos climáticos extremos; la actual sequía no tiene antecedentes conocidos y compromete la totalidad del territorio nacional. La afectación a los ecosistemas incluye la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua en superficie y subterránea, la mortandad de animales domésticos y la pérdida de cultivos de alimentos y de las semillas necesarias para nuevos cultivos.

Ante este escenario, el Gobierno, en lugar de combatir el problema para proteger la vida de todas las personas, promueve un modelo económico productivo que destruye nuestros territorios: arroceros que dejan sin agua a pueblos enteros y asesinan a quienes protestan; ganaderos que incendian montes y pueblos; sojeros que deforestan y envenenan cursos de agua, destruyendo todo a su alrededor. Todo esto ocurre sin consecuencias, debido a la corrupción que impregna la vida institucional del Estado.

Esta destrucción tiene responsables organizados en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), sectores de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y las cúpulas de los partidos Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) y Patria Querida (PQ).

Pretenden engañar a la gente usando eufemismos como «cambio de uso de suelo» en lugar de deforestación, y proponen falsas soluciones como monocultivos de eucaliptus que agotan aún más las aguas y disparan los incendios, o biocombustibles cuya demanda aumenta las superficies degradadas.

Es urgente frenar esta catástrofe y plantear alternativas para construir un nuevo Paraguay que garantice la vida, respetando e incluyendo a las grandes mayorías que sufren las agobiantes miserias cotidianas en el campo y la ciudad.

Este gobierno ha dado claras muestras de ignorancia y desprecio por la vida humana y de todo ser vivo. Por ello, exigimos que se convoque a personas idóneas que puedan hacer frente a la emergencia y crisis. Es inaceptable que, ante estas catástrofes, representantes de este gobierno sigan negando el cambio climático.

Alentamos a nuestros compatriotas a manifestarse enérgicamente contra la negligencia del Gobierno, a luchar por la conservación de los bienes naturales que hacen posible nuestra existencia. Como dijo el Dr. Francia, «los días nos enseñaron que el único peligro para la República es no tener confianza en nuestras propias fuerzas».

Firmantes:

Centro de Estudios Heñói

Decidamos

Conamuri

MCP (Movimiento Campesino Paraguayo)

Oñondivepa

AMUCAP-C

Callescuela

Organización ICSO

Codehupy

TEDIC

Federación Nacional Campesina (FNC)

Organización Cultiva Paraguay

Leo Rubin

Grupo Sunu de Acción Intercultural

CTCU

Iniciativa Amotocodie

Organización de Lucha por la Tierra – OLT Paraguay

Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay

ANEXO 4

Proyecto de ley liberticida debe ser rechazado

18 de abril de 2022

El senador Enrique Riera anunció la presentación de un proyecto de ley que tiene por objeto la penalización de los cierres de rutas, tal como en 1970 hacía lo propio la dictadura stronista. Esta bajo el engañoso nombre «De defensa de la paz pública y libertad de las personas» promulgó la recordada ley 209, instrumento legal que sirvió de base para perseguir, encarcelar y someter a la oposición política durante décadas.

El senador Riera, cuyo prontuario liberticida es ampliamente conocido, denota una vez más su escaso talento para legislar y convivir con las tensiones propias de una democracia. Trae así al debate una verdadera rémora de la dictadura, que impide ver al Estado como una entidad que está llamada a gestionar los conflictos que hay en toda sociedad de interacción democrática, muchas veces originados en la colisión de derechos, como el que se presenta entre el libre tránsito y la manifestación pública. Es oportuno también mencionar que los propios sistemas internacionales, a los cuales Paraguay adhiere, han entregado herramientas suficientes para ponderar los derechos en colisión y así orientar el actuar de un Estado que realmente se precie de democrático.

En este sentido, la Codehupy alerta, una vez más, que proyectos de leyes como el mencionado son violatorios de un conjunto amplio de derechos asociados y protegidos bajo la libertad de expresión. Pues parten del supuesto erróneo de la existencia de un hecho punible cuando en realidad se está ante el ejercicio de un derecho que debe ser protegido, tal como lo mandan la Constitución de la República y el derecho internacional de los derechos humanos.

En memoria de Sebastián Larroza, Eulalio Blanco y Calixto Cabral, dirigentes campesinos ejecutados por la policía mientras se manifestaban en la vía pública, el proyecto del senador Riera debe ser rechazado. El debate político en una democracia deber tener otros contenidos. Ojalá así se entienda y podamos de esta forma abandonar la inercia autoritaria que observamos y padecemos en el Paraguay.

Por la Coordinación de turno: Abel Irala, Base-IS; Sintya Valdez, CERI; Elba Núñez, CLADEM Paraguay. Secretario Ejecutivo: Oscar Ayala Amarilla.

ANEXO 5

La represión y la criminalización de quienes reclaman derechos no es el camino

6 de julio de 2022

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y todas sus organizaciones firmantes observamos con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el Gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay.

Destacamos los hechos recientes acontecidos en la comunidad de Tembiaporá, departamento de Caaguazú, que dejaron personas campesinas heridas y una decena de personas detenidas, entre ellas nueve mujeres campesinas, una en periodo de lactancia que fue separada de su bebé y las demás, de sus hijos e hijas menores de edad; la situación de las personas de la comunidad indígena Ka´a Poty, del pueblo ava guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, que, tras volver a sus tierras ancestrales después de largos meses resistiendo en la Plaza de Armas de Asunción, hoy, son hostigadas y reciben amenazas por parte de sojeros brasileños de la zona; también recordamos la situación de la comunidad indígena Hugua Po´i, distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, atacada con permanentes amenazas de desalojo de sus tierras ancestrales.

A todo esto sumamos la muerte de Edgar Centurión (29), un joven agricultor, que fue asesinado en junio pasado, durante un violento procedimiento policial en la localidad de Edelira, departamento de Itapúa. En todos estos casos vemos indicadores claros de una situación absolutamente incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como lo señalaran la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a hechos análogos en diversas oportunidades a comienzos del presente año.

En este sentido, rechazamos y condenamos el accionar del Gobierno en estos casos, que siempre ante las disputas sobre la tenencia de la tierra busca criminalizar y violentar a las personas propietarias ancestrales de las mismas y a las verdaderas personas sujetas beneficiarias de la reforma agraria, sin plantearse la cuestión desde una óptica económica y social, ni abordar el problema de fondo: la distribución y la tenencia de la tierra en el Paraguay.

Es por ello que hacemos un llamado a reanudar el diálogo iniciado con las comisiones de Reforma Agraria, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos del Senado, que tuviera inicio el 27 de abril pasado con los auspicios de las Naciones Unidas, para abordar los temas ya planteados en su oportunidad y que hacen al fondo de la problemática: recuperación de tierras malhabidas, adopción de un protocolo para la prevención de desalojos forzosos y regularización jurídica de asentamientos campesinos e indígenas.

La Codehupy junto con las organizaciones firmantes decimos cuanto sigue:

• Basta de desalojos forzosos, represión, violencias y de criminalización de las personas que luchan contra el acaparamiento de tierras, tanto de organizaciones indígenas como campesinas.
• Exigimos la liberación inmediata de las mujeres privadas de libertad en la localidad de Tembiaporá, la revinculación con sus hijos e hijas y la posibilidad de poder amamantar a sus bebés en condiciones adecuadas y dignas.
• Exhortamos se realice una pronta investigación en el caso del asesinato de Edgar Centurión (29), que la misma sea independiente, imparcial y se llegue a obtener justicia, de modo que no se repita este tipo de hechos.

Coordinación de turno Codehupy: Fundación Vencer, Decidamos, Cladem-Py.

Dante Leguizamón, Secretario Ejecutivo de Codehupy.

ANEXO 6

Bebé indígena fallece en contexto de desprotección generado por desalojos forzosos

26 de julio de 2022

Un bebé de dos meses de vida, integrante de la comunidad indígena Hugua Po’i del pueblo mbya guaraní del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, del departamento de Caaguazú, falleció este martes 26 de julio de 2022, en un contexto de total abandono y desprotección por parte del Estado paraguayo.

Néstor Villalba Mendoza falleció a las 00:48 de este martes en el hospital de la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, a 244 km de la capital del país, hasta donde sus familiares lo llevaron el viernes pasado por síntomas respiratorios. De acuerdo al testimonio de uno de los miembros de la comunidad indígena, en el centro asistencial le sugirieron trasladar al niño a un hospital de mayor complejidad. Sin embargo, no contaban con ambulancia para dicho traslado.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) viene acompañando la reivindicación territorial respecto al hábitat tradicional de la comunidad indígena Hugua Po’i y, en ese sentido, observa con preocupación la postura de algunos estamentos del Estado paraguayo que no se ocupan de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, desde una perspectiva de interculturalidad e integralidad.

En la misma línea, es necesario puntualizar que este tipo de hechos trágicos está intrínsecamente relacionado a la vulneración de derechos y la desprotección que generan la negación de derechos, de acceso a la tierra y los reiterados desalojos forzosos y violentos.

Los desalojos forzosos generan mayores vulneraciones de derechos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas enfermas, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en el caso de las comunidades indígenas a la comunidad toda, quienes se ven expuestos a situaciones de riesgo, como es permanecer al costado de las rutas, en este caso, como consecuencia de que la Policía Nacional se haya negado a dar cumplimiento a una medida judicial de no innovar que favorecía a la comunidad indígena, y que fuera planteada por el propio Instituto Nacional del Indígena (INDI) con apoyo de la Codehupy.

Los dos desalojos forzosos sufridos por esta comunidad indígena impiden o, al menos, restringen el acceso al sistema de protección social y esto se ve materializado en la vulneración de sus derechos y en la muerte de este niño.

Observamos de modo reiterado en este caso, y otros vinculados a desalojos forzosos, que el interés superior de la niñez y la adolescencia no es garantizado por las y los servidores públicos del Estado paraguayo.

Desde la Codehupy y la CDIA alertamos que existen otras personas —tanto adultas como niños y niñas— cuya salud está deteriorada por distintas afecciones y que, a raíz del contexto, no están siendo efectivamente atendidas por el Estado.

Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales, de los tres poderes del Estado, a garantizar efectivamente el cumplimiento de derechos básicos, a la protección de la vida, al desarrollo y al interés superior de la niñez, a tomar de manera urgente todas las medidas pertinentes para evitar que estas situaciones se repitan.

Coordinación de turno: Decidamos, Fundación Vencer, Gestión Local.

Dante Leguizamón, Secretario Ejecutivo de Codehupy.

ANEXO 7

Codehupy llama al Estado a recuperar las tierras malhabidas de Marina Kue de forma urgente

26 de agosto de 2022

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lamenta lo ocurrido el pasado 18 de agosto de 2022, en la localidad de Curuguaty, zona de Marina Kue, donde dos personas murieron en el contexto de una larga lucha por la tierra, mientras el Estado continúa estando ausente para la población campesina de ese lugar.

Aunque ya han pasado diez años, el Estado no se ha ocupado de la recuperación de tierras malhabidas ni ha investigado exhaustivamente la muerte de los campesinos durante la masacre ocurrida en junio de 2012. Esa inacción estatal se ha cobrado dos vidas más.

La situación en Curuguaty debe ser entendida no solo desde lo acontecido en junio de 2012, con la masacre de campesinos y policías, sino también en el marco de las tierras malhabidas y de la disputa por el control territorial en zonas de fronteras por parte de grupos vinculados al crimen organizado.

Desde la Codehupy, red que trabaja en el monitoreo y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, llamamos al Estado paraguayo a trabajar por la regularización de las tierras en cuestión.

Esta regularización, en cuanto a la tenencia formal, debe además estar acompañada de la implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de la comunidad.

Solamente con la implementación de un fuerte sistema de protección social con un abordaje integral, y que tenga como centro la dignidad humana, garantizando todos los derechos humanos de todas las personas que allí habitan, se evitarán sucesos como el que ocurrió la semana pasada.

Sobre este acontecimiento instamos a que se desarrolle una investigación exhaustiva, imparcial, que brinde todas las garantías procesales previstas en nuestro sistema penal, para determinar o deslindar las responsabilidades.

Desde la Codehupy hacemos un llamado al diálogo pacífico entre todas las partes y nos solidarizamos con las familias de las víctimas como también con toda la comunidad, que se ha sostenido a lo largo de estos años sin acompañamiento estatal.

Reiteramos nuevamente, en este caso y cualquier otro, que la violencia, en ninguna de sus formas, nunca será el camino para la resolución de diferencias y, mucho menos, para la construcción del diálogo social y político que necesitamos en el país en un marco de democracia.

Coordinación de turno: Fundación Vencer, Gestión Local, Grupo Sunu de Acción Intercultural.

Secretaría Ejecutiva: Dante Leguizamón Morra.

ANEXO 8

Eran niñas: a dos años de los sucesos de Yby Yaú, exigimos una investigación imparcial

2 de septiembre de 2022

Al recordarse los dos años de la muerte de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), exigimos una investigación independiente e imparcial que brinde verdad y justicia sobre lo acontecido el 2 de septiembre de 2020 en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, zona norte de la región Oriental del Paraguay.

Al mismo tiempo reiteramos la necesidad de una exhaustiva búsqueda y localización de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba «Lichita», desaparecida desde fines del año 2020 en la misma zona; como también sobre las denuncias acerca de la existencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado, que reclutan niñas, niños y adolescentes con fines de explotación laboral y sexual.

Recordamos al Estado que una niña, niño o adolescente es sujeto de protección especial desde los 0 hasta 17 años de edad, siempre; sin importar si está en su casa jugando, en la calle trabajando, en la escuela con sus pares aprendiendo o en los bosques en una situación de exposición al peligro. En todos los casos necesitan tener protección, sea por su familia, la sociedad y el Estado. Cuando no sea posible determinar su edad con exactitud, se debe presumir, en todos los casos, que tienen menos de 18 años, de modo que cualquier intervención que se haga, desde donde sea y en especial desde el Estado, sea sin generar ningún tipo de daño.

En democracia, el Estado es el garante de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, sin importar la edad, nacionalidad, religión, ideología política, entre otras variables. Las autoridades deben cumplir el marco legal vigente, los compromisos internacionales incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional y asumir la responsabilidad subsidiaria del Estado en el cuidado del bien más preciado de una sociedad: la niñez y la adolescencia.

Las vulnerabilidades y los peligros a que se encuentran expuestas las familias, comunidades, y en especial niñas, niños y adolescentes en la zona norte, son de gran magnitud y complejidad. Requieren, por lo tanto, de políticas públicas a través de las cuales se concretice la presencia del Estado y se garantice el acceso a derechos en ámbitos como salud, educación, seguridad, etc. Las desigualdades históricas deben ser abordadas con un sistema de protección social, con una visión de integralidad, universalidad, equidad e interculturalidad.

Desde el inicio de sus actuaciones, el desempeño de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte de Paraguay se ha caracterizado por una serie de irregularidades y violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad, personas mayores, de comunidades campesinas e indígenas; al igual que las actuaciones plagadas de irregularidades y poco ajustadas al marco legal vigente por parte de diversos operadores de justicia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.

Desde la CDIA y la Codehupy, reiteramos la urgencia en la activación de mecanismos estatales de nivel nacional y local de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, tanto de las comunidades indígenas como de las campesinas, contra todas las formas de violencia, incluida la pobreza y también el crimen organizado.

Pronunciamiento conjunto CDIA – Codehupy

ANEXO 9

Asesinato del periodista Humberto Coronel es resultado de la inacción estatal

6 de septiembre de 2022

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunciamos la inacción estatal que resulta hoy en el asesinato del periodista Humberto Coronel, trabajador de Radio Amambay de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, una de las zonas donde más ataques mortales contra periodistas han ocurrido en las últimas décadas.

Este crimen, ejecutado por sicarios al servicio de poderes fácticos, constituye un nuevo atentado contra la libertad de expresión y muestra claramente el avance del crimen organizado sobre toda la sociedad paraguaya, ante un Estado que, por incapacidad o complicidad, no cumple con su rol de garante de los derechos humanos de todas las personas.

Dicha inacción estatal deriva, además, una vez consumado el crimen, en impunidad. Si bien el departamento de Amambay es una de las zonas más inseguras para ejercer el periodismo en Paraguay, la mafia se ha extendido a todo el territorio nacional, permitiendo así que el silencio —fin último de estos atentados— se profundice en algunos territorios y se extienda en otros.

El periodista Humberto Coronel se encontraba amenazado desde junio de este año y debió estar protegido. Sin embargo, fue asesinado a plena luz del día y sin ninguna medida de protección a su favor.

La Policía Nacional es responsable directa de la falta de protección a colegas que han sido víctimas de amenazas. En estos momentos otros trabajadores de prensa amenazados en Pedro Juan Caballero siguen sin contar con la custodia adecuada por parte de la Policía Nacional.

Pero la responsabilidad no termina en la Policía, dependiente del Poder Ejecutivo; la responsabilidad es también del Ministerio Público que no investiga los crímenes; del Congreso de la Nación que desde hace años retrasa el estudio y la aprobación de una Ley de Protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La responsabilidad es del Estado que, de muchas formas, permite el crecimiento e incluso, cada vez más, la injerencia de grupos del crimen organizado en las instituciones estatales.

Exigimos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial sobre el asesinato de Humberto Coronel y de todos los periodistas asesinados desde 1989. Exigimos además que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la no repetición de estos hechos y las medidas de reparación correspondientes a la familia.

ANEXO 10

Defensoría del Pueblo: 30 años sometida a intereses políticos partidarios en detrimento de la democracia

26 de septiembre de 2022

Desde su creación en 1992, la Defensoría del Pueblo fue sometida a intereses políticos partidarios, distorsionando los fines para los cuales fue creada: ser un contrapeso, mediante la defensa y promoción de los derechos humanos, de los poderes Ejecutivo y Judicial, para garantizar la democracia.

La Defensoría del Pueblo a lo largo de los últimos 30 años ha enfrentado procesos enturbiados, a tal punto que recién en octubre de 2001, tras largas negociaciones político-partidarias, se designó por primera vez un defensor del Pueblo y, como si fuera poco, se trató de un antiguo funcionario colorado de la dictadura de Alfredo Stroessner. La institución, que debía —entre otras tareas— reparar a las víctimas de la dictadura, quedó en manos de un afín al régimen.

Este episodio muestra a las claras el resultado de los obstáculos que se han interpuesto de forma premeditada y que se pueden resumir en: falta de transparencia en los procesos de selección del o la defensora del Pueblo, cuoteo político partidario, debilidad presupuestaria y de ejecución, absoluta falta de idoneidad de las personas que han sido designadas responsables de la institución desde el 2001 hasta nuestros días.

Así, la distorsión respecto a los fines para los cuales existe la Defensoría del Pueblo derivó en una inadmisible cesión de poder y renuncia a facultades constitucionales. No es casual la histórica desidia en un país donde muchos sectores políticos siguen reivindicando regímenes dictatoriales y negando derechos básicos a una gran parte de la ciudadanía paraguaya.

A 30 años de la creación de la Defensoría del Pueblo, hemos tenido dos defensores del Pueblo: el primero, que se aferró al cargo por más de 15 años y dejó la institución con un tendal de denuncias —entre ellas de maltrato, burla y humillación a las personas que iban a solicitar su justa indemnización—, incluso llegando a ser procesado por presunta estafa y malversación de fondos; el otro que lo reemplazó desde entonces es Miguel Godoy, sobre quien hoy pesan decenas de denuncias, incluso presuntos hechos de acoso sexual, según se ha documentado en el libelo acusatorio para el juicio político que impulsa un grupo de diputados.

Así las cosas, es posible percibir claramente que la degradación a la que fue llevada la Defensoría del Pueblo no es una situación coyuntural ni mucho menos casual, sino que forma parte de un proceso de décadas durante las cuales se han mancillado la memoria, la verdad y la justicia, sobre todo de quienes han sido víctimas de la dictadura stronista; se ha utilizado la institución para recaudar, en lugar de atender el clamor de la juventud que masivamente, mediante la objeción de conciencia, muestra su desapego a un modelo perimido para la formación de las personas; de acuerdo a denuncias públicas, se han malversado fondos del magro presupuesto.

Es tiempo de recuperar la Defensoría del Pueblo como institución, de reclamarla para que cumpla con su rol de recibir los reclamos populares y frenar los abusos de poder que puedan darse desde el propio Estado y desde otros ámbitos.

La Defensoría del Pueblo es un instrumento pensado en el marco de la Constitución del 92 como parte de un engranaje complejo que busca evitar que prácticas autoritarias vuelvan a ceñirse sobre el pueblo. Como sociedad civil hacemos un llamado para superar los obstáculos descritos y reencauzar la institucionalidad.

¡Por una Defensoría del Pueblo para el pueblo, en defensa de los derechos humanos!

Coordinación de turno: Gestión Local, Grupo Sunu de Acción Intercultural, Heñói.

Secretaría Ejecutiva: Dante Leguizamón Morra.

ANEXO 11

Atravesados por la violencia: en Paraguay es imperante defender los derechos humanos

6 de octubre de 2022

Hoy se cumple un mes del asesinato del periodista Humberto Coronel, un asesinato que no es un hecho aislado, sino un crimen que se enmarca en un complejo entramado de violencia que atraviesa al Paraguay desde hace varios años.

El crimen contra la vida de Coronel —además de atentar contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la sociedad paraguaya a acceder a información equilibrada— representa el consolidado avance del crimen organizado y de los poderes fácticos políticos y económicos, que acallan no solo a periodistas, sino a cualquier persona o colectivo social que se resista a vivir en el narco-Estado que se erige por sobre el sistema democrático.

En los últimos treinta años hemos visto morir a manos de sicarios, de civiles armados, e incluso de fuerzas de seguridad del Estado, a periodistas; autoridades electas y precandidatos electorales; líderes y lideresas campesinas e indígenas; y funcionarios públicos que incomodaron al crimen organizado.

En su gran mayoría, todos estos crímenes han quedado impunes, ante un Estado que es, como mínimo, incompetente, con estrategias reactivas que no se enfocan en las causas de los problemas sociales que nos asolan; pero que también es cómplice, muchas veces por omisión o acción directa.

No es casual que miembros de la prensa y de movimientos sociales que defienden distintos derechos humanos, desde la libertad de expresión hasta el derecho a vivir en un ambiente sano, sean severamente atacados y se encuentren en alto riesgo, pues sus roles son fundamentales para la democracia, porque actúan como contrapeso y control del poder.

Estamos viviendo en una sociedad donde actores con intereses que no representan a la ciudadanía propician crímenes de todo tipo. Estamos ingresando a la cúspide de un modelo social marcado por el poder del dinero, de la corrupción, de la violencia y el odio en todas sus formas. Odio que hemos visto ya expresado en su forma más concreta con asesinatos como los de Lorenzo Silva Arce o Romina Vargas.

Se trata de un momento sumamente delicado en la historia democrática de nuestro país y ante este escenario consideramos necesario, en el marco del VI Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Paraguay, expresar que seguiremos defendiendo los derechos humanos de todas las personas sin discriminación.

Decir que cada uno y cada una de nosotras, quienes nos reunimos aquí en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos, seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación para Humberto Coronel y para cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Para cada persona a la que el Estado no haya protegido, al permitir el avance, por acción u omisión de los poderes fácticos.

Decir, sobre todo que, como defensores y defensoras de los derechos humanos, seguiremos defendiendo el derecho a vivir, a vivir en paz, a vivir dignamente, a vivir sin hambre, con educación, con salud, con alegría, a vivir sin miedo.

Coordinación de turno: Heñói, Grupo Sunu de Acción Intercultural, Gestión Local.

Secretaría Ejecutiva: Dante Leguizamón Morra.

ANEXO 12

En vísperas del Día de los Pueblos Indígenas, podría consumarse un nuevo atropello contra sus derechos

11 de octubre de 2022

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay advertimos que un nuevo episodio de atropello a los derechos indígenas podría consumarse este 11 de octubre durante la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde tratarán el caso de la jueza Eresmilda Román Paiva, a quien se está enjuiciando por haber defendido los derechos de una comunidad indígena ava guaraní.

Este martes 11 de octubre —vísperas del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas— a las 13:30 h sesionará el JEM y como primer punto del orden del día tratará el caso de la jueza Román Paiva, sobre el cual hemos expresado nuestra preocupación anteriormente y, en esa línea, hemos alertado al propio JEM, así como a la Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, del peligroso antecedente que puede constituir este caso para la independencia de los jueces.

En el 2015, la jueza Eresmilda Román Paiva, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional establece en su art. 64 que la propiedad comunitaria de un pueblo indígena está fuera del comercio, falló a favor de la comunidad indígena Paso Cadena de Itakyry, al declarar la nulidad del acto jurídico respecto a un «contrato de aparcería» promovido por el señor João Romeu Meurer con el entonces líder de la comunidad. Ante el fallo contrario a sus intereses, el empresario, representado por el abogado Nelson Mora, denunció ante el JEM a la jueza y esa es la denuncia que se tratará este martes.

Ante este escenario, nos vemos en la obligación de advertir:

• Que cualquier forma de sanción contra la jueza, respecto a este caso, se constituirá en un claro mensaje de amedrentamiento para cualquier magistrado que se atreva a obrar según lo que establecen nuestras leyes, si estas favorecen a los pueblos indígenas.
• Que la jueza Eresmilda Román Paiva ha obrado acorde a la ley, pues los contratos de aparcería son, en el fondo, contratos simulados de arrendamiento, que además se dan sin requisitos que puedan ser tomados como consentimiento libre por las condiciones de asimetría entre las partes.
• Que, según establece la Constitución Nacional de la República, el alquiler de tierras indígenas es ilegal y, por ende, los contratos —usualmente genéricos— son nulos.
• Que Paraguay acumula 4 sentencias internacionales por violación de derechos indígenas y la posible destitución de la jueza constituiría un nuevo atropello que, a largo plazo, puede traer consecuencias para el Estado paraguayo a nivel internacional.
• Que acciones como las de la jueza son excepcionales, ya que a pesar de las amenazas que sufrió durante el proceso ella decidió ajustarse a lo que establece la ley.
• Que, según las normativas vigentes, el desacuerdo por una de las partes con la decisión de un magistrado o que una sentencia haya sido revocada o revisada en instancia superior, no son argumentos suficientes para tratar de destituir a una magistrada.

Por todo lo manifestado, expresamos nuestro apoyo a la acción de la jueza respecto a este caso y llamamos a quienes tienen en sus manos la revisión de la denuncia, a ceñirse a lo que establecen las leyes, proteger los intereses de las comunidades indígenas y también los intereses del Estado paraguayo de intereses particulares que podrían desencadenar consecuencias internacionales.

Coordinación de turno: Gestión Local, Grupo Sunu de Acción Intercultural, Heñói.

Secretaría Ejecutiva: Dante Ariel Leguizamón Morra.

ANEXO 13

Pronunciamiento

23 de octubre de 2022

Ante un nuevo hecho de violencia desatado en la zona de Cerro Guazú, departamento de Amambay, donde dos indígenas, así como dos presuntos miembros del grupo criminal EPP fueron asesinados, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresamos cuanto sigue:

Advertimos en este contexto la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas, en particular en los departamentos de Concepción y Amambay. Lamentamos la pérdida de vidas que debieron ser resguardadas ante un escenario de conflicto que los coloca en una encrucijada y en esa línea expresamos nuestra condolencia y solidaridad al pueblo paĩ. Exigimos, por ende, protección especial para todas y cada una de las personas que habitan esos departamentos.

Nos reafirmamos en que la crisis de seguridad que se vive en esa zona del país es responsabilidad del Estado, cuya estrategia para enfrentar a grupos armados y grupos del crimen organizado ha sido ineficaz, costosa, dañina para muchas familias de la zona y, sobre todo, no ha arrojado los resultados esperados, como lo vienen denunciando familiares de víctimas de secuestro.

Desde la Codehupy, así como otras organizaciones de la sociedad civil, hemos venido señalando que la Fuerza de Tarea Conjunta como herramienta para combatir a grupos criminales no es la vía adecuada, pero principalmente sostenemos que se trata de un órgano inconstitucional. Esta fuerza operativa ha implicado el uso de decenas de millones de dólares y más de una década de operaciones cuestionadas y, sin embargo, no ha resuelto la crisis de seguridad.

Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, que determine las circunstancias de estas muertes y de todas las demás muertes que han quedado sin respuestas claras, pues las familias de cada una de las personas fallecidas deberían poder acceder a la verdad, la justicia y la reparación en los casos que corresponda.

Exigimos además que el Estado paraguayo, a través de los organismos y estamentos correspondientes, atienda los problemas sociales que son el telón de fondo del cual se aprovechan grupos criminales.

Coordinación de turno: Grupo Sunu de Acción Intercultural, Heñói y Kuña Róga.

Secretaría Ejecutiva: Dante Ariel Leguizamón Morra.

ANEXO 14

Fallo judicial atenta contra la libertad de expresión

19 de noviembre de 2022

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y sus organizaciones integrantes advertimos sobre el grave atentado contra la libertad de expresión que constituye el fallo judicial hacia el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, como consecuencia de investigaciones periodísticas que realizaron desde ese medio de comunicación.

La investigación en cuestión relataba presuntos hechos de corrupción de una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, lo que resulta un asunto sumamente relevante para la opinión pública.

Con relación a la exposición de funcionarios públicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado en el Caso Fontevecchia y D’amico vs. Argentina, y en otros casos similares, que: «en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza», declaración que va en línea con lo planteado en el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH.

La misma declaración en su artículo 10 resalta que: «Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas».

Se entiende entonces que la jurisprudencia y los organismos internacionales de promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión se han manifestado en contra de la utilización de sanciones penales contra periodistas.

Estos lineamientos jurídicos internacionales se suman a lo ya establecido en el artículo 26 de nuestra propia Constitución Nacional, que señala que: «Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines».

En el mismo sentido, desde la Codehupy consideramos que un proceso y una condena penal como en este caso no son justificables, pues buscan restringir o desalentar las investigaciones sobre posibles situaciones de corrupción y, por ende, atentan directamente contra el ejercicio de la libertad de expresión, pilar fundamental de una sociedad democrática.

De persistir esta grave afectación a la libertad de expresión, la República del Paraguay se expone nuevamente a sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos.

Atendiendo a lo expresado, instamos a las autoridades judiciales a aplicar los instrumentos internacionales, adecuar la legislación nacional en este sentido y a cesar con la persecución penal en este y otros casos similares.

Coordinación de turno: Heñói, Kuña Róga y Red de ONGs que trabajan en VIH/sida.

Secretaría Ejecutiva: Dante Ariel Leguizamón Morra.