Verdades que duelen: retrocesos y estancamientos de la crisis climática

«Los pesticidas afectan todos los aspectos de las comunidades a las que rodean, desde su derecho a una vida digna y sana, a una educación, a un hogar, a la alimentación, y a un medio ambiente saludable» afirmó el Relator Especial de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas al concluir su misión al Paraguay, resumiendo una de las principales violaciones al derecho a un ambiente sano y cómo el privilegio de unos pocos es el sufrimiento de una mayoría que padece las consecuencias de esta crisis.

En el análisis se presenta un recuento de hechos relevantes —que son muchos— durante el último año referentes a violaciones al derecho a un ambiente sano. Entre los más destacables están las falsas soluciones detrás de los compromisos climáticos, como el negocio de los biocombustibles y plantaciones de monocultivos forestales; el insuficiente presupuesto público en el contexto de crisis climática actual; la preocupante situación de los agrotóxicos en el país; la destrucción de nuestros bosques y los casi nulos esfuerzos de conservación de áreas silvestres protegidas, en muchos casos, últimos remanentes representativos de ecosistemas. Finalmente, se hace referencia a casos de violaciones de derechos ambientales en comunidades indígenas, en un país donde las vulneraciones a los derechos de toda la población quedan muy por debajo en la lista de prioridades.

Situación del derecho en 2022

Compromisos climáticos. Entre falsas soluciones e intereses económicos privatistas

Han transcurrido siete años desde la aprobación del Acuerdo de París (2015)^[1], el cual marcó un hito de suma importancia en lo que a políticas climáticas y ambientales se refiere a nivel global. Desde este punto de vista, el Acuerdo establece una norma, primera en su tipo, que hace frente a la insostenibilidad del estilo de desarrollo actual que está generando impactos que apeligran sistemas climáticos y ecológicos en la Tierra.

Los compromisos asumidos por cada país firmante de dicho Acuerdo, las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)^[2], fueron actualizados en el 2021, con el objetivo de iniciar la ejecución de los programas de adaptación y mitigación que fueron planteados en esos compromisos. En las NDC asumidas en el 2016^[3], el Paraguay se comprometió a un 20% de las reducciones de gases de efecto invernadero (GEI)^[4] proyectadas al 2030. En las actualizaciones de dichos compromisos (2021)^[5] se establecen las estrategias, los ejes y las acciones que serán transversales para llevar a cabo las NDC^[6].

El Informe Anual 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que:

Las naciones deben redoblar sus esfuerzos y presentar planes nacionales de acción climática más fuertes y ambiciosos en 2021 si quieren lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global en 2 °C, e idealmente 1,5 °C, para finales de siglo^[7].

Este mensaje tiene un peso bastante especial para el Paraguay, teniendo en cuenta que las NDC de nuestro país son claramente insuficientes respecto a lo que indica ese informe^[8].

Según ese estudio, muchos países tienen proyecciones que lograrán emisiones mucho más bajas que el promedio requerido, resaltando sobremanera el caso de Paraguay, teniendo una proyección de contribuciones per cápita de 38,3 tCO₂e, muy por debajo del nivel requerido de 5 tCO₂e per cápita. Los datos de Paraguay se cruzaron con datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y confirmados por la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Más allá de que los compromisos asumidos por el país sean insuficientes, los mecanismos planteados y el alcance de las medidas priorizadas de adaptación y de mitigación abren un paraguas enorme hacia «falsas soluciones». Estas se pueden agrupar en cinco, que se presentan a continuación.

El «hidrógeno verde» y el uso local de la energía como estrategia de descarbonización

En la actualización referente a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas^[9] se evidencia cómo el hidrógeno verde (H₂ verde) se encuentra dentro de las medidas priorizadas de mitigación al cambio climático, específicamente dentro del sector transporte. Dicho de otro modo, se plantea la idea de que el H₂ verde pueda constituir una alternativa de provisión energética a este sector en particular y a otros sectores más electrointensivos.

Si bien se menciona que existe un particular interés en la producción de H₂ verde en el país, por el poco impacto ambiental que genera la producción de energía eléctrica, esto es certero desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la composición actual de la matriz energética en Paraguay es sumamente dependiente de la biomasa y los derivados del petróleo, aun siendo uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica per cápita a nivel global. En otras palabras, las principales fuentes de energía utilizadas a nivel nacional no están relacionadas con las «mega» represas^[10].

El hecho de que se produzcan grandísimas cantidades de energía hidroeléctrica no hace que Paraguay contamine menos, teniendo en cuenta la gran dependencia de la importación de los derivados de petróleo y la biomasa. Por lo tanto, si existe un fuerte interés en utilizar grandísimas cantidades de energía hidroeléctrica para la producción de H₂ verde, no necesariamente recae en un interés ambiental y ecológico, sino más bien de negocios. Se pretende crear las condiciones necesarias para poder generar un nuevo vector energético renovable (en este caso, el H₂ verde) usando como principal fuente otra energía renovable (la hidroeléctrica), que históricamente nunca pudo ser utilizada de manera soberana por nuestro país. En lugar de eso, ¿no sería mejor recuperar lo que nos corresponde por derecho (sin la necesidad del H₂ verde) para posteriormente transformar la matriz energética y así emplear la energía renovable para reducir el impacto de los derivados del petróleo en el transporte?^[11]

Los biocombustibles

La industria de biocombustibles en Paraguay posee un marco legal de fomento a los biocombustibles que ofrece beneficios fiscales a las industrias productoras. Más allá de eso, nuestro país ya cuenta con una capacidad de producción anual instalada de 139.000.000 litros de biodiésel y 695.000.000 litros de etanol. Así como el hidrógeno verde, los biocombustibles^[12] se encuentran dentro de las medidas priorizadas de mitigación para el sector transporte, ya que se pretende disminuir el uso de derivados del petróleo utilizando esta fuente de energía^[13].

La principal inversión realizada en la industria de los biocombustibles hasta el momento corresponde al proyecto denominado «Omega Green»^[14]. Dicho emprendimiento tendrá una capacidad de producción total de 20.000 barriles por día. Producirá una mezcla de combustibles como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, también conocido como diésel renovable), SPK (Synthetic Paraffinic Kerosene, también conocido como Sustainable Aviation Fuel o Biojet) y Green Naphtha (utilizado en la industria química para hacer plástico verde, entre otros productos). El biocombustible será producido en la planta que se instalará en la ciudad de Villeta^[15].

La inversión prevista para este emprendimiento es de USD 800 millones y será realizada por la multinacional brasileña ECB Group, dueña del proyecto Omega Green^[16]. Según información de la página web de esta empresa, las obras empezaron en noviembre del 2021 y en enero del 2022 se firmó un acuerdo con Copetrol^[17].

ECB Group, a través de Omega Green, informó que durante la primera quincena de enero suscribió un contrato con la empresa BP para la venta de 1.000 millones de litros de biocombustibles avanzados a partir del 2024. La empresa BP, anteriormente British Petroleum, es una organización con presencia mundial de energía integrada, con una amplia participación en toda la cadena de suministro de energía del mundo. Se dedica principalmente a la extracción de petróleo y de gas natural y su sede se encuentra en Londres, Reino Unido^[18].

Omega Green, la primera planta de biocombustible en América del Sur, tiene como objetivo producir principalmente biocombustible de aviación, en un país con muy poca demanda. Se espera que el principal insumo de la refinería sean el aceite de soja, las grasas animales de la faena de carne de exportación y el aceite de pongamia^[19].

Este tercer insumo mencionado es producido por un árbol originario de Asia, muy adaptable a diferentes tipos de terreno, tolerante a la sequía, el calor y la radiación solar. El aceite de semillas de pongamia no es apto para el consumo humano, pero puede utilizarse para producir biodiésel. El ECB Group anunció haber firmado un contrato a 30 años con la empresa holandesa Investancia, por la provisión de 300.000 toneladas anuales de «aceite de reforestación» y la misma ha empezado a plantar 125.000 hectáreas (50 millones de árboles) en la zona de Carmelo Peralta, en el Chaco paraguayo, territorio del pueblo ayoreo, que aún vive en aislamiento voluntario^[20].

¿Cómo una especie exótica logró ingresar para instalarse en un ecosistema tan frágil como el chaqueño? Convenientemente, a partir del 2020 se encuentra en el «Listado de poblaciones criollas y nativas que podrán ser utilizadas como material de propagación sin entrar en un sistema de certificación y fiscalización» del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave)^[21], justo en el momento en que la especie entra en los planes de ECB Group y el proyecto de Omega Green. Es lamentable que la enorme cantidad de energía renovable del Paraguay sea usada por empresas privadas, destruyendo los ecosistemas naturales, para la obtención de combustibles.

Intereses económicos detrás de las plantaciones forestales

En Paraguay, las plantaciones forestales corresponden a una medida priorizada como parte del programa de mitigación del sector cambio de uso de suelo y silvicultura (UTCUTS, por sus siglas en inglés) y del sector energía. Esto se puede visualizar en las actualizaciones de las NDC del 2021^[22].

Forestal Apepu^[23]

Financiado por el Fondo Arbaro^[24], el objetivo de Forestal Apepu es establecer plantaciones de eucalipto a lo largo de tres años, con un ciclo rotativo de doce años. Se encuentra entre los ecosistemas del Chaco Húmedo y el Bosque Atlántico (punto crítico de biodiversidad vulnerable o en peligro de extinción) e incluye al río Tapicuaryi (parte de sus nacientes y humedales asociados). Una pequeña parte de esta zona se plantará con una mezcla de eucalipto y especies nativas para cumplir con la reserva forestal mínima requerida por ley (ya se plantaron 1.150 ha hasta agosto de 2021)^[25].

Un estudio sobre impactos socioambientales de las plantaciones forestales de esta empresa, así como de Forestal San Pedro —ambos emprendimientos financiados a través del Fondo Arbaro y del Fondo Verde del Clima— dejaron en evidencia las falsas ideas de que las plantaciones traerían fuentes de trabajo, desarrollo y a la vez el «secuestro de carbono», protección de bosques y conciencia ambiental, omitiendo mencionar que las plantaciones forestales de eucalipto necesitan grandes extensiones de tierra para alcanzar su rentabilidad monetaria, a cambio de desplazar a comunidades de sus medios de vida^[26].

Este año se realizó la devolución del estudio en territorio, recorriendo lo que un poblador llamó «el silencio sepulcral de los eucaliptos». En 2021, la Forestal Apepu continuó su proceso de expansión a partir de la compra de las estancias Ybycai y Campo Ara. La superficie total pasó de 2.700 a 9.148 hectáreas y destinará a la producción de eucalipto unas 6.059 hectáreas. En el mismo año, pobladores(as) del asentamiento Julián Portillo denunciaron que la empresa había privatizado el camino de acceso a su comunidad; en la visita en junio de 2022, el cartel que privaba de acceso ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo, el monocultivo de eucalipto sigue creciendo en la zona^[27].

Paracel

La fábrica Paracel, del Grupo Zapag y la empresa sueca Girindus Investments, es la mayor inversión privada de la historia del país con USD 3.200 millones. Ubicada en Concepción, a orillas del río Paraguay, será la primera fábrica de celulosa del país. Al inicio de sus obras en 2021, contaba con 105.000 hectáreas de terreno y estimaban cubrir un 20% de su demanda de madera a partir de productores locales y el 80% con producción propia. Para esto, tenían previsto cultivar 140 millones de plantas de eucalipto. Su estimación de producción es de 1.5 millones toneladas de celulosa por año^[28].

Insuficiente presupuesto público en el contexto de crisis climática actual

En el presente contexto de crisis climática a nivel país, el rol que cumple el Estado (o que puede llegar a cumplir) es crucial. El presupuesto de las instituciones encargadas de velar por la calidad de nuestros ecosistemas es un indicador que puede permitir una mayor comprensión del grado de interés de los gobiernos en lo que a las distintas problemáticas ambientales se refiere.

En el gráfico 1 se puede ver la comparación de los presupuestos de tres instituciones estatales que tienen incidencia en la problemática ambiental (MADES, Instituto Forestal Nacional – Infona y Senave).

Gráfico 1. Presupuestos del MADES, Infona y Senave. Años 2018-2022 (en millones de guaraníes)

Fuente: Elaboración de Base-IS con datos de Ministerio de Hacienda (BOOST) y Banco Central del Paraguay (BCP).

Al sumar los presupuestos (en millones de guaraníes) de las tres instituciones, tenemos que hay una pequeña reducción: de 228.533 (2018), 241.901 (2019), 244.431 (2020), 240.654 (2021) a 227.181 (2022). El porcentaje de estas sumas en relación con el PGN se observa en el gráfico 2. Se puede apreciar una reducción de las políticas de protección del medio ambiente en comparación al resto de las políticas: del 0,31% del PGN en el 2018, el presupuesto global de las tres instituciones pasó al 0,23%.

Gráfico 2. Presupuestos sumados de las tres instituciones (en porcentaje) del PGN. Años 2018-2022

Fuente: Elaboración de Base-IS con datos del Ministerio de Hacienda.

En el gráfico 3 se puede visualizar cómo el Estado, en términos globales, destina más inversión a los agroexportadores de soja (vía crédito fiscal) que a las tres instituciones que deben controlar el respeto de la biodiversidad y reparar el daño realizado —entre otras causas— por el cultivo de soja (vía contaminación, deforestación).

Gráfico 3. Comparación (en porcentaje) del PIB del total del presupuesto para MADES, Infona y Senave con el crédito fiscal en IVA a los agroexportadores de soja y el impuesto a la renta pagado por los agroexportadores de soja

Fuente: Elaboración de Base-IS con datos del Ministerio de Hacienda.

El impuesto a la renta pagado por los agroexportadores de soja, así como también los créditos fiscales de IVA devuelto por el Estado a los mismos agroexportadores^[29] son datos que están visibilizados en la tabla 1.

Tabla 1. Agroexportadores de soja: impuesto a la renta y créditos fiscales. Años 2018-2021 (en millones de guaraníes)

Fuente: Elaboración de Base-IS con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda^[30].

Aquí es de suma importancia remarcar los siguientes aspectos:

• Si se analiza cuánto dinero se devolvió a los agroexportadores de soja (en relación con el PIB del país) en comparación con la suma de las tres instituciones en términos porcentuales, se puede concluir que dicha «devolución» es mayor a lo que reciben las instituciones al año 2021 (0,20% frente a 0,11%). Dicho de otro modo, el Estado paraguayo invierte más dinero (casi el doble en el 2021, más del triple en el 2019) en los agroexportadores de soja en términos de «devolución de crédito fiscal por IVA» que a las mismísimas instituciones estatales encargadas de velar por la calidad de nuestros ecosistemas a nivel nacional. Es importante notar que, en el 2020, el crédito fiscal devuelto por el Estado fue considerablemente menor, por la aplicación de la «reforma» fiscal (modernización del sistema tributario) del 2019, que suprimió dicha devolución de IVA. La medida fue reinstalada durante la pandemia («Ley de Reactivación 2.0»).
• Dichas empresas agroexportadoras reciben grandísimos beneficios impositivos, lo cual hace que sus ganancias sean enormes. Sin embargo, es este mismo sector uno de los principales responsables del alto índice de masa boscosa perdida en el país desde hace tres décadas^[31].

Recuento de agrotóxicos en Paraguay

Según un informe realizado por Heñói^[32], solamente en 2021 Paraguay importó 61.953 toneladas de agrotóxicos, entre insecticidas, herbicidas y fungicidas, en comparación con las 52.946 toneladas en 2020. Entre el 2011 y el 2021, los herbicidas importados crecieron en 375%, pasando de 8.830 t a 41.918 t; los fungicidas pasaron de 994 t a 11.302 t, un salto de 1.036%; los insecticidas aumentaron en 109%, pasando de 4.185 t a 8.732 t. En conjunto, los tres tipos de plaguicidas pasaron de 14.010 toneladas importadas a 61.953 toneladas en tan solo 10 años, un salto de 342%. Lo peor de la situación es que no existe una buena relación entre este crecimiento en la importación en la última década con el crecimiento en la superficie cultivada: en el mismo periodo de tiempo, los cultivos mecanizados de soja y maíz transgénicos solo tuvieron un incremento del 12% y 15%, respectivamente.

A pesar de los escandalosos porcentajes de importación de agrotóxicos en los últimos años, la lista larga de irregularidades con respecto a la gestión de los agrotóxicos en el país sigue. El mismo estudio de Heñói indica que, según la Dirección de Agroquímicos del Senave, Paraguay tiene registrados y habilitados 4.182 productos, en cinco categorías de registro distintas, que contienen 285 principios activos diferentes. Sin embargo, el ente solamente ha definido el perfil de 43 principios activos. Entre aquellos con perfil no definido se encuentran sustancias peligrosas, como el paraquat, prohibido en 58 países^[33].

La falta de información referente a sustancias tóxicas que afectan al estado de aguas, ya sean superficiales o subterráneas de los registros de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del MADES, debida a la poca diligencia e inacción de la institución, trae aparejada como consecuencia la imposibilidad de encarar un problema que afecta a toda la población paraguaya^[34].

Visita del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos

Un hecho que también cobró relevancia en el presente año fue la visita de Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, a los efectos de realizar un monitoreo y reporte de la situación de sustancias tóxicas en el país. En octubre de 2022, como conclusión de su visita, compartió un informe preliminar^[35] con datos resaltantes de su monitoreo.

Entre sus recomendaciones^[36], urgió la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), alegando que, pese a todas las leyes ambientales que posee el país, la gran mayoría no se cumple y que esto genera una desprotección de las personas frente a riesgos ambientales. Expresó su preocupación sobre la influencia indebida de las empresas en las políticas públicas respecto a agrotóxicos, remarcando que existe una Ley de «Deforestación Cero» en la región Oriental, pero se deforestan en promedio 60 ha por día y que esto se da en un contexto de inequidad territorial.

Como el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinado a la agroindustria dependiente de insumos químicos, donde el promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea, expresó que «sería preocupante, aún más escalofriante, cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat, pesticidas altamente peligrosos»^[37]. Mencionó que desde el 2003 Paraguay ingresó a la lista de FAO de «países preocupantes» por su uso de pesticidas y expuso que los pesticidas, que para el agronegocio han resultado en grandes beneficios económicos, para las comunidades arrinconadas por los cultivos han resultado en la pérdida de sus territorios, enfermedades, discapacidades, muertes, conflictos sociales y judiciales, y que afectan a todos los aspectos de las comunidades a las que rodean, desde su derecho a una vida digna y sana, a una educación, a un hogar, a la alimentación, y a un medio ambiente saludable.

Acuerdo de Escazú

Con respecto a este Acuerdo, dos hitos importantes han tenido lugar entre marzo y abril de 2022^[38], esto es, a cuatro años del inicio de este proceso. En primer término, en marzo del corriente se llevó a cabo la PRECOP1- Conferencia Preparatoria a la COP1 (Conferencia de Partes, por sus siglas en inglés), en la sede de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en Santiago de Chile.

En segundo término, al haberse celebrado consecuentemente la COP1, en abril de 2022 se sentaron las bases contenidas en el mandato del artículo 15^[39] del Acuerdo, que expresamente determina que en la primera conferencia de las partes se establecerán mecanismos operativos y administrativos para financiar los órganos establecidos en el mismo.

Es decir, el Acuerdo es hoy una realidad ineludible para el fortalecimiento de los derechos humanos y ambientales en la región^[40]. Sus ejes, que constituyen la clave para comprender el impacto que conllevaría en el ámbito de la defensa del ambiente en nuestro sistema interno la adopción de dicho instrumento internacional, son: 1) la consolidación del derecho a la información en cuestiones ambientales; 2) la promoción de la participación de la ciudadanía en todos los temas que afectan a su entorno de vida y salud; y 3) la garantía del acceso a la justicia, haciendo énfasis en la protección de defensores y defensoras ambientales.

En el reciente espacio de la COP1 de abril de 2022^[41] salieron a la luz interesantes diálogos que contribuyeron a visibilizar el hecho de que, contrariamente a lo sostenido por los oponentes^[42], no se registró un decaimiento de la economía de ninguno de los países que han adoptado el Acuerdo, ni tampoco se ha dado una fuga masiva de inversiones extranjeras o se han generado menos ingresos para la población afectando la «competitividad» productiva o dado lugar a alguna otra cosa terrible como lo vaticinado maliciosamente^[43]. Al contrario, la adopción del Acuerdo de Escazú por los 12 países que lo han ratificado ha significado un avance más que relevante para comprenderlo como una mejor herramienta de gobernanza, necesaria en la región, a fin de plasmarla en políticas públicas que aseguren un ambiente sano para las generaciones futuras.

En un plazo inmediato, el Estado paraguayo debe proceder asimismo a la prevención, reparación y no repetición de las violencias cometidas en materia ambiental contra personas y comunidades. Por ello, atendiendo a todas estas razones, Paraguay ya no tiene argumentos para persistir especialmente en la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú.

La deforestación legal: la principal causa de destrucción de los bosques del Chaco

En la actualidad se habla de la «deforestación ilegal» como amenaza a los bosques en todo el mundo. Esto no es del todo así en muchos países y, tal vez, en la mayoría. Pero dicho caso es evidente en Paraguay, donde la ley no es aplicada de manera imparcial y existen sectores privilegiados que se benefician de su manifiesta inobservancia.

Así, las razones para tanta legalidad no obedecen al apego ejemplar a la ley por parte de quienes se han apropiado —en mayor medida de manera ilegal— de las tierras de los pueblos indígenas del Chaco^[44], sino que obedecen al hecho de que existe una complicidad efectiva entre los estamentos oficiales reguladores de la actividad agropecuaria que garantiza el otorgamiento de licencias sin inconvenientes, solamente con el cumplimiento de procedimientos burocráticos y con escasa posibilidad de rechazo^[45]. Consecuentemente, la opción mayoritaria de los terratenientes es la de «cumplir con la ley»^[46].

Esta situación ha sido constatada por Iniciativa Amotocodie, en sucesivos análisis a lo largo de más de 15 años, de los Relatorios de Impacto Ambiental (RIMA) presentados a la autoridad de aplicación de la Ley N.º 294 «De Impacto Ambiental», el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta ley es la que contempla el otorgamiento de la licencia o autorización para el «cambio de uso del suelo», eufemismo acuñado por la burocracia para referirse a la deforestación o destrucción o reemplazo de ecosistemas naturales que obstaculizan la implementación de actividades extractivas características del agronegocio, como son la ganadería extensiva y el monocultivo de especies agrícolas transgénicas^[47].

Este proceso de aplicación deletérea de la ley primordialmente constituye una afrenta a los derechos humanos de los pueblos indígenas del Chaco y, especialmente, los de los grupos del pueblo ayoreo que vive en aislamiento voluntario en los remanentes boscosos aún existentes^[48].

El mapa 1 presenta, por departamento y por distrito, la superficie aprobada para la deforestación o «cambio de uso de suelo». Lo que expone, en realidad, es la situación de amenaza de destrucción que pesa sobre esos territorios y sus ecosistemas. En síntesis, 192.140 hectáreas podrán ser deforestadas en el lapso de los próximos 2 años, sumándose al promedio anual calculado por el MADES de unas 264.000 hectáreas al año^[49].

Fuente: Iniciativa Amotocodie.

Casos ocurridos en 2022

Áreas silvestres protegidas: confusiones en cuanto a su protección

Tal como se mencionó en el último artículo sobre el derecho a un ambiente sano, en el presente año se repite esta situación de reacciones parciales, dependiendo de quienes serían los beneficiarios ante intervenciones en áreas silvestres protegidas^[50].

En octubre de 2022, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley «que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley N.° 5723/2016 que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco»^[51], con el fin de autorizar a empresas privadas a realizar la prospección y explotación de minerales e hidrocarburos. Entre los argumentos que apoyan la explotación se encuentran iniciativas anteriores en las cuales se detectaron pozos de gas natural que aún no fueron comercialmente explotados^[52]. Todo esto se da en un contexto de suma importancia, dado que el Parque Nacional Médanos del Chaco contiene un ecosistema único y muy frágil a posibles intervenciones, con muestras representativas naturales, culturales y étnicas.

La relevancia de los médanos radica en que estos albergan y protegen un ecosistema único, que poseen un relieve tubularmente elevado, sobresaliente en todo el oeste chaqueño. Este tipo de relieve ha sido el causante de periodos de intensa actividad geomorfológica^[53], es decir, hace alusión al viento, al arrastre de sedimentos y al tiempo geológico que necesita para la formación de los médanos. Protege un acuífero de gran importancia, Yrenda, reserva de agua dulce del Chaco y es el que abastece a comunidades que viven en el territorio.

La zona ha sido escenario de batallas durante la Guerra del Chaco, donde la Picada de la Desesperación constituye un espacio histórico y es territorio ancestral de dos pueblos indígenas: la comunidad Pykasu, de los guaraní ñandéva en la porción suroeste del parque; y al norte, parte del territorio del pueblo ayoreo^[54] que se encuentra hasta hoy día en aislamiento voluntario.

La sanción de esta ley marcaría un funesto antecedente no solo en la protección de las áreas silvestres protegidas, sino que también constituye otro episodio en la vulneración de los derechos de comunidades indígenas, desplazándolas de sus territorios, perdiendo cultura e identidad en el proceso. Paradójicamente, mientras en el marco de sus relaciones internacionales el Estado paraguayo adopta compromisos contra el cambio climático, como el de garantizar bienes sustentables de las áreas naturales, en el ámbito interno impulsa proyectos de ley que habilitan la destrucción de ecosistemas frágiles como los médanos.

Violaciones a los derechos ambientales de las comunidades indígenas de la nación yshir

En el 2018 se lanzó oficialmente la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito de Bahía Negra, siendo un ambicioso proyecto de la Municipalidad de Bahía Negra que involucra un volumen de recursos de alta relevancia para la zona. Al proceso de elaboración del POUT fueron invitadas a participar las comunidades de la nación yshir, organizadas en Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY).

Sin embargo, los criterios, así como los requerimientos técnicos y presupuestarios para trabajar la consulta con las comunidades no estuvieron planificados desde el inicio. Así, ante el hecho de que debía realizarse la consulta a los pueblos indígenas, se tuvo que abordar la situación con una metodología y recursos sobrevinientes a la planificación inicial, que finalmente terminaron por no incluir a la totalidad del pueblo. Pero, además, la participación parcial de gente del pueblo yshir permitió ver que el proceso en sí está viciado de irregularidades.

Cuando se comenzaron a elaborar los instrumentos legales sobre los cuales se volcó el trabajo en terreno y las consultas realizadas, la UCINY se percató de que se llevaría a la práctica un proyecto distinto al consensuado por parte del pueblo yshir que había participado de la consulta. Esta situación avasalla sus derechos territoriales y de vivir en un ambiente sano, con nefastas consecuencias para la vida indígena yshir, además de viciar totalmente la consulta realizada.

Además de no preservar los recursos naturales tan valorados y vitales para la supervivencia del pueblo, se pretende la construcción de un puerto en el límite con una de las comunidades indígenas yshir; con el agravamiento de que la dimensión del mismo es aún mayor a la inicialmente planteada.

Se registra, por tanto, un agrandamiento mayor de la zona portuaria, sin zona de retiro, produciendo riesgos mayores de seguridad (perturbación del camino de la escuela de niños, niñas y jóvenes yshiro) y contaminación del agua del río del cual se abastecen las comunidades; a una distancia de extracción muy cercana al lugar en el cual funcionaría el puerto con todos sus lógicos desechos de funcionamiento. Esto, en términos ambientales, implica procesos que generan erosión sin muro de contención, además de afectaciones sanitarias (más barcos río arriba bombeando agua con descarga de gasolina, por ejemplo).

Antes del 2018, al momento de discutir en terreno el POUT, el Paraguay no contaba con una disposición reglamentaria del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, el proceso no debía desconocer lo que se ha desarrollado en la materia^[55].

Es más, al momento de desarrollo del POUT, específicamente en la fase de elaboración de las ordenanzas municipales que recogerían el proyecto, Paraguay ya contaba con un decreto presidencial que recogía lo necesario para que proyectos de esta envergadura sean considerados bajo dichos procedimientos. El Decreto N.º 1039/2018 obliga al Gobierno central, municipios, entes públicos y entes privados a aplicar estos procedimientos de consulta establecidos, más aún, en proyectos de esta envergadura, resaltando un punto de fundamental importancia: el proceso de consulta y consentimiento es expresamente vinculante para el Estado. Pero, concretamente, nada de lo contemplado en dicho decreto fue llevado adelante por el Estado.

Los yshiro han elevado su voz de protesta: han presentado a los consultores del POUT los puntos que necesariamente deben ser incluidos y cómo hacerlo; han remitido notas a las instituciones involucradas, donde expresan todos los puntos de afectación de sus derechos territoriales y ambientales, y han solicitado corregir las ordenanzas puestas a consideración en una mesa de trabajo. El MADES realizó una visita al territorio el 3 y 4 de mayo de 2022 junto al Instituto Paraguayo del Indígena, la Secretaría Técnica de Planificación y la empresa consultora responsable de elaborar el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA).

La impugnación del pueblo indígena señala como una de las violaciones la falta de acceso a la información en un lenguaje entendible y de buena fe, atendiendo a que el documento debatido en dichos actos públicos no ha sido facilitado con anterioridad a los yshiro en un formato accesible y expuesto en un lenguaje amigable a todas las personas interesadas.

Los yshiro también formularon objeciones verbales y por escrito con respecto a las propuestas del POUT en sí, ante las afectaciones proyectadas. En junio de 2022, la UCINY presentó a las autoridades un borrador de ordenanza que recupera la omisión que se realizó pese a los acuerdos.

Actualmente, el proceso del POUT de Bahía Negra se encuentra paralizado, según ha sido informado verbalmente por funcionarios del MADES. No obstante, aún no existen respuestas oficiales ante las objeciones planteadas por el pueblo yshir en defensa de sus derechos ambientales y territoriales, razón por la cual, concretamente, los proyectos de ordenanza todavía se encuentran en trámite.

Violaciones a los derechos ambientales de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a, del pueblo enxet

La comunidad indígena Payseyamexyempa’a (Colonia 96 y Buena Vista), del pueblo enxet, está ubicada a 357 km de Asunción, por Ruta PY05 «General Bernardino Caballero», entre los distritos de Pozo Colorado y Concepción y luego, desde esa ruta, a 55 km al norte, en el departamento de Presidente Hayes.

El difícil acceso a la misma, debido a la no disponibilidad de un camino en buenas condiciones y de los servicios más básicos —como agua, salud y educación—, la coloca en un estado de mucha vulnerabilidad, por lo que constituye una de las comunidades indígenas más relegadas por el Estado paraguayo.

El 1 de septiembre de 2022, los líderes de la comunidad denunciaron ante el Ministerio Público la invasión en el inmueble de titularidad de la comunidad, presumiblemente cometida por un ganadero colindante, quien se encuentra realizando desmonte y alambrando una superficie que ingresa más de 100 metros en uno de los límites de la comunidad^[56]. La penetración ilícita en el inmueble consistiría en una superficie de unos 160 metros hacia el interior de la propiedad comunitaria titulada.

Asimismo, en lo que respecta al patrimonio natural de la comunidad dueña de su hábitat tradicional, en la misma fecha y ante la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Villa Hayes, también se ha denunciado la afectación ambiental hecha con el desmonte y la consecuente pérdida de vida silvestre. Pero los líderes manifiestan que dicha denuncia, a casi dos meses de su realización, no ha tenido una sola repercusión en lo que se refiere a la cesación de las consecuencias de la conducta punible cometida contra el bien jurídico del pueblo enxet, protegido por el marco legal.

La pérdida del hábitat tradicional en esa parte del inmueble debido al desmonte sería irreparable. A pesar de la denuncia y la insistencia por escrito con carácter de urgencia, no se ha realizado ninguna diligencia, ni siquiera la ratificación de las víctimas, habiendo transcurrido, a la fecha de redactar el presente informe, dos meses desde la recepción de la denuncia por parte del Ministerio Público. El silencio y la inacción del Ministerio Público desde las unidades fiscales involucradas en el caso constituyen una abierta violación al derecho de acceso a la justicia de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a, del pueblo enxet.

Conclusiones

En el periodo que se informa, se pudieron evidenciar mecanismos y medidas de adaptación en la promoción de falsas soluciones como medidas de mitigación al cambio climático. En tal sentido, se puede constatar que el interés invocado en la producción del H₂ verde y biocombustibles no recae necesariamente en un genuino interés ambiental y ecológico, sino más bien en negocios, ya que mientras tanto se promueve el ingreso de la pongamia, especie exótica instalada en uno de los ecosistemas más frágiles. En este orden, también se ha podido contrastar cómo las ideas respecto a las bondades de los monocultivos de eucalipto no son tales.

Respecto a los agrotóxicos, se mantienen los escandalosos porcentajes de su importación, muchos de ellos con perfil no definido y prohibidos en otros países. La falta de información por parte de la autoridad de aplicación impide un abordaje diligente de la problemática.

Los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de la deforestación de sus territorios, amparada en visos de legalidad, mientras se impulsan iniciativas legislativas que permitan autorizar a empresas privadas a realizar la prospección y explotación de minerales e hidrocarburos, en detrimento del balance ecológico de sus territorios. Contrariamente, el Estado sigue dando largas respecto a su ineludible obligación de ratificar el Acuerdo de Escazú.

En materia presupuestaria, se constató que el presupuesto de las instituciones encargadas de velar por la calidad de nuestros ecosistemas ha experimentado una reducción en los últimos cuatro años.

A pesar de este panorama poco favorable, se destaca de manera positiva la visita del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Recomendaciones

Por una cuestión de vigencia, se reiteran recomendaciones de informes anteriores.

• Sancionar y promulgar una Ley de «Deforestación Cero» para el Chaco.
• Eliminar los privilegios otorgados a algunos sectores de producción por sobre otros en detrimento al principio de igualdad, no discriminación y con consecuencias en el disfrute del derecho a un ambiente sano.
• Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).
• Regular, supervisar y fiscalizar las actividades tendientes a producir un impacto en el ambiente, en especial, las que se encuentran afectando potencialmente a comunidades vulnerabilizadas, dotando de una inversión suficiente y un procedimiento efectivo.

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Guillermo Achucarro

Msc en Hidrología. Ing. Ambiental. Investigador en el área de Políticas Climáticas y Transición Energética en Base-IS. Docente universitario.

Contacto: guillermo.achucarro@gmail.com

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Miguel Lovera

Ingeniero agrónomo, especialista en conservación in situ de especies vegetales agrícolas. Actualmente se desempeña como coordinador general de Iniciativa Amotocodie.

Contacto: miguel.lovera@iniciativa-amotocodie.org

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Sara Montiel

Tesista de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción y actualmente apoyando en el funcionamiento y fortalecimiento de la Red de Semillas en el Centro de Estudios Heñói.

Contacto: sara.montiel12@gmail.com

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Natalia Rodríguez

Abogada de derechos humanos. Actualmente responsable en el Área de Casos, Litigios e Incidencias de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Contacto: nrodriguez@tierraviva.org.py

1. Reformas y/o acciones desde los Estados en relación con el clima y el ambiente tanto a nivel nacional como internacional que puedan contribuir al cumplimiento de la meta global de 2 °C. ↑
2. Las NDC corresponden a los compromisos climáticos que cada país asumió en el Acuerdo de París (2015). Naciones Unidas, «El acuerdo de París y contribuciones determinadas a nivel nacional», acceso el 20 de octubre de 2022, https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc ↑
3. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Contribuciones Nacionales de la República del Paraguay, http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Contribuciones-Nacionales-de-la-Rep%C3%BAblica-del-Paraguay.pdf ↑
4. Para tener un análisis más crítico de la producción de GEI a nivel nacional se recomienda la siguiente lectura: «Desmitificando discursos sobre la gran problemática de la crisis climática en Paraguay», Base Investigaciones Sociales. Informes Especiales N.º 51. Noviembre – 2021, acceso el 20 de octubre de 2022, https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2021/11/Informe-especial-51-BASE-1.pdf ↑
5. Todos los países firmantes del Acuerdo de París están obligados a actualizar sus compromisos cada 5 años. ↑
6. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Actualización de la NDC de la República del Paraguay, 2021, http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/ACTUALIZACION-DE-LA-NDC-DEL-PARAGUAY_Borrador-final_Julio-2021-1.pdf ↑
7. «Cambio climático sin freno: los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París», Naciones Unidas, 26 de febrero de 2021, acceso el 16 de octubre de 2022, https://www.un.org/es/climate-action/un-issues-red-alert#:~:text=Las%20naciones%20deben%20redoblar%20sus,nuevo%20informe%20de%20ONU%20Cambio ↑
8. PNUMA, Emissions Gap Report 2018 (Nairobi: PNUMA, 2018), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y ↑
9. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Actualización de la NDC… ↑
10. Guillermo Achucarro, «El hidrógeno verde: sus verdades y sus grandes mentiras», Base Investigaciones Sociales Informes Especiales N.º 56. Julio – 2022, acceso el 20 de octubre de 2022, https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2022/07/Informe-especial-56-BASE.pdf ↑
11. Achucarro, «El hidrógeno verde: sus…, 7. ↑
12. Para consultar las principales empresas de biocombustibles en Paraguay, ver en:Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – Viceministerio de Minas y Energía (VMME), Hacia la ruta del Hidrógeno Verde en Paraguay (Asunción, MOPC-VMME, 2021), https://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/H2/H2%20Propuesta_de_Innovacion_DIGITAL.pdf ↑
13. Guillermo Achucarro, «Los intereses económicos detrás de las políticas climáticas en Paraguay», Informes Especiales N.º 47. Agosto – 2021, Base Investigaciones Sociales, acceso el 20 de octubre de 2022, https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2021/09/2021_Nro47-Agosto.pdf ↑
14. ECB Group, BSBIOS Paraguay, https://www.ecbgroup.com.br/es/compania/bsbios-paraguay/omega-green ↑
15. Ibidem 13, página 8. ↑
16. «BSBIOS prepara la infraestructura del nuevo emplazamiento para iniciar la construcción de la biorrefinería Omega Green en Paraguay», ECB Group, acceso el 16 de octubre de 2022, https://www.ecbgroup.com.br/es/Noticia/bsbios-prepara-la-infraestructura-del-nuevo-emplazamiento-para-iniciar-la-construccion-de-la-biorrefineria-omega-green-en-paraguay ↑
17. «BSBIOS Paraguay firma un memorando de entendimiento con Copetrol para invertir en el proyecto Omega Green», ECB Group, acceso el 16 de octubre de 2022, https://www.ecbgroup.com.br/es/Noticia/bsbios-paraguay-firma-un-memorando-de-entendimiento-con-copetrol-para-invertir-en-el-proyecto-omega-green ↑
18. «La empresa Omega Green firma su primer contrato de comercialización de biocombustibles», Ministerio de Relaciones Exteriores, 19 de enero de 2021, acceso el 16 de octubre de 2022, https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/la-empresa-omega-green-firma-su-primer-contrato-de-comercializacion-de-biocombustibles ↑
19. Inés Franceschelli, Sara Montiel, Ángel Tuninetti y Omar Yampey, Produciendo combustibles para aviones ajenos (Asunción: Heñói – Centro de Estudios, 2022), https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2022/04/ES_agrofuels_case-study_2022.pdf ↑
20. Ibidem, página 5. ↑
21. «¿Reikua’apio la pongamia?», Heñói – Centro de Estudios, 21 de julio de 2022, acceso el 12 de octubre de 2022, https://henoi.org.py/index.php/2022/08/03/reikuaapio-la-pongamia/ ↑
22. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Actualización de la NDC…, 63 y 80. ↑
23. Ibidem 13, página 5. ↑
24. El Fondo Arbaro es una entidad privada con base en Luxemburgo que tiene como objetivo invertir en proyectos de forestería. Arbaro Advisors, About The Arbaro Funds, 2021, https://www.arbaro-advisors.com/arbaro-fund/ ↑
25. Forestal Apepu, Evaluación de Paquete de Impacto Ambiental y Social (Asunción: Forestal Apepu, 2020), acceso del 12 de octubre de 2022, https://bit.ly/2UYQu6O ↑
26. Guillermo Achucarro, Julia Cabello, Gladys Casaccia, Inés Franceschelli, Marcos Glauser y Miguel Lovera, «Escenario de crisis climática y negación de derechos», en Derechos Humanos en Paraguay 2021 (Asunción: Codehupy, 2021), 176-193. ↑
27. Omar T. Yampey, «Fragmentos de oxígeno y cultura ante tanto monocultivo de eucalipto. Devolución del estudio de caso Arbaro en las comunidades Achita y Sebastián Larrosa», Heñói – Centro de Estudios, junio de 2022, acceso el 12 de octubre de 2022, https://henoi.org.py/index.php/2022/07/25/devolucion-comunitaria-del-estudio-de-caso-arbaro/ ↑
28. Ibidem 13, página 5. ↑
29. Las agroexportadoras son principalmente: las corporaciones transnacionales que conforman el llamado «ABCD del agronegocio (ADM, Cargill, Bunge, LDC), junto con Sodrugetsvo de capital ruso, COFCO de capital chino» y agroempresas de capital brasilero. Para más información se recomienda la siguiente lectura:Leticia Arrúa, Lis García, Guillermo Ortega y Sarah Zevaco, Radiografía del agronegocio sojero (Asunción: Base-IS, 2020), https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2021/03/2020_Dic-Cadena-de-la-soja_compressed.pdf ↑
30. «Solicitud #56906. Datos devolución IVA agroexportadores de soja serie 2004-2021», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 21 de octubre de 2022, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/56906 ↑
31. Para ampliar la información sobre la responsabilidad del agronegocio en la deforestación se recomienda: Guillermo Ortega, Perla Álvarez Brítez, Gervasio Apipé et al., Con la Soja al Cuello 2020: Informe sobre agronegocios en Paraguay (Asunción: Base-IS, 2020), https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2020/11/ConlaSojaalCuello2020-versionweb-2-compressed.pdf ↑
32. Heñói – Centro de Estudios, Agrotóxicos en Paraguay. Informe para el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana, 2022, https://henoi.org.py/wp-content/uploads/2022/10/Informe-sobre-Agroto%CC%81xicos-en-Paraguay-Centro-de-Estudios-Henoi.pdf ↑
33. Ibidem, 2. Según la Red de Acción en Plaguicidas (PAN), en Paraguay solo 11 variedades están prohibidas, muchas menos que en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Igualmente, muy por debajo de las sustancias prohibidas en China, India, EE. UU. y la Unión Europea, con lo que el país se constituye en un receptor de productos prohibidos en otras regiones. ↑
34. «Solicitud #59174. Contaminación de aguas», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 25 de octubre de 2022, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/59174 ↑
35. «Paraguay: aumento alarmante de uso de agrotóxicos compromete los derechos humanos, dice experto de la ONU», Naciones Unidas, 14 de octubre de 2022, acceso el 21 de octubre de 2022, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/10/paraguay-alarming-increase-use-pesticides-compromises-human-rights-says-un. «Lapidario informe preliminar de la ONU sobre sustancias tóxicas y DDHH en Paraguay», Última Hora, 14 de octubre del 2022, acceso el 21 de octubre del 2022, acceso el 14 de octubre de 2022, https://www.ultimahora.com/lapidario-informe-preliminar-la-onu-sustancias-toxicas-y-ddhh-paraguay-n3028541.html ↑
36. «Conferencia de prensa del relator de sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU» [Archivo de video], Naciones Unidas, 14 de octubre de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=YTXMnm6Vi4k&t=3s ↑
37. Ibidem. ↑
38. Esto es, habiéndose alcanzado la cantidad necesaria de firmas ratificatorias de los Estados para su entrada en vigor ya en abril de 2021. ↑
39. «Artículo 15: /…/ En su primera reunión, la Conferencia de las Partes: a) deliberará y aprobará por consenso sus reglas de procedimiento, que incluirán las modalidades para la participación significativa del público; y b) deliberará y aprobará por consenso las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del presente Acuerdo». Naciones Unidas/CEPAL, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: CEPAL, 2022), 33, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/S2200798_es.pdf ↑
40. «Países de América Latina y el Caribe reafirman al Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras», CEPAL, 22 de abril de 2022, acceso el 15 de octubre de 2022, https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/noticias/paises-america-latina-caribe-reafirman-al-acuerdo-escazu-como-herramienta-fundamental ↑
41. Ibidem. ↑
42. Tal es así que en 2018 hubo una encarnizada contraposición manifestada por actores públicos de parte de dos Estados que sorprendentemente se encontraban entre los primeros impulsores: Perú y Paraguay. Esta postura, alentada en nuestro país por el Arzobispado de la Iglesia católica, fue principalmente sostenida por sectores cuyo modelo productivo está basado en la ganadería y el monocultivo extensivos; esto es, la expoliación y el despojo ambiental. Finalmente, el Ejecutivo retiró el proyecto. La actividad de estos sectores económicos enemigos del Acuerdo de Escazú genera graves daños con el envenenamiento de las bases de la vida y la migración de poblaciones rurales campesinas e indígenas, desplazándolas de sus hábitats tradicionales y modo de vida. ↑
43. «Paraguay retira proyecto de acuerdo ambiental tras crítica de arzobispo», Última Hora, 2 de diciembre de 2019, acceso el 20 de octubre de 2022, https://www.ultimahora.com/paraguay-retira-proyecto-acuerdo-ambiental-critica-arzobispo-n2857850.html ↑
44. «En Paraguay hay más de 20 millones de hectáreas de tierras malhabidas», Iniciativa Amotocodie, 22 de septiembre de 2021, acceso el 20 de octubre de 2022, https://www.iniciativa-amotocodie.org/2021/09/22/en-paraguay-hay-mas-de-20-millones-de-hectareas-de-tierras-malhabidas/ ↑
45. «Aquí todo se puede conseguir. El tráfico de tierras indígenas en el Chaco paraguayo», Earthsight, 30 de septiembre de 2020, acceso el 24 de octubre de 2022, https://www.earthsight.org.uk/analysis-trafficking-indigenous-land-in-paraguayan-chaco-es ↑
46. «ARP celebra oportuno comunicado del Gobierno desmintiendo acusaciones», Asociación Rural del Paraguay, 27 de agosto de 2020, acceso el 24 de octubre de 2022, https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2901-arp-celebra-oportuno-comunicado-del-gobierno-desmintiendo-acusaciones-sobre-deforestacion ↑
47. «No es deforestación, sino “cambio de suelo”», ABC Color, 11 de julio de 2018, acceso el 24 de octubre de 2022, https://www.abc.com.py/nacionales/no-es-deforestacion-sino-cambio-de-suelo-1720685.html ↑
48. «Los ayoreo: los últimos aislados fuera de la Amazonía», International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 13 de julio de 2021, acceso el 24 de octubre de 2022, https://www.iwgia.org/es/paraguay/4434-los-ayoreo-los-%C3%BAltimos-aislados-fuera-de-la-amazon%C3%ADa.html ↑
49. «Nuevas áreas de deforestación en el Chaco paraguayo», Mongabay, 19 de julio de 2019, acceso el 24 de octubre de 2022, https://es.mongabay.com/2019/07/nuevas-areas-de-deforestacion-en-el-chaco-paraguayo/ ↑
50. Se mencionaban dos casos de relevancia en áreas silvestres protegidas con diferentes finales ante situaciones que alteran áreas de conservación. Uno de ellos hacía referencia a la denegación a familias campesinas de Marina Kué al acceso a tierras, con el fundamento de la preservación de bosques y por contraponerse a la Ley de «Deforestación Cero». Achucarro et al., «Escenario de crisis climática… ↑
51. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 20 de octubre de 2022, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/125474 ↑
52. «Pretenden vulnerar Parque Médanos del Chaco para la explotación de hidrocarburos», ABC Color, 13 de octubre de 2022, acceso el 13 de octubre de 2022, https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/10/13/pretenden-vulnerar-parque-medanos-del-chaco-para-la-explotacion-de-hidrocarburos ↑
53. Sistema de Información Ambiental, Plan de Manejo – Parque Nacional Médanos del Chaco 2017-2027, 2017, acceso el 12 de octubre de 2022, https://apps.mades.gov.py/siam/portal/area-protegida/27 ↑
54. Ibidem. ↑
55. Decreto N.º 1039/2018 «Por el cual se aprueba el Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan el Paraguay», Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, acceso el 27 de octubre de 2022, https://fapi.org.py/wp-content/uploads/2019/01/DECRETO1039_sy0ie1ke.pdf ↑
56. Unidad Penal Ordinaria de Pozo Colorado, Causa N.º 430/2022: Personas innominadas s/ invasión de inmueble, 2022. ↑