Casos de tortura y otras formas graves de violencia institucional revelados en el 2022 señalaron la pervivencia de estas prácticas en la cultura de las instituciones armadas del Estado y la inefectividad de los mecanismos de rendición de cuentas teóricamente existentes. Por otra parte, se expande la política oficial de adquisición y uso masivo de armamento y munición menos letal, sin contar con directrices operacionales claras, personal debidamente entrenado y sistemas de control.
