Derecho a la vivienda y derecho a la ciudad

Hacia la garantía de una política pública de derecho a la vivienda

Raquel Bertrán Sisa, Melissa Cartasso, Cindy Chaparro y Andrea Wehrle Martínez

Hábitat para la Humanidad Paraguay

Palabras clave: derecho, desarrollo, financiamiento, planificación urbana y territorial, política nacional, vivienda
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Bertrán Sisa, R., Cartasso, M. y Wehrle Martínez, A. (2022). Hacia la garantía de una política pública de derecho a la vivienda. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2022 (227-238). Asunción, Paraguay: Codehupy.

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La garantía del derecho a la vivienda está vinculada al acceso a suelo, a los beneficios de la ciudad, los servicios públicos de calidad, la gestión de riesgos y la protección del ambiente. Es preciso estrechar las inequidades existentes y minimizar el déficit habitacional actual. El ente regulador debe asumir el liderazgo con capacidades y recursos suficientes desde un horizonte temporal claro de implementación de su política, planes y programas.


Se analizarán en este artículo los avances de la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat, los desafíos del ente rector, la planificación y gestión urbana territorial y la ejecución presupuestaria destinada al acceso al derecho humano asequible de la vivienda, especialmente en comunidades vulnerables.

Situación del derecho en 2022

Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat, a un paso de su aprobación

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) es el ente rector de las políticas públicas relativas a la vivienda y hábitat adecuado. A su cargo está la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat (PNVH), que constituye un instrumento de gestión pública que trasciende los periodos de gobierno.

  • Funciones. Esta política formula planes, programas y proyectos institucionales a corto, mediano y largo plazo, con una perspectiva articulada y sistémica de los actores públicos, privados, sector social y academia.
  • Objetivos. Garantizar el acceso al derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados y sostenibles, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la República.
  • Estructura. Abarca tres ejes temáticos: 1. Gobernanza e institucionalidad; 2. Planificación y diseño; 3. Económico-financiero.
  • Regulación. La PNVH había sido primeramente aprobada por Resolución N.º 1750 del 25 de julio de 2018, pero, al pasar de ser Secretaría a Ministerio en septiembre de 2018, la nueva Carta Orgánica del MUVH dispuso que debía ser aprobada por decreto del Poder Ejecutivo[1].
  • Proceso de elaboración. Fue redactada de forma participativa y se realizó una adecuación a las nuevas competencias de la institución en materia de «urbanismo» y «territorio».
  • Socialización. El primer borrador fue socializado por la Dirección General de Planificación Estratégica (DGPE) del MUVH, con la reactivación del Comité Nacional del Hábitat (CNH), por medio de una convocatoria realizada el 8 de junio de 2022. Este hecho marcó un hito, ya que la última reunión había sido llevada a cabo en el 2018, en una sesión presencial. En aquella ocasión se explicó el proceso realizado, que implicó el apoyo de ONU-Hábitat para una asistencia técnica en su alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU) y el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND). Se conformó posteriormente un equipo técnico institucional para ajustar el documento a las recomendaciones y finalmente presentar al CNH para su revisión y participación en los ajustes finales del documento como instancia de validación de la PNUVH. Los aportes del CNH fueron remitidos a la DGPE el 24 de junio del corriente para sus consideraciones, y el 6 de julio del 2022 fue presentada la PNUVH con los ajustes y aportes finales a los miembros del CNH, aprobándose en plenaria.
  • Estado. A la fecha de la redacción de este informe, se encuentra en instancia de ser presentada al Poder Ejecutivo para su aprobación por decreto presidencial y posterior desarrollo del Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Indicadores ODS 11 en construcción

En cuanto a los indicadores del ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles», vale mencionar que solo se han construido 3 indicadores de cumplimiento, quedando aún pendientes 11[2].

Esto evidencia una carencia de seguimiento eficaz para un control en el cumplimiento del compromiso país de «no dejar a nadie atrás».

Desafíos del MUVH

Con el fin de orientar las actividades estratégicas al cumplimiento de sus funciones y mandatos conferidos por disposiciones legales, el MUVH actualizó el Plan Estratégico Institucional 2021-2023[3]. Sin embargo, para el cumplimiento de las metas institucionales, su ejecución eficaz y eficiente, el MUVH cuenta con grandes retos y problemas críticos que deben ser resueltos, como:

  • Fortalecer la imagen institucional.
  • Contar con una estructura organizacional ajustada a sus nuevas competencias, productos y soluciones habitacionales acordes a diferentes niveles socioeconómicos.
  • Llevar adelante programas habitacionales integrales.
  • Propiciar el desarrollo urbano sostenible en todo el territorio.
  • Mejorar los procesos internos de control, servicio ágil y eficiente orientados a la población en necesidad.
  • Gestionar recursos adicionales internos y externos, condiciones óptimas de trabajo (infraestructura y clima) y desarrollo del capital humano.
  • Cumplir cabal y eficientemente su misión de ser «la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay»[4].

Carencias de servicios por falta de planificación y ordenamiento territorial

El ordenamiento del territorio contribuye al uso adecuado y sostenible del mismo. Igualmente, colabora con la orientación de las políticas públicas y las inversiones del sector privado que permitan un desarrollo sostenible del país.

Los municipios cuentan con la competencia legal establecida para desarrollar una política de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial dentro de sus respectivos perímetros administrativos[5]. Sin embargo, aún existen desafíos en la aplicación de la Ley N.º 3966/2010, que todavía no se encuentra lo suficientemente instalada en el Paraguay. Esta situación limita la conducción estratégica e innovadora del desarrollo sostenible y del goce efectivo del derecho a la ciudad.

Se estima que el 90% de los municipios del país no cuenta con planes que orienten al ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. Actualmente, el ordenamiento del territorio se basa en la aprobación de proyectos aislados por medio de ordenanzas municipales. La ausencia de estos instrumentos se debe principalmente a intereses de grupos económicos, carencia de capacidades del personal técnico de los gobiernos municipales, desconocimiento de la temática y sus consecuencias en el desarrollo sostenible, y falta de recursos para llevarlo a cabo[6].

En este contexto, el crecimiento urbano se va dando de manera acelerada y escasamente planificada, generando altos déficits en las infraestructuras de la ciudad, las viviendas, los servicios básicos y los equipamientos. De esta manera, se reducen las posibilidades de la población para hacer frente a los impactos del cambio climático y otros fenómenos que acarrea el desarrollo urbano, tales como las desigualdades y la pobreza.

Desde el año 2018, la planificación urbana y territorial ha adquirido una importancia mayor en el diseño de políticas, programas y proyectos. Desde la Secretaría Técnica de Planificación (STP) se ha impulsado el desarrollo de herramientas que buscan fortalecer las capacidades institucionales para la elaboración e implementación de planes de ordenamiento territorial, como la Guía para la Elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial[7]. Más recientemente, en el año 2021, se destaca el desarrollo del Atlas Metropolitano del AMA[8], cuyo objetivo es convertirse en una base con cartografías originales y actualizadas. Además, este instrumento podrá brindar un diagnóstico de los componentes físicos, dinámicos y administrativos. Con esto se contará con un insumo técnico esencial para planificar el futuro de los municipios de manera articulada e integral, como aporte central para el desarrollo de planes de ordenamiento urbano-territoriales.

La conducción de políticas públicas e intervención privada de carácter urbano articuladas permitirían incidir en la mejora de la calidad de vida y en la generación de mayores oportunidades de evolución para la sociedad.

El fortalecimiento de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos, así como la protección de los ecosistemas y la reconstitución de los espacios naturales y conectados son otros tantos asuntos que llaman a una imperiosa necesidad de planificación territorial y transversal, para poner en marcha un urbanismo operacional concreto y factible. De aquí surge el carácter urgente y estratégico de desarrollar documentos audaces de planificación territorial.

Es necesario aún fortalecer la experiencia, ingeniería e instrumentos para elaborar documentos de ordenamiento territorial y de urbanismo que sean transformadores, eficaces y de calidad. También es preciso establecer mecanismos de articulación y coordinación entre las instituciones nacionales para el diseño y posterior implementación del plan. Este aspecto es relevante, atendiendo a la multiplicidad de instituciones nacionales que intervienen en la planificación y que tienen atribuciones susceptibles de incidir en el ordenamiento del territorio. El marco legislativo relativo al ordenamiento territorial y al urbanismo debe ser fortalecido y, al mismo tiempo, los mecanismos de regulación de las actividades privadas, así como las intervenciones directas del Estado, deben ser enmarcados por un proyecto territorializado y coordinado, garantizando así un desarrollo territorial adecuado para el país.

Déficit habitacional y escasez de información

En la tabla 1 puede verse la distribución porcentual de la población en función al número de personas que residen en el hogar, agrupados por su tamaño, en comparación al promedio simple para América Latina, en áreas urbanas y rurales para el año 2020, según la CEPAL.

Tabla 1. Distribución porcentual de la población en función al número de personas que residen en el hogar. Año 2020

Cantidad de personas Paraguay América Latina (promedio)
4-5 42,4% 41,3%
6 12,9% 10,1%
Entre 7-9 14% 11%
Más de 10 3,2% 2,9%
Total 72,5% 65,3%
Fuente: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas (CEPALSTAT) [9].

El restante 27,5% de la población en Paraguay se distribuye en hogares de 1 a 3 personas, mientras que para América Latina este porcentaje equivale a 34,7%.

Los datos de la CEPAL también brindan un panorama muy general sobre el déficit en cuanto al requerimiento cualitativo, en referencia a condiciones de hacinamiento. Con base a estos porcentajes, el 30,1% de la población paraguaya se distribuye en hogares de entre 6-10 personas. Sin embargo, tomar estos datos sin información de otras variables, como tamaño de la vivienda y componentes estructurales, sería llegar a una conclusión muy superflua sobre los mismos.

El déficit habitacional para el 2011 era de alrededor de 1.100.000 hogares[10]. Para ese entonces, ya se había proyectado que, si no se daban cambios sustanciales en la política pública, esto llegaría para el 2020 a 1.500.000 hogares.

Para el análisis correcto del déficit habitacional es fundamental el acceso a información pública y transparente, con datos y estadísticas actuales, de las condiciones estructurales de la vivienda, de hacinamiento, déficit en cuanto al acceso a servicios básicos, acceso a la ciudad y urbanización.

Para el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contempla como indicadores en lo respectivo a vivienda y hogar: servicios básicos, tenencia de bienes, materialidad y estructura del hogar[11]. Ante la carencia de información que permita visibilizar estos déficits, y a modo de ganar comprensión sobre esta realidad, es necesario que los censos contemplen estadísticas más detalladas cuantitativas y cualitativas, que hagan referencia a infraestructura, riesgo y vulnerabilidades de la vivienda, calidad en acceso a agua potable, energía eléctrica, desagüe, sanitarios, saneamiento, espacios destinados al servicio de la salud y educación, espacios comunitarios de dispersión, seguridad comunitaria, caminos, transporte público, entre otros datos.

Desde el INE se han hecho esfuerzos para poder medir el avance en cuanto al cumplimiento del ODS 11. La dinámica demográfica evidencia una mayor presencia de población en la zona urbana, lo que genera el aumento de habitantes que se ubican, muchas veces, en barrios más pobres con infraestructuras y servicios no adecuados que impactan en la calidad ambiental.

El Segundo Informe Nacional Voluntario (2021)[12] evidencia que, en el año 2020, el 50,9% de las personas pobres y el 25,2% de las no pobres moran en viviendas inadecuadas, significando una importante diferencia entre ambos niveles, aspecto que se visualiza en todos los años. Según los rangos de edad, el 37,9% de niños y niñas de entre 0 a 14 años, el 30,8% de la población de entre 15 a 24 años, el 29,9% de la población de entre 25 a 49 años, y el 22,9% de las personas que tienen 50 años y más habitan en viviendas inadecuadas, afectando de esta manera su bienestar y calidad de vida[13].

Presupuesto desarticulado, con baja ejecución y en disminución

En cuanto al presupuesto destinado al derecho humano a la vivienda y el hábitat adecuados, se visualiza una desarticulación entre la política pública de respuesta al déficit habitacional con relación a la política fiscal del Estado.

Como se observa en el gráfico 1, existe una disminución de los fondos asignados, desde el 2018 a la fecha, en lo referente a la Fuente 10 (presupuesto destinado al MUVH por parte del Ministerio de Hacienda). Además, hay una alta dependencia de Fuente 20 (bonos soberanos) y Fuente 30 (recursos propios del Ministerio). Se requiere una decisión del Estado para destinar un mayor porcentaje de los Fondos del Tesoro Nacional o, en su caso, un mayor compromiso para la búsqueda de fondos provenientes de préstamos para la implementación de programas destinados a grupos vulnerables.

Gráfico 1. Evolución presupuestaria del MUVH. Años 2018-2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos del Ministerio de Hacienda[14].

La ejecución de los recursos asignados por fuente es baja (tabla 2). Esto demuestra la urgente necesidad de fortalecer la gestión y capacidad institucional para la ejecución del presupuesto asignado. Deben abordarse de manera comprometida, decidida y articulada, a fin de minimizar la alta burocracia en la ejecución de sus programas habitacionales, sin poner en riesgo la asignación de presupuestos futuros anuales.

Tabla 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del MUVH. Años 2018-2021

Ejecución por fuentes 2018 2019 2020 2021
Fuente 10 61% 68% 61% 63%
Fuente 20 67% 77% 80% 92%
Fuente 30 64% 58% 44% 41%
Total 63% 70% 64% 75%
Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos del Ministerio de Hacienda[15].

Esfuerzos insuficientes en fomento a la vivienda

El tema presupuestario refleja una carencia respecto a los compromisos de la Ley N.º 5638/2016 «Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano» y en cuanto a los diferentes programas habitacionales destinados a sectores vulnerables. En la rendición de cuentas de estos programas se observa una falta de seguimiento y culminación de algunos de ellos, tanto para los programas regulares[16] como para los especiales[17].

Programa Tekoha avanza, pero no alcanza. Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la rendición de cuentas sobre la gestión 2021-2022 de este programa detalla que 2.026 familias firmaron contratos para la seguridad jurídica de sus inmuebles, totalizando 8.542 contratos firmados desde el comienzo de esta gestión[18]. Sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes para la demanda en cuanto a viviendas y hábitats se refiere.

Programas y proyectos aislados o discontinuados. Los proyectos aislados son aquellos poco integrados al desarrollo urbano de la ciudad, que no contienen priorización por género y zonas geográficas con mayor necesidad y otras variables[19]. Han iniciado su ejecución, sin embargo, algunos de ellos no tienen continuidad o conclusión con éxito.

Escasa ejecución del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis). En los últimos meses, el MUVH ha modificado las bases y condiciones de este que es su programa principal, informando sobre la ampliación de las variables de rango poblacional y presupuesto. Al consultar los informes, se nota que aún son obras por iniciar o, en su mayoría, en proceso de ejecución[20].

Necesidad de regulación de los créditos para sectores vulnerables. El sistema financiero privado ofrece cada vez más créditos, con plazos y tasas de interés flexibles. Pero, desde un enfoque de derecho para todos y todas, especialmente de grupos de bajos ingresos, actualmente existe una fluctuación al alza de tasas de interés, así como una limitación en las políticas financieras establecidas en las mismas normativas financieras destinadas a grupos vulnerables que deberían estar articuladas por el MUVH como ente regulador. Por lo tanto, es de suma urgencia la aprobación de una política que acompañe y marque esas variables.

Conclusiones

Frente al volumen de necesidades, principalmente en grupos y zonas vulnerables, el avance al cumplimiento en el acceso al derecho a la vivienda y hábitat adecuados presenta insuficiencias. Para superarlas, es necesaria una evolución sostenida de programas y proyectos con enfoque de política pública de Estado, refrendada a través de la aprobación de la PNUVH, con el acompañamiento y la fiscalización del CNH, con una capacidad institucional, involucramiento del sector privado, inversión suficiente y una política fiscal que garantice el cumplimiento del derecho.

A pesar de contar con herramientas legales, la instalación de una planificación y ordenamiento territorial es materia pendiente para los municipios. No tienen la capacidad institucional para implementarlos o enfrentar los intereses económicos de algunos sectores. Si bien se han desarrollado herramientas que buscan fortalecer sus capacidades institucionales —como guías metodológicas y capacitación a personal clave—, la falta de acompañamiento para su cumplimiento expone todavía una disparidad en la aplicación eficaz, que se evidencia en la implementación de proyectos de desarrollo urbano aislados en los diversos municipios.

El déficit habitacional continuará su ascenso en los siguientes años, no solo ante un contexto económico incierto a nivel mundial, evidenciado en análisis estadísticos del sector, sino que también por retos internos en cuanto a la instauración de la PNUVH y la implementación de planes que permitan priorizar inversiones y enfoques para minimizar la brecha de necesidad de viviendas cuantitativas y cualitativas. Es preciso un compromiso decidido del Estado para la articulación y ejecución de dicha política pública, donde la vivienda y el hábitat cumplen un rol fundamental como vehículo socioeconómico en el desarrollo de las personas y del país.

Con el ODS 11, como país se ha asumido el compromiso de estrechar estos grandes desafíos que quedan por afrontar. Para cumplirlo, es fundamental la voluntad política, la realización de acciones articuladas, holísticas, basadas en la experiencia y en el enfoque de derecho para lograr una política de Estado que sea aplicada de manera real, integral, eficaz y eficiente que trascienda gobiernos.

Recomendaciones

  • Aprobar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat como instrumento de gestión pública, independiente a periodos de gobierno.
  • Ampliar y ejecutar de manera eficaz el presupuesto público correspondiente, de modo que los programas puedan mantenerse en el tiempo de manera sostenida, y los proyectos puedan concluirse.
  • Revisar los planes de ordenamiento territorial, adecuarlos verdaderamente a los recursos disponibles para su cumplimiento, y a partir de allí buscar su evolución en función al desarrollo de los municipios.
  • Integrar planes más inclusivos desde el MUVH, contemplando a la población mayoritaria, que se encuentra por debajo del ingreso correspondiente a los dos salarios mínimos, y fondos de garantía a familias consideradas de alto riesgo por instituciones financieras.
  • Potenciar el rol del MUVH como ente regulador de la PNUVH, para que desde allí se promueva la construcción de ofertas viables con el sector privado, en acciones y estrategias que contemplen verdaderamente al promedio de la población.
  • Integrar a grupos y zonas vulnerables para la construcción de estadísticas reales y amplias, a partir de las cuales se puedan garantizar procesos de respuestas por parte de la política de Estado para la tenencia segura de tierra y acceso a servicios básicos de calidad, considerando la cultura de estas comunidades, en el sentido integral de la palabra, salvaguardando su vulnerabilidad y empoderando a los pobladores en el proceso de construcción.
  • Facilitar el acceso a la información pública, poniendo a disposición canales en donde toda información que atañe a ejecución pública se encuentre disponible para cualquier ciudadano(a), de manera clara y concisa.

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Raquel Bertrán Sisa

Líder del equipo de Movilización de Recursos, Comunicación e Incidencia en Hábitat para la Humanidad Paraguay. Contadora. Diplomada en Fundraising por la Universidad de Indiana (Estados Unidos de América) y Políticas Públicas por la Universidad Comunera de Paraguay (UCOM). Especialista en RSE por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial. Veinte años de experiencia en el sector. Participó en la redacción de los informes sobre el acceso al derecho humano a la vivienda y hábitat ante el Examen Periódico Universal (EPU), además de impulsar la organización de foros, LAVs y webinars relacionados al acceso al derecho humano a agua, saneamiento e higiene.

Contacto: raquelb@habitat.org.py

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Melissa Cartasso

Gerente de Programas en Hábitat para la Humanidad Paraguay. Ingeniera social. Maestrante en Desarrollo Humano. Especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades. Diplomada en monitoreo y evaluación de políticas públicas y proyectos con trayectoria en elaboración y gestión de proyectos de vivienda y desarrollo urbano, planificación estratégica y operativa.

Contacto: mcartasso@habitat.org.py

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Cindy Chaparro

Asistente de Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje en Hábitat para la Humanidad Paraguay. Ingeniera agrónoma con énfasis social y ambiental. Especialista en Gestión de Proyectos por la Escuela de Gobierno de la UNIDA. Alumni de la Red Global Teach for All. Capacitada en desarrollo y liderazgo. Experiencia en proyectos comunitarios del sector social y civil.

Contacto: cchaparro@habitat.org.py

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Andrea Wehrle Martínez

Especialista de Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje en Hábitat para la Humanidad Paraguay. Licenciada en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Especialista en políticas sociales. Con trayectoria en elaboración, coordinación, implementación y evaluación de proyectos.

Contacto: awehrle@habitat.org.py

  1. Artículo 6 de la Ley N.º 6152/2018. Disponible en Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 31 de octubre de 2022, https://bacn.gov.py/archivos/8672/Ley%206152.pdf
  2. Instituto Nacional de Estadística, Avances en la construcción de indicadores ODS, https://ods.ine.gov.py/tablero-de-control.php
  3. Resolución N.º 1219 del 21 de julio de 2021 «Por la cual se aprueba y se adopta el Plan Estratégico Institucional y la Misión y Visión del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para el periodo 2021-2023», MUVH, acceso el 15 de septiembre de 2022, https://www.muvh.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2021/07/peimuvh.pdf
  4. Ibidem.
  5. Capítulo III, artículo 12 de la Ley N.º 3966/2010 «Orgánica Municipal», Digesto Legislativo, acceso el 30 de octubre de 2022, http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/7315.pdf
  6. Hábitat para la Humanidad Paraguay, Producto 2: Documento que contenga un mapeo de principales leyes, planes, ordenanzas de cambio climático a nivel local y nacional, estableciendo sus relaciones y contradicciones (Asunción: 2020). Hábitat para la Humanidad Paraguay, Informe de Consultoría para el proyecto Construyendo liderazgo para las ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático (Asunción: 2020).
  7. STP, Guía para la elaboración de los planes de ordenamiento urbano y territorial, Plan de Ordenamiento Territorial, https://www.stp.gov.py/v1/pout/
  8. STP, Atlas del AMA – Análisis urbano y cartográfico del Área Metropolitana de Asunción, https://ciudadessustentables.stp.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/libro-atlas-metropolitano-web-09-11-2021-compressed-compressed-compressed.pdf
  9. Indicador «Estructura de la población en hogares particulares, según tamaño del hogar según área geográfica», CEPALSTAT, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=118&area_id=1&lang=es
  10. MUVH, Síntesis de avance proceso participativo – PLANHAVI, https://www.muvh.gov.py/blog/publicaciones/plan-nacional-de-habitat-y-vivienda-planhavi
  11. INE, Actualización Cartográfica para el Censo 2022, https://www.ine.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=1189
  12. Específicamente, en cuanto a la meta 11.1 «De aquí al 2030, garantizar el acceso de todos a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales» y su indicador 11.1.1 «Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas».
  13. Comisión ODS Paraguay, Segundo Informe Nacional Voluntario – Paraguay 2021, https://www.mre.gov.py/ods/?p=4337
  14. Ibidem 12.
  15. Ministerio de Hacienda, Datos abiertos, https://datos.hacienda.gov.py/
  16. MUVH, Lista de programas, https://www.muvh.gov.py/lista-de-programas
  17. MUVH, Resoluciones de Programas Especiales, https://www.muvh.gov.py/programas-especiales
  18. Informe de gestión presidencial, https://informepresidencial.gov.py/
  19. MUVH, Informes por programas, https://www.muvh.gov.py/informes-por-programas-2022
  20. MUVH, Subsidio habitacional, https://www.muvh.gov.py/subsidio-habitacional-2022
Hacia la garantía de una política pública de derecho a la vivienda