(Des)igualdad ante los débiles mecanismos institucionales de género

Ante la instalación de discursos de odio, los retrocesos en la garantía de derechos y los débiles mecanismos institucionales, la desigualdad y la discriminación, en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, no podrán ser superadas. Su persistencia es una barrera para el desarrollo y la justicia social, que cercena el ejercicio de su ciudadanía e incluso causa muertes como el feminicidio.

En este artículo se analizan los avances, retrocesos y deudas pendientes en tema legislativo para alcanzar el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres. Asimismo, se menciona cómo la influencia de grupos antiderechos coarta progresos en materias fundamentales para quebrar el estereotipo de género. También se da un pantallazo acerca de la inversión pública en tema de género y cómo esto se suma para debilitar la gestión institucional del ente rector de los derechos de las mujeres.

Situación del derecho en 2022

La igualdad y la no discriminación son dos categorías conceptuales que no pueden ser abordadas de forma separada cuando se analizan las garantías de los derechos de las mujeres. A 30 años de la vigencia de la Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992), en la que por primera vez se estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 48), la igualdad real y efectiva y, por ende, la no discriminación, están lejos de ser un hecho.

En reiteradas ocasiones, desde diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones sociales, de mujeres y feministas y académicos, se ha mencionado que los avances en materia normativa y de políticas sociales han sido sustantivos. Sin embargo, una gran deuda del Estado sigue siendo que promueva las condiciones y cree los mecanismos adecuados para su efectivo cumplimiento. Continúan los grandes obstáculos que impiden y dificultan el ejercicio y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

Las posibilidades de igualdad de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales para las mujeres siguen teniendo límites estructurales en el contexto de la desigualdad económica, política, social e ideocultural. Están siendo atacados los escasos planes o programas específicos que cuentan con recursos para reducir la brecha entre hombres y mujeres, y mejorar las condiciones de vida de la población^[1].

En este último periodo, la violenta injerencia en niveles de decisión de sectores fundamentalistas religiosos afectaron de manera particular a los derechos de las mujeres y sus cuerpos, al imponerse la no utilización de la perspectiva de género, a pesar de que esta ha sido una categoría de análisis, así como de intervención social, que ha permitido avances en las políticas públicas. Dos casos son los más relevantes este año en materia de educación.

Continuidad de la Resolución N.° 29664 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). A pesar de la manifestación de organizaciones de adolescentes y jóvenes, y el pronunciamiento de diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales^[2], esta resolución no fue derogada. Peor aún, está lejos de serlo, pues el MEC incluso exige su cumplimiento^[3].

Plan Nacional de Transformación Educativa del Paraguay (PNTE)^[4]. Este plan está fuertemente vinculado a los derechos de las mujeres y a la igualdad real y efectiva, teniendo en cuenta que el espacio de la educación formal es el medio más importante para superar los estereotipos de género. Aunque está ausente la perspectiva de género de manera explícita^[5], así como la educación en sexualidad, es fundamental disputar la vigencia e implementación del PNTE, cuyo paradigma de transformación educativa aún mantiene una perspectiva de derechos amplios, como la igualdad, la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, la garantía de oportunidades formativas a lo largo de la vida, y el reconocimiento a la diversidad y la heterogeneidad de niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, en este contexto de retrocesos, la defensa de los derechos hasta ahora conquistados tiene que seguir siendo una apuesta de las organizaciones feministas, de las mujeres y de derechos humanos.

Avances significativos

La Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo presentaron dos avances importantes en este periodo.

Guía de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría de Género del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia concluye y publica la Guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en Paraguay. Apoyo a la transversalización del enfoque de género en la administración de Justicia^[6], que partió de un diagnóstico respecto al acceso a la justicia y arrojó como resultados la existencia de desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres, principalmente, y hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad. Además de ser una herramienta pedagógica en la aplicación de la igualdad y no discriminación para los(as) operadores(as) de justicia, se espera que pueda contribuir para erradicar los obstáculos ideoculturales machistas y patriarcales en el juzgamiento de situaciones referidas a las mujeres.

Ley N.º 6934/2022. En el 2022 se dio un gran avance para el tema de la violencia hacia las mujeres, con la aprobación de la Ley N.º 6934/2022, que «modifica el artículo 229 de la Ley N.º 1160/1997 “Código Penal”, modificado por las leyes N.º 3440/2008, 4628/2012 y 5378/2014». En ella se precisa el ámbito de ocurrencia, considerando victimarios también a los parientes, sean por consanguinidad o por afinidad, al cónyuge o conviviente, a la pareja sentimental y a las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Si bien se refiere a la violencia en el ámbito familiar, es sabido que las mujeres, por su posición subordinada en las relaciones sociales frente a los hombres, siguen siendo en mayor medida víctimas de violencia en todos los ámbitos.

Políticas sociales hacia la igualdad y la no discriminación

La desigualdad socioeconómica es un obstáculo para el ejercicio de los derechos, y cuando se la analiza desde una perspectiva de género, se observa que las políticas sociales no son neutrales y que la falta de su consideración va en detrimento de las mujeres. En este proceso de avances de las mujeres hacia la exigibilidad, la movilización para la conquista de derechos sociales está instalada y el empoderamiento de las mujeres jóvenes no se podrá revertir. Tres casos son dignos de mención en cuanto a la mejora de derechos.

Apoyo a la alimentación. En cuanto al derecho a la alimentación, la conquista de la Ley N.º 6603/2020 «De apoyo y asistencia a las ollas populares» —que en el año 2020 fue la respuesta estatal ante la crisis alimentaria de las comunidades en situación de extrema vulnerabilidad—, en contexto de pandemia, fue gracias a las mujeres populares por ser sus principales protagonistas, tal como menciona FIAN Paraguay (2020)^[7]. Sin embargo, la aplicación de esa ley se encontró con limitaciones presupuestarias, mala calidad e insuficientes insumos, y la escasa voluntad política para que efectivamente satisfaga la demanda de alimentación de las familias, encabezadas mayoritariamente por mujeres^[8]. Estas nuevamente se movilizaron hasta lograr que pasara a ser un programa que pudiera ser presupuestado y asegurase la sostenibilidad de las mujeres. De esta forma, se creó, a través de la Ley N.º 6945/2022, el programa de «Comedores y centros comunitarios» que, en su primer artículo, detalla que serán beneficiarios(as) «niños y adolescentes hasta dieciocho años, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, mujeres embarazadas y población de comunidades indígenas»^[9]. Aunque en sí la ley carece de una perspectiva de género o no reconoce a las mujeres de sectores populares como líderes comunitarias, representa para ellas la conquista de derechos sociales que tendrían que disminuir la carga comunitaria y social que les ha sido impuesta como cuidadoras. El Estado, en este caso, asume la garantía de provisión de alimentos para las comunidades, que hasta ese momento constituía una carga y responsabilidad, generalmente, de las mujeres. Tal como señala la joven Kimberly Samaniego, referente importante de las organizaciones de lucha por las ollas populares, representa no solo una respuesta a la falta de alimentos, sino también a las posibilidades de enfrentamiento de la crisis económica pospandemia, en la que muchas mujeres quedaron sin trabajo; y, a partir de esto, podrán habilitarse espacios de formación de oficios para mujeres y servicios de centros de cuidado de niños y niñas^[10].

Avance para lo relativo al cáncer de mama. A través de la Ley N.º 6949/2022^[11] se modifica la Ley N.º 3331/2007 que «Crea el programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama», modificando los artículos 11 y 13 de la mencionada ley, y se establece la «rehabilitación integral de las personas con tratamiento para el cáncer de mama, e incluye la cobertura de la cirugía reconstructiva, como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria oncológica» (artículo 11).

Ley N.º 6940/2022 «Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes». Promulgada el 20 de julio de 2022^[12], esta ley representa las posibilidades de superar, progresivamente, la resistencia que viene teniendo el Estado en reconocer la existencia de discriminación racial hacia las personas afrodescendientes, y desde ahí poder avanzar en el reconocimiento de las discriminaciones que sufren las mujeres, por ser mujeres y por ser afrodescendientes, y otras interseccionalidades que intensifican las situaciones de opresión hacia las mujeres. Para ello, un primer paso sería contar con datos estadísticos demográficos, socioeconómicos y culturales que fueran fiables, completos y actualizados. Sin embargo, en el reciente Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) excluyó la pregunta de autoidentificación de personas afrodescendientes del formulario utilizado para relevar información, tal como denunció la Red Paraguaya de Afrodescendientes^[13]. No obstante, y a pesar de que la Ley N.º 6940/2022 en su contenido no realiza una interseccionalidad por sexo, edad, identidad sexual o de género, discapacidad, etc., tiene como mandato la elaboración de un Plan Nacional de Promoción, Fomento y Protección de los Derechos Humanos (artículos 4 y 5) dirigido al sector, y la creación de un Registro Nacional de Personas Afrodescendientes, con el que se espera que el Estado paraguayo cumpla con su obligación de implementar políticas públicas que garanticen sus derechos humanos, de acuerdo con sus particularidades sociodemográficas y culturales, incluidas las de la igualdad de género.

Deuda legislativa: Ley contra Toda Forma de Discriminación

Un asunto pendiente de estudio y aprobación, que se ha reiterado en todos los informes anteriores, es la aprobación del proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación, impulsado por la Red Contra toda Forma de Discriminación (RCTD) desde el año 2015. Para el Comité CEDAW, esta deuda por parte del Estado paraguayo impide tomar medidas concretas para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ante formas interrelacionadas de discriminación^[14]. Sin embargo, sigue sin movimiento desde noviembre de 2016^[15].

Constante debilitamiento de los mecanismos institucionales

El debilitamiento de los mecanismos institucionales de género resulta una preocupación que persiste, a pesar de que se haya avanzado al elevar a rango de ministerio a la Secretaría de la Mujer, y de que fuera señalado en las últimas observaciones finales del Comité CEDAW (2017), y al comprometerse a hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto al Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, indicador «5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo».

Sin embargo, este compromiso fue solo enunciativo, pues no ha habido pronunciamientos ni incidencias para el avance de la aprobación de la Ley contra Toda Forma de Discriminación^[16]. Ni siquiera se abren espacios, desde esas instancias, para la revisión de la pena por aborto y, menos aún, para plantear alguna legislación, o para la definición judicial sobre el nombre de las mujeres trans, entre otros temas. Tampoco hay pronunciamientos ante los retrocesos en las políticas sociales de niñez y adolescencia, y su educación integral en sexualidad, entre otros. Estas históricas demandas tampoco está previsto abordarlas, ni lo están haciendo en el presente año, según su Plan Anual Institucional 2022 y el Primer Informe Trimestral 2022 del Ministerio de la Mujer^[17].

Asimismo, es un indicador preocupante el escaso financiamiento de las políticas de igualdad de género en todas las dependencias estatales, especialmente en el ente rector. Contrariamente a ser elevado, o a ir elevándose, el presupuesto del Ministerio de la Mujer ha tenido un decrecimiento importante y se proyecta un recorte de 3,4% para el 2023^[18]. Esta situación ocasiona un significativo debilitamiento institucional y, por ende, un obstáculo en el avance de las políticas de igualdad.

Casos ocurridos en 2022

Abuso sexual en entidades educativas

De enero a agosto, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ha reportado 757 denuncias de abuso sexual, que, en promedio, corresponden a 95 denuncias por mes. Aunque no se tienen datos desagregados por sexo, se parte de que las niñas y las mujeres adolescentes y adultas son las más vulnerables a la violencia sexual. De hecho, el diario La Nación accedió a datos de la Policía Nacional^[19], que dan cuenta de que, hasta marzo de este año, se han recibido 76 denuncias de abuso sexual, de las que 65 corresponden a víctimas niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

Los retrocesos en la educación con perspectiva de derechos, así como los específicos sobre educación sexual integral (ESI), exponen a más niñas y adolescentes a seguir siendo víctimas de abusos sexuales, muchas veces, en la propia institución educativa. A pesar de que debería ser un entorno seguro y protector, al igual que las familias, con mayor frecuencia que la esperada, las escuelas y los colegios se convierten en espacios inseguros, precisamente por las relaciones de confianza que se establecen entre niños, niñas, adolescentes, sus docentes, directores(as) u otras personas de la comunidad educativa.

Las posibilidades de que las víctimas no hablen y de que no haya denuncias son altas, ya que existen relaciones de poder entre quienes, por un lado, tienen la potestad de acceso y egreso a la educación formal y, por otro, el niño, la niña o adolescente y sus familias.

Y, sin duda, sigue siendo un gran obstáculo la falta de un registro único de denuncias e informaciones relacionadas que permitan dimensionar la problemática y tomar las medidas más acertadas. La fragmentación, así como las debilidades institucionales del Estado, siguen atentando de esta forma contra la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

Caso en San Pedro. Un docente, que también era el director, habría abusado de 7 niñas y un niño. La denuncia fue realizada por el padre y la madre de una de las niñas, y después se supo de la existencia de otras víctimas^[20]. Según la información disponible, en este caso, la mayoría de las familias de las víctimas prefirieron no avanzar con la denuncia por temor a que sus hijas e hijo perdieran el año escolar.

Condenas. Conforme a datos disponibles del Ministerio Público, que publica regularmente sus acciones penales en diferentes delitos o crímenes, se pudo visualizar que, en el año que se informa, se han condenado 2 casos de abusos sexuales perpetrados por funcionarios de colegios de Luque y Asunción.

Detenidos. Luego de 8 años fue detenido un docente prófugo que había abusado de una alumna de una escuela de Santa Rita, departamento de Alto Paraná^[21]. Otro caso fue la detención de una persona que había ingresado para agredir sexualmente a niñas^[22].

Seguimiento de casos anteriores

Caso de Alexa Torres

El caso de Alexa Torres puede considerarse un caso emblemático de reveses judiciales, luego de que, en el año 2021, después de 5 años, el sacerdote Silvestre Olmedo, imputado por acoso sexual, haya sido condenado a un año de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. En el mes de abril de este año, un Tribunal de Apelaciones, por prescripción de la causa, decretó el sobreseimiento definitivo del mencionado victimario^[23].

En el mes de agosto, el Consultorio Jurídico Feminista exigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de un escrito, que «revoque el sobreseimiento definitivo y la prescripción de la causa en la que el sacerdote Silvestre Olmedo fue condenado por acoso sexual»^[24].

Es la segunda acción que realizan las abogadas en el año, siendo la primera en el mes de mayo, en la que presentaron un recurso de casación para que la Corte confirme la condena, pero que no tuvo ninguna respuesta. Tal como señala el Consultorio Jurídico Feminista, «si se deja firme la sentencia, dejará un precedente importante para el acceso a la justicia»^[25]. En todo el proceso «hubo mala fe procesal de Silvestre Olmedo, que a lo largo de estos años provocó retrasos a través de chicanas, y principalmente compromete la responsabilidad del Estado ante la falta de acceso a la justicia para Alexa»^[26].

Conclusiones

Los planes nacionales están siendo vaciados de su perspectiva de derechos y en recortes presupuestarios para la institución encargada de las políticas de género. Estos retrocesos establecen una brecha hacia la concreción de justicia social, así como la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas.

En lugar de progresar, muy por el contrario, la política estatal se ha hecho eco de los sectores antiderechos, que actualmente se constituyen en un movimiento que ha cooptado espacios de debate y de decisiones.

Esto trae consecuencias en el avance de la prevención de abusos sexuales, especialmente en niñas, adolescentes y las mujeres. De todas maneras, se nota un quiebre del silencio, hay más denuncias de casos. Y, aunque no suficientes, hay pequeños avances legislativos en este contexto de regresiones y de débil institucionalidad.

Recomendaciones

Se reiteran y refuerzan las recomendaciones anteriores:

• Garantizar la vigencia de políticas de género y remover los obstáculos para el acceso y goce de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida.
• Garantizar el presupuesto adecuado a los mecanismos institucionales de género, en todos los poderes del Estado, especialmente el del Ministerio de la Mujer.
• Derogar, de manera inmediata, la Resolución N.º 29664/2017 del MEC sobre el enfoque de género en el sistema educativo.
• Asegurar la vigencia de la educación integral de la sexualidad en el sistema educativo.
• Aprobar el proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación.

Además, se recomienda:

• Apoyar y fortalecer, desde los gobiernos regionales y locales, la participación de las organizaciones de mujeres y feministas, especialmente las de las jóvenes, afrodescendientes, indígenas, campesinas.

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Melody Ariana Brizuela

Trabajadora social por la UNA, cursando el quinto año de Derecho en la UNA (filial Pedro Juan Caballero). Activista desde la adolescencia por los derechos humanos en distintas áreas. Integrante de CLADEM Paraguay desde el 2016 y actual coordinadora nacional.

Contacto: oficinacladempy@gmail.com

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Ma. Limpia Díaz O.

Magíster en Trabajo social por la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina). Especialista en políticas sociales por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en investigación y tutoría de tesis por la Universidad Católica de Asunción, profesora asistente del departamento de Trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales (UNA), feminista, defensora de derechos humanos, integrante de CLADEM Paraguay y de CDD-Py.

Contacto: mlimpia@gmail.com

1. Verónica Serafini, Julio Ramírez y Renata Samaniego, Evaluación. Metodología para la medición de la inversión enfocada a género en el Presupuesto General de la Nación (Asunción: Ministerio de Hacienda, 2019), 9, http://bit.ly/3EXy7Ub ↑
2. Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay (Doc. CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2011), párrafo 9, http://bit.ly/3U6lgDg ↑
3. El 4 de julio de 2022, el MEC «a través de su Dirección General de Gestión Educativa Departamental, emitió una nota dirigida a directores departamentales de los diferentes sectores educativos, con el objeto de exigir la aplicación de la Resolución N.º 29664/ 2017, dictada para los niveles del primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica». En «Solicitan aplicar la resolución que prohíbe temas de ideologías de género en instituciones educativas», Red Chaqueña de Comunicaciones (RCC), 8 de julio de 2022, acceso el 11 de octubre de 2022, https://rcc.com.py/educacion-2/solicitan-aplicar-la-resolucion-que-prohibe-temas-de-ideologias-de-genero-en-instituciones-educativas/ ↑
4. Transformación Educativa, Oñondivepa jahupytýta ñande kerayvoty, 2022, https://www.transformacioneducativa.edu.py/. Más información puede leerse en el artículo sobre derecho a la educación, en este informe. ↑
5. «Recordamos que se encuentra disponible…» [Tweet], Ministerio de Educación y Ciencias [@MECpy], 11 de octubre de 2022, https://twitter.com/MECpy/status/1579883113185878016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AMECpy%7Ctwcon%5Es1 ↑
6. Lucía Arbeláez de Tobón, Esmeralda Ruiz González y Cristina Tobón Arbeláez, Guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en Paraguay (Asunción: Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, 2022), edición en PDF, https://www.pj.gov.py/images/contenido/secretariadegenero/guia_para_garantizar_el_acceso_a_la_justicia_a_todas_las_personas_sin_distincion_en_py.pdf ↑
7. La Plataforma Social de Derechos Humanos identificó «157 ollas populares en 12 departamentos, abarcando 96 territorios sociales (barrios, asentamientos), las cuales alimentaban diariamente a unas 40.950 personas», FIAN Paraguay, Monitoreo de impacto COVID-19 (Asunción: FIAN, 2020), edición en PDF, https://www.fian.org/files/files/Monitoreo_FIAN_2020_Final.pdf ↑
8. «Ollas populares en Paraguay: una iniciativa nacida en la pandemia y que ayuda a los más vulnerables», Nea Hoy, 19 de mayo de 2022, acceso el 31 de octubre de 2022, https://www.neahoy.com/2022/05/19/ollas-populares-en-paraguay-una-iniciativa-nacida-en-la-pandemia-y-que-ayuda-a-los-mas-vulnerables/ ↑
9. Ley N.º 6945 del 12 de julio de 2022 «De Comedores y Centros Comunitarios», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 8 de octubre de 2022, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10535/ley-n-6945-comedores-y-centros-comunitarios ↑
10. «Entrevista a Kimberly Samaniego, integrante de Ollas Populares en Paraguay» [Archivo de audio], Nea Hoy, mayo de 2022, http://bit.ly/3ABB0Hu ↑
11. Ley N.º 6949 del 20 de julio de 2022 «Que crea el Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino y Mama», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10550/ley-n-6949-modifica-los-articulos-11-y-13-de-la-ley-n-33312007-que-crea-el-programa-nacional-de-prevencion-deteccion-precoz-y-tratamiento-del-cancer-de-cuello-uterino-y-mama, acceso el 12 de octubre de 2022. ↑
12. Ley N.º 6970 «Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 8 de octubre de 2022, https://bacn.gov.py/archivos/10547/LEY%206940.pdf ↑
13. «Comunicado a la opinión pública de cara al censo 2022 INE – Paraguay» [Facebook], Red Paraguaya de Afrodescendientes [@RedParaguayadeAfrodescendientes], 21de septiembre de 2022,https://www.facebook.com/RedParaguayadeAfrodescendientes/photos/pcb.192855989806839/192855939806844/ ↑
14. El Comité recomienda al Estado paraguayo «que agilice la aprobación del proyecto de ley que prohíbe todas las formas de discriminación, que debería incluir una definición de discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, abarcar la discriminación directa e indirecta y la discriminación en los ámbitos público y privado y reconocer las formas interrelacionadas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales, de conformidad con las recomendaciones que contaron con el apoyo del Estado parte en el segundo ciclo del examen periódico universal». Ibidem 2. ↑
15. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 31 de octubre de 2022, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146 ↑
16. Para el Comité CEDAW, esta deuda por parte del Estado paraguayo impide tomar medidas concretas para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ante formas interrelacionadas de discriminación. Sin embargo, sigue sin movimiento desde noviembre de 2016. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 31 de octubre de 2022, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146 ↑
17. Ministerio de la Mujer, Primer Informe Trimestral, 2022, http://www.mujer.gov.py/application/files/5016/5039/0036/PRIMER_INFORME_TRIMESTRAL_2022_DEL_CRCC_DEL_MINMUJER.pdf ↑
18. Ver presupuestos de 2018 al 2022 en el artículo sobre violencia hacia las mujeres, en este informe. ↑
19. «Abuso sexual: la amenaza oculta de la niñez paraguaya y latinoamericana», La Nación, 31 de mayo de 2022, acceso el 2 de noviembre de 2022, https://www.lanacion.com.py/pais/2022/05/31/abuso-sexual-la-amenaza-oculta-de-la-ninez-paraguaya-y-latinoamericana/ ↑
20. «San Pedro: Docente es investigado por abusar de 8 alumnas», Hoy, 1 de junio de 2022, acceso el 2 de noviembre de 2022, https://www.hoy.com.py/nacionales/san-pedro-docente-es-investigado-por-abusar-de-8-alumnas ↑
21. «Capturan a un profesor que habría abusado de su alumna», ABC Color, 1 de noviembre de 2022, acceso el 3 de noviembre de 2022, https://www.abc.com.py/este/2022/11/01/capturan-a-un-profesor-que-habria-abusado-de-su-alumna/ ↑
22. «Ciudad del Este: Fiscalía imputa a un hombre que habría entrado a escuela para manosear a dos niñas», Ministerio Público, 26 de agosto de 2022, acceso el 3 de noviembre de 2022, https://ministeriopublico.gov.py/archivo/agosto-2022 ↑
23. «Decretan sobreseimiento definitivo del sacerdote Silvestre Olmedo en caso de presunto acoso», Noticias Paraguay, 27 de abril de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://npy.com.py/2022/04/decretan-sobreseimiento-definitivo-del-sacerdote-silvestre-olmedo-en-caso-de-presunto-acoso/ ↑
24. «Caso Alexa: Piden a Corte que confirme condena a sacerdote», Última Hora, 29 de agosto de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.ultimahora.com/caso-alexa-piden-corte-que-confirme-condena-sacerdote-n3020633.html ↑
25. Ibidem. ↑
26. Ibidem. ↑