Derechos digitales

Deudas, desafíos y conquistas en la intersección de los derechos humanos e internet

Maricarmen Sequera, Eduardo Carrillo y Leonardo Gómez Berniga

TEDIC

Palabras clave: democracia, libertad de expresión, privacidad, protección de datos personales, regulación de intermediarios, vigilancia
Citar

Sequera Buzarquis, M., Carrillo, E. y Gómez Berniga, L. (2022). Deudas, desafíos y conquistas en la intersección de los derechos humanos e internet. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2022 (313-328). Asunción, Paraguay: Codehupy.

Descargar PDF

Imagen destacada

Una vez más, el año cierra con deudas y desafíos en la intersección de derechos humanos y tecnología. A pesar de algunos avances, una serie de políticas públicas y privadas revelan la falta de un enfoque de derecho que asegure un bienestar real de la sociedad paraguaya en el entorno en línea.


En el artículo se plantea una mirada general sobre el estado de los derechos humanos en el entorno digital, desarrollados en cuatro grandes grupos. Se concentra en visibilizar iniciativas públicas y privadas que tienen un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito físico y virtual. En contraste, también se menciona una serie de avances en materia regulatoria para limitar ciertas atribuciones otorgadas a organismos de seguridad y que son peligrosas en un Estado que se define como democrático. Además, en un contexto de emergencia climática, se presentan argumentos sobre el desarrollo de la criptominería en el Paraguay, y los riesgos que podrían derivarse si persiste un enfoque regulatorio que no incorpore una mirada de múltiples partes interesadas y que no tome en cuenta los riesgos medioambientales y de soberanía energética asociados a este tipo de tecnologías.

Situación del derecho en 2022

Para mayor claridad, dividimos la situación de los derechos digitales en cuatro grandes grupos de derechos.

Derecho al acceso a la información pública

Falta de transparencia por diseño para el gasto en redes sociales

A partir de marzo del 2021, la empresa Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, puso a disposición una biblioteca de anuncios que permite consultar las publicaciones etiquetadas como de contenido social o político, además de mostrar los montos destinados para su divulgación. Coincidente con esto, se realizaron las elecciones municipales a finales del 2021, y a inicios de este año se actualizaron las declaraciones en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre gastos en propaganda electoral por parte de candidatos y candidatas a cargos electivos, Intendencia y Junta Municipal de la ciudad de Asunción.

Al analizar estas informaciones, se encontraron: un importante subregistro en el gasto en propaganda electoral en redes sociales, la ausencia de regulaciones que obliguen a la declaración de gastos según red social y la falta de información sobre uso de base de datos para fines políticos en anuncios microsegmentados[1].

Asimismo, se evidenciaron las desigualdades existentes entre espacios emergentes, mujeres y sectores guaraní hablantes frente a políticas de plataformas en lenguas como el español o el inglés y las políticas de transparencia diferenciadas de las plataformas en los Estados Unidos de América o países de la Unión Europea, frente a los de América Latina. Las amenazas existentes en el espacio digital podrían afectar procesos electorales y, por tanto, socavar los procesos democráticos.

Derecho a la libertad de expresión

Defensa de los periodistas en la era digital

El caso de filtración de audios en marzo de este año, llevado a cabo por el periodista y ciberactivista Alfredo Guachiré, puso en evidencia la responsabilidad penal del ahora exdiputado Juan Carlos Ozorio respecto a un mega esquema de lavado de dinero y narcotráfico[2]. Esta publicación demuestra la importancia de la disposición de la información pública y de interés público para el control y funcionamiento judicial más eficiente, además de generar un clima político que posibilite sancionar en las distintas esferas a los responsables de ilícitos.

Es decir, cuando se habla de interés público, también se hace alusión concretamente a asuntos ilegales, poco éticos, peligrosos y/o que amenazan el derecho a conocer temas que afectan a la sociedad y se mantienen en la sombra, y esto fortalece la democracia.

En este sentido, las personas que ejercen el periodismo son objeto de protección frente a amenazas, así como cualquier persona denunciante. Cualquier intento de restricción del derecho de acceso a la información debe pasar por una prueba de proporcionalidad. Esto quiere decir que indiscutiblemente deben demostrar que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con tal información, por lo que no corresponde en ningún sentido una exposición de quienes cumplen el rol de informar.

Caso Marcelo Pecci y redes sociales

A raíz del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, se realizó una serie de acusaciones[3] hacia su esposa, la periodista Claudia Aguilera, con respecto al aparente rol que tuvieron sus publicaciones en redes sociales para que criminales identificaran los distintos lugares transitados por la pareja durante su estadía en dicho país.

Esto es cuestionable, por un lado, pues coloca el foco en las publicaciones en redes y no en el atentado en sí mismo[4]. Por el otro, ejemplifica cómo la violencia digital de género adquiere nuevos matices y formas que buscan, en última instancia, desviar la atención sobre el rol de garante del Estado de la seguridad de las personas, tanto en el ámbito físico como digital.

Moderación de contenidos, discrecionalidad de las plataformas de contenidos que afectan a los periodistas y medios de prensa

El 12 de septiembre, un enlace publicado por el medio digital El Surtidor en Twitter fue señalado por esa red social como «peligroso», indicando que el mismo podría contar con enlaces de spam para engañar a las personas, robar su información personal, dañar sus dispositivos, mostrar contenido violento o engañoso y exhibir contenidos que violarían las reglas de la plataforma[5].

Esta categorización, vigente aún en el enlace creado por un recortador de enlaces del medio, afecta directamente al medio de prensa y a las periodistas involucradas en el artículo, ya que muestra una advertencia antes de dirigir a la noticia si se consulta desde la red social.

Cuestionado por su proceder, Twitter respondió que fue un caso de violación de sus «normas comunitarias». Esta medida restringe de manera ilegítima o desproporcionada el derecho a la libertad de expresión. Es de vital importancia que Paraguay tome medidas para la regulación de responsabilidad de intermediarios con un enfoque de derechos.

Queda en evidencia que existe una falta de claridad en el proceso de moderación de contenidos por parte de Twitter, dejando sin el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa de un medio independiente de Paraguay.

Derecho a opinión en redes sociales en riesgo

En mayo del 2022, el exfutbolista José Luis Chilavert fue condenado por difamación tras acusar, vía Twitter, al presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez por supuestos casos de corrupción.

La condena se sostuvo en trece tuits publicados entre septiembre y diciembre del 2019, donde daba cuenta de sospechas en el manejo de la institución a su cargo. La demanda fue presentada por Domínguez en mayo del 2020, invocando las figuras legales de difamación, calumnia e injuria, y solicitando dos años de prisión para Chilavert y una composición de 100 millones de guaraníes.

En Primera Instancia, se determinó condenarlo a un año de prisión constatando «seis hechos punibles por difamación» y fue absuelto de las acusaciones de calumnia e injuria. Sin embargo, se dio la suspensión condicional estableciendo prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de comparecer mensualmente por tres meses para la firma del libro de actas judiciales[6]. Tras la apelación, los jueces del Tribunal de Sentencia confirmaron la condena.

La judicialización penal de hechos contra el honor y la reputación de la persona, conforme a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[7] y señalamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, amenazan el libre ejercicio de la libertad de expresión y, a su vez, obstaculizan la crítica a las autoridades sobre acciones que puedan impactar en el interés público. Este caso es un precedente más que refleja la necesidad de revisar el marco penal para evitar condenas abusivas en el sistema judicial.

Derecho a la privacidad

Vigilancia masiva en los espacios públicos de manifestación pacífica

Las calles son espacios de disputa y su vigilancia se vuelve más sofisticada al uso de tecnología que realizan fuerzas de seguridad y los órganos de persecución penal.

Entre las adquisiciones y formas de vigilancia se encuentran: las cámaras de reconocimiento facial, IMSI catcher[8], vigilancia en redes sociales, software de extracción de datos del dispositivo, etc.

A raíz de la tendencia global de vigilancia masiva en espacios públicos dentro y fuera de internet, en marzo del 2021 se lanzó una guía de manifestación pacífica libre, identificando las últimas adquisiciones tecnológicas de la Policía Nacional y el Ministerio Público que pueden ser utilizadas también en marchas o manifestaciones pacíficas en Paraguay[9].

Biometría para el acceso a internet

En el 2021 se presentó un proyecto de ley «Que establece el registro biométrico como requisito de identificación del usuario para la habilitación de servicio de telefonía móvil»[10]. Esta propuesta obliga a las proveedoras de telefonía de Paraguay (Claro, Personal, Tigo y Copaco) a hacer un registro biométrico de las personas usuarias de sus servicios, como medida de identificación. Su objetivo es mitigar los hechos punibles relacionados al uso del teléfono móvil, tales como amenazas, extorsión, estafas, entre otros.

Pero esta propuesta de registro biométrico no es nueva. En 2015, fue presentado un proyecto similar en el Poder Legislativo, siendo vetado por el Poder Ejecutivo[11].

Esta iniciativa es intrusiva y desproporcionada porque recolecta datos sensibles de las personas que acceden a un servicio de telefonía y acceso a internet, independientemente de si han sido sospechosas de conductas indebidas y sin ninguna garantía aparente.

La recolección indiscriminada de datos sensibles debe buscar otra medida menos intrusiva para que el Estado bloquee o censure el acceso a las comunicaciones e información. En general, la medida debe ser de carácter excepcional y cumplir con los requisitos del debido proceso, como, por ejemplo, la orden de juez(a) competente, por resolución fundada bajo pena de nulidad[12].

Se necesitan marcos jurídicos suficientes que permitan garantizar un adecuado tratamiento de datos biométricos recolectados, tanto por parte del Estado como el sector privado. El Paraguay requiere una ley de protección integral de datos personales[13].

Protección de las proveedoras de internet de los datos personales de las personas usuarias

En el 2022 se realizó la tercera edición del estudio «¿Quién defiende tus datos?»[14], el cual analiza las políticas de las proveedoras de internet en Paraguay. La metodología consiste en evaluar a cada empresa (Claro, Copaco/Vox, Personal y Tigo) con base en las siete categorías sobre datos personales, privacidad, transparencia y rendición de cuentas, cuya elaboración considera los requisitos de la ley vigente en Paraguay y las buenas prácticas internacionales en materia de protección de la privacidad y el tratamiento de datos personales. En un segundo momento son revisadas y comentadas por las empresas evaluadas en base a los criterios.

Desde la primera edición hay un importante avance en el desarrollo de sus políticas de protección de privacidad y tratamientos de datos personales. Sin embargo, todas las proveedoras de internet siguen entregando información de contenidos de las comunicaciones (metadatos) sin orden judicial y con la simple solicitud de informe del Ministerio Público. Esta práctica está basada en el criterio definido por la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias referente a «Cruce de llamadas»[15].

Por otro lado, solo las empresas Claro y Tigo emiten informes de transparencia sobre la colaboración con autoridades gubernamentales, pero no están desagregados por país.

Y, por último, ninguna proveedora de internet cuenta con políticas públicas disponibles en sus sitios web que establezcan protocolos o guías sobre la actitud respecto a solicitudes de información de organismos gubernamentales o fuerzas de seguridad.

Para mejorar el tratamiento de datos personales de los clientes de estas empresas, se necesita con urgencia una ley de protección integral de datos personales y litigios estratégicos para fortalecer los criterios del Poder Judicial sobre metadatos y la persecución penal.

Avances para limitar las atribuciones discrecionales de la Policía Nacional

La Resolución N.º 583/2020 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) permitía a la Policía Nacional solicitar bloqueos al acceso a la telefonía móvil a solicitud simple y sin orden judicial, bajo pretexto de resolver de forma sumarial los hechos delictivos tales como la suplantación de identidad con fines extorsivos y el fraude a través de llamadas telefónicas.

Esta medida era cuestionable por la ampliación de las atribuciones de la Policía[16]. A finales de octubre del 2021, la Resolución de Conatel fue modificada[17] para atribuir esta solicitud solo bajo pedido del Ministerio Público y con una duración máxima de 72 horas. Esta modificación evitó que la Policía sea atribuida con extrapoderes y solamente se limitó este bloqueo a los hechos punibles tipificados en el Código Penal.

Vigilancia sin un debido proceso en la zona de la Triple Frontera

Desde este espacio, en el 2021 ya se había alertado sobre la tendencia de digitalización de políticas públicas de seguridad en la zona de la Triple Frontera[18]. Como parte de esta preocupación, se realizó un estudio sobre el Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF), un programa de seguridad pública brasileño cuyo objetivo es combatir el crimen organizado transnacional e integrar bases de datos de diferentes agencias de seguridad pública para centralizar la información bajo un mismo techo[19].

Es importante señalar la voluntad de autoridades brasileñas para internacionalizar la membresía del CIOF. En el marco de una visita de alto nivel del Gobierno brasileño en Paraguay, se extendió una invitación para formar parte de dicho Centro[20]. Si bien la investigación determina que a la fecha no es posible comprobar un representante paraguayo en el CIOF, es importante señalar una serie de cuestiones que merecen atención.

Primeramente, se tiene constancia de al menos tres invitaciones enviadas a instituciones paraguayas[21]. Dichas invitaciones no siguieron un debido proceso de derecho internacional. La investigación pudo comprobar que no existió una invitación formal vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución encargada de realizar una debida diligencia en materia de derechos humanos que permita comprobar que cualquier decisión del Estado paraguayo no incurrirá en violaciones al marco legal vigente.

Segundo, más allá de que no exista una base legal que legitime un posible intercambio de información transfronteriza, la investigación logró recolectar evidencia de un aparente intercambio de información entre el CIOF y el Comando Tripartito, un programa de seguridad trinacional[22]. Es posible afirmar que también existe un cierto grado de intercambio de datos entre el Ministerio Público y el CIOF[23]. Todavía más preocupante, entrevistas a ambos lados de la frontera sugieren un valoración positiva por parte de agentes de seguridad y al respecto de facilitar lo más posible el intercambio de información[24]. Así también, la investigación pudo comprobar que no existe ningún acto administrativo que regule la recogida y el tratamiento de datos alojados en el CIOF. Por otra parte, no fue posible comprobar la existencia de una política de privacidad en el CIOF.

Por último, se destaca el rol de la cooperación internacional en la expansión de este tipo de programas. La investigación identificó el interés de la Unión Europea en promover la adopción de centros integrados como el CIOF. Se identificó también un interés de Estados Unidos de América en la implementación del CIOF a través de visitas de autoridades brasileñas a los Centros de Fusión estadounidenses.

Derechos civiles, políticos, sociales y medioambientales

Voto inclusivo como argumento para vulnerar el secreto al voto

A modo de acompañar la implementación de máquinas de votación electrónica en las elecciones municipales del 2021, TEDIC realizó una encuesta de usabilidad de máquinas de votación electrónica, recolectando un total de 438 muestras en la ciudad de Asunción[25].

Entre los principales hallazgos[26], resalta preocupantemente que un 15,8% ingresó de manera acompañada en el cuarto oscuro para realizar la votación. Esto debido a que se invocaba la figura del voto asistido como argumento para que electores puedan ingresar acompañados. La actual Resolución N.º 24/2021 establece que solamente las personas con discapacidad visual o de miembros superiores pueden ser asistidas por una persona de su confianza durante el procedimiento de votación[27].

Por otra parte, también se observó que solo un 31,3% de los votantes verificó su voto tal como lo recomienda el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)[28]. También llama la atención que un 64% de los votantes considera que la expresión del voto queda almacenada en las máquinas de votación electrónica, a pesar de que esto va en contra de lo que el TSJE publicita.

Democracia en llamas: quema de máquinas de votación electrónica del TSJE

El 30 de septiembre de 2022 se registró un importante incendio en el depósito de máquinas de votación del TSJE. Más de 7.000 máquinas de votación fueron destruidas, lo que traerá una serie de desafíos en cuanto a su distribución a nivel nacional. El hecho evidencia la poca o nula gestión de riesgo por parte del TSJE para mantener íntegras tales máquinas.

Esto viene a agregar una nueva capa de complejidad en el debate sobre la conveniencia de la implementación de las máquinas de votación electrónica. Concretamente, la falta de capacidad para resguardar una infraestructura crítica[29] tan importante como la que actualmente facilita la expresión del voto.

Criptominería en Paraguay

Investigaciones sobre el desarrollo de la criptominería[30] en Paraguay evidenciaron graves preocupaciones en el manejo de la energía eléctrica, a consecuencia de la priorización requerida al momento de extender infraestructura, contemplando la demanda de estas pocas empresas por sobre otros indicadores, como la desigualdad económica que sufren ciertos usuarios en las tarifas. Además, de cara a la renegociación del Anexo C de Itaipú, el uso intensivo de electricidad por parte de ciertas empresas podría reducir la capacidad de maniobra soberana sobre su uso[31].

El avance de las criptodivisas, a su vez, confronta la capacidad institucional de hacer frente a los mecanismos de control, seguridad y diligencia en el sistema financiero a cargo del Banco Central del Paraguay. Por tanto, plantea preocupaciones sobre las medidas a tomar en adelante sin que sean perniciosas para pequeños usuarios, quienes muchas veces llegan a las mismas con la finalidad de saltar obstáculos injustos en el sistema bancario.

Otras preocupaciones no abordadas siquiera en la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que busca regular la actividad criptominera y la gestión de activos digitales[32], fueron la vinculación con la academia, el impacto ambiental y la gestión del e-waste o basura tecnológica. Según estudios, el tiempo de vida de las máquinas de criptominería ASIC es de, en promedio, 1,29 años, por lo que su uso es fuente de grandes volúmenes de desecho tecnológico. En Paraguay aún no se cuenta con una legislación nacional que contemple un tratamiento especial de las mismas y tampoco se evidencia una articulación entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y los más de 250 municipios para hacerle frente a una ola de desechos que se generarían.

«Esta ley podría criminalizar usuarios, impactar en el ambiente y desincentivar la innovación», señaló TEDIC en un comunicado alertando sobre los peligros y solicitando el veto del Poder Ejecutivo[33]. El presidente Mario Abdo vetó totalmente el proyecto. Al cierre de la edición de este informe, la Cámara de Senadores rechazó el veto. Sin embargo, en Diputados se encuentra a puertas de ser tratado, caso contrario, el veto presidencial quedaría con sanción ficta el 8 de diciembre.

Conclusiones

Nuevamente se identifica un complejo año en la intersección de derechos humanos y tecnología. Desde políticas públicas e iniciativas privadas que atentan contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión de las personas, hasta una limitada comprensión sobre el derecho de acceso a la información pública, Paraguay transita todavía lentamente en constituirse en un Estado moderno que asegura los derechos humanos tanto en el ámbito online y offline.

Lo anterior se complejiza en un escenario en el cual el narcotráfico ha adquirido una presencia omnipresente que obliga una respuesta del Estado que muchas veces se inclina más por un enfoque restrictivo por defecto, y sin incorporar un enfoque de derechos humanos que permita analizar los riesgos asociados a políticas de este tipo. Así, el presente artículo documenta una serie de iniciativas que buscan incrementar los poderes de la Policía Nacional, y en general la capacidad del Estado de vigilar por defecto de manera desproporcionada, con la complicación adicional de la incorporación de tecnologías digitales que ni siquiera el propio Estado termina de comprender.

Así también, es importante reflexionar sobre los desafíos en la intersección de democracia y tecnologías digitales. La incorporación de máquinas de votación electrónica y los desafíos en la implementación de esta política continúan sin resolverse. En este sentido, el posible desabastecimiento que no permita una jornada electoral en óptimas condiciones es un serio riesgo que merece la atención de toda la sociedad paraguaya. Por otra parte, preocupa la falta de capacidad de autoridades electorales de ponerse a tono con nuevos escenarios de disputas políticas definidos por las redes sociales, y habilitando esto una serie de escenarios complejos de falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de candidaturas políticas.

En materia de avance de las criptodivisas y la criptominería en Paraguay, se observa con suma preocupación la insuficiente discusión en el ámbito legislativo, como así también la imperiosa necesidad de contar con una proactividad mayor en el Poder Ejecutivo y la academia para aprovechar las bondades de la tecnología blockchain, considerando aspectos sociales, ambientales, legales y políticos y sin reducirla a un aspecto financiero. Tal mirada facilita el avance de un modelo de «extractivismo digital» por medio de la criptominería a gran escala y en pocas manos. Reflexionar sobre la disponibilidad de la energía y demanda generada frente al contexto de renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú obliga a tomar el asunto con mayor cuidado, a modo de no comprometer la soberanía nacional y los recursos naturales, más aún, cuando se trata de energía renovable en un contexto de escasez energética a nivel global.

El Estado debe abordar una serie de desafíos a mediano y largo plazo y con vistas a lograr una sociedad que disfruta sus derechos humanos tanto en el entorno físico como virtual. En ese sentido, se insiste con particular vehemencia en la necesidad de armonizar el marco legal vigente para que los desafíos asociados a la implementación de tecnologías digitales sean debidamente tenidos en cuenta, y que las salvaguardas y los remedios correspondientes estén a disposición de toda la sociedad paraguaya.

Recomendaciones

Derecho al acceso a la información pública
  • Establecer normativas y reglamentaciones que faciliten la disponibilidad de información desglosada y detallada de rendiciones sobre los recursos destinados a propaganda electoral en redes sociales por parte de candidatos(as) y organizaciones políticas, en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Derecho a la libertad de expresión
  • Generar marcos jurídicos que protejan y salvaguarden la seguridad de los y las periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
  • Se necesitan marcos regulatorios para que las empresas intermediarias de internet sean transparentes y rindan cuentas. La discrecionalidad de sus normas comunitarias afecta el ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de periodistas y de medios digitales independientes.
Derecho a la privacidad
  • Sancionar con urgencia en el Poder Legislativo el proyecto de ley de protección integral de datos personales en Paraguay presentado por la Coalición de Datos Personales. Este marco legal regulará los tratamientos de datos personales y evitará abusos y arbitrariedades en la vida de las personas y en especial temas tan complejos como los datos biométricos.
  • El Estado debe garantizar el derecho a las manifestaciones libres y seguras. Las adquisiciones estatales como las cámaras de reconocimiento facial atentan contra el derecho de asociación y protesta. Instamos al Estado a evitar el uso de esta tecnología tan instructiva a la vida de las personas.
  • Realizar un estudio de impacto de derechos humanos sobre políticas como el CIOF, para comprender los riesgos en materia de derechos humanos asociados a este tipo de políticas.
  • Las proveedoras de internet en Paraguay deben mejorar la transparencia en el tratamiento de datos a sus clientes, además de establecer en sus correspondientes políticas de privacidad explícitamente la forma de colaboración con el Gobierno y la forma en la entrega de datos de usuarios al Estado.
  • La Corte Suprema de Justicia debe revisar sus criterios sobre acceso de metadatos de las comunicaciones. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la tendencia global expresa que los metadatos deben ser entregados solo bajo orden judicial.
Derechos civiles, políticos, sociales y medioambientales
  • Fortalecer la capacidad de miembros de mesa para que efectivamente se constituyan en custodios y garantes de la ley electoral, y que no se incurran en faltas graves como permitir el ingreso acompañado en el cuarto oscuro. Esto es de capital importancia si se busca fortalecer la confianza hacia el sistema electoral.
  • Generar campañas de comunicación desde el TSJE que expliquen de manera clara el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica y la manera en la cual se debe controlar la emisión del voto.
  • Colocar avisos en los locales de votación sobre la manera correcta de controlar la expresión del voto y capacitar a miembros de mesa para que recuerden al elector acerca de este tipo de información.
  • Ampliar la manera en la cual el TSJE permite la auditoría de máquinas de votación electrónica. En la actualidad, solamente se permite que apoderados políticos puedan ingresar en días específicos para que revisen las máquinas y previo a una elección. Se necesita permitir la presencia de actores independientes como academia y organizaciones de la sociedad civil.
  • Producir protocolos de mitigación de riesgo que aseguren la integridad de las máquinas de votación electrónica
  • Ampliar la discusión sobre regulación de la criptominería y las criptodivisas contemplando realidades ambientales y socioeconómicas, evitando la aprobación de leyes que promuevan modelos considerados extractivos y sostengan prácticas desiguales.
  • Fortalecer la capacidad del TSJE para hacer frente a las irregularidades electorales que puedan suceder a consecuencia de propaganda difundida por redes sociales. Para ello se insta a una mayor articulación entre la sociedad civil, las plataformas de redes sociales y los mecanismos de control y sanción legal existentes.

________________________________________________________________________

Maricarmen Sequera

Codirectora de TEDIC. Abogada. Con posgrados en Ciberseguridad y Tecnopolítica por la Universidad de Barcelona. Candidata a Magíster en Propiedad Intelectual de la FLACSO – Argentina.

Contacto: maricarmen@tedic.org

________________________________________________________________________

Eduardo Carrillo

Codirector de TEDIC. Relacionista internacional y Máster en Administración Pública con énfasis en Tecnología Digital y Política por la University College London.

________________________________________________________________________

Contacto: eduardo@tedic.org

Leonardo Gómez Berniga

Encargado de proyectos de Democracia, Tecnopolítica y Derechos Digitales de TEDIC. Abogado. Especialista en Didáctica de la Educación Superior por el INAES. Candidato a magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín.

Contacto: leonardo@tedic.org

  1. Leonardo Gómez Berniga, «La propaganda en redes sociales existe: Monitoreo del gasto electoral en Facebook Ads de las elecciones municipales del 2021 en Asunción», TEDIC, 21 de junio de 2022, acceso el 12 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/la-propaganda-en-redes-sociales-existe-monitoreo-del-gasto-electoral-en-facebook-ads-de-las-elecciones-municipales-2021-en-asuncion/
  2. «Filtraciones de escuchas telefónicas, un balance entre el interés público y el derecho a la privacidad», TEDIC, 12 de marzo de 2022, acceso el 12 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/filtraciones-de-escuchas-telefonicas-2022/
  3. «Aquí hay un tema fundamental…» [Tweet], Fiscalía de Colombia [@fiscaliacol], 7 de junio de 2022, https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1534224426136440834
  4. «Consideramos injusto…» [Tweet], TEDIC [@TEDICpy], 10 de junio de 2022, https://twitter.com/TEDICpy/status/1535373694641459200
  5. «Corruptos significativos: la nueva política exterior de EE. UU. hacia Paraguay», El Surtidor, 9 de septiembre de 2022, acceso el 12 de octubre de 2022, https://elsurti.com/laprecisa/chequeo/2022/09/09/corruptos-significativos-la-nueva-politica-exterior-de-estados-unidos-hacia-paraguay/
  6. «Juicio oral y público: José Luis Félix Chilavert s/ Calumnia, Difamación e Injuria» [Archivo de video], TV Justicia Paraguay, 24 de mayo de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=EpF2uor9NIY
  7. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 31 de agosto de 2004 Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
  8. Dispositivo que localiza y rastrea todos los teléfonos móviles que están conectados a una red telefónica en su proximidad, «capturando» el número IMSI (número único a una tarjeta SIM) de cada dispositivo. Para más información ingresar en https://www.tedic.org/ojos-que-no-parpadean-vigilancia-estatal-de-las-comunicaciones/
  9. TEDIC, Manifestaciones libres: Guía sobre la vigilancia policial en manifestaciones en Paraguay (Asunción: TEDIC, 2022), https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2022/03/Guia-Manifestaciones-libres-WEB.pdf
  10. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 10 de octubre de 2022, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123507
  11. «Acertada decisión del Poder Ejecutivo para la defensa de nuestra privacidad», TEDIC, 28 de septiembre de 2017, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/acertada-decision-del-poder-ejecutivo-para-la-defensa-de-nuestra-privacidad/
  12. «Una propuesta legislativa que vigilará biométricamente el acceso a Internet y servicios de telefonía», TEDIC, 17 de agosto de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/una-propuesta-legislativa-que-vigilara-biometricamente-el-acceso-a-internet-y-servicios-de-telefonia/
  13. Coalición de Datos Personales en Paraguay, Proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay, https://www.datospersonales.org.py/
  14. TEDIC, Investigación ¿Quién defiende tus datos? (Asunción: TEDIC, 2022), https://qdtd.tedic.org/
  15. Tania Guerrero et al., ¿Quién defiende tus datos? (Asunción, TEDIC, 2022), https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2022/03/QDTD-2022_v2.pdf
  16. Maricarmen Sequera, «Superpoderes a la policía», TEDIC, 5 de octubre 2020, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/superpoderes-a-la-policia/
  17. Resolución del Directorio de Conatel N.º 2531/2021, del 27 de octubre de 2021, «Por la cual se modifica el reglamento de protección del usuario de telecomunicaciones», https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2021/10/rd-2531-2021.pdf
  18. Maricarmen Sequera y Eduardo Carrillo, «La herejía tecno-optimista florece durante la pandemia», en Derechos Humanos en Paraguay 2021 (Asunción: Codehupy, 2021), 355-367, https://ddhh2021.codehupy.org.py/
  19. «La integración invisible: Un estudio sobre el Centro Integrado de Operaciones de Frontera», TEDIC, 2022, https://www.tedic.org/lanzamiento-investigacion-la-integracion-invisible-en-la-zona-de-la-triple-frontera/
  20. «Valoran invitación del Brasil al Centro Integrado de Operaciones de Frontera», La Nación, 11 de febrero de 2020, acceso el 11 de octubre de 2022, https://lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2020/02/11/valoran-invitacion-de-brasil-al-centro-integrado-de-frontera/
  21. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas.
  22. El Comando Tripartito es un programa de inteligencia compartido por Argentina, Brasil y Paraguay.
  23. «Tras allanamiento detienen a líder narcotraficante brasilero buscado por tráfico de drogas y de armas», Ministerio Público, 5 de febrero de 2020, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.ministeriopublico.gov.py/nota/tras-allanamiento-detienen-a-lider-narcotraficante-brasilero-buscado-por-trafico-de-drogas-y-de-armas-5167
  24. «La integración invisible: Un estudio sobre el Centro Integrado de Operaciones de Frontera», TEDIC, 22 de febrero de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/lanzamiento-investigacion-la-integracion-invisible-en-la-zona-de-la-triple-frontera/
  25. «Encuesta sobre uso de máquinas de votación electrónica en las elecciones municipales», TEDIC, 4 de enero de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/encuesta-sobre-uso-de-maquinas-de-votacion-electronica-en-las-elecciones-municipales-2021/
  26. Es importante señalar que el número de entradas permite realizar inferencias sobre los votantes en la ciudad de Asunción.
  27. Ibidem 24.
  28. Verificación visual y a través del lector chip RFID.
  29. Una definición bastante genérica plantea que la infraestructura crítica son todos aquellos sistemas físicos o virtuales que hacen posible las funciones y los servicios considerados esenciales y que contribuyen al buen desempeño de los sistemas más básicos a nivel social, económico, medioambiental y político. Cualquier alteración o interrupción en su suministro, debido a causas naturales (una catástrofe climática, por ejemplo) o provocada por el factor humano (como un ataque cibernético a una central de energía eléctrica), podría acarrear graves consecuencias. Más información: https://www.cisco.com/c/m/es_cl/articles/infraestructuras-criticas-cda.html
  30. La criptominería está basada en la tecnología blockchain, una red descentralizada conocida como red de pares (peer-to-peer, P2P, por sus siglas en inglés) que registran y validan las transacciones en una base de datos pública llamada blockchain o «cadena de bloques». Este proceso requiere de complejos cálculos matemáticos que son computacionalmente costosos. A este trabajo se lo conoce como minería. Para más información, ingresar en https://www.tedic.org/lanzamiento-de-investigacion-hablemos-de-la-historia-de-las-criptomonedas-en-paraguay/
  31. «Energía y Criptomonedas en Paraguay: ¿A quiénes beneficia nuestra energía barata?», TEDIC, 17 de septiembre de 2022, acceso el 10 de octubre de 2022, https://www.tedic.org/lanzamiento-de-investigacion-energia-y-criptomonedas-en-paraguay-a-quienes-beneficia-nuestra-energia-barata/#
  32. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 10 de octubre de 2022, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123935
  33. «Desde TEDIC exponemos nuestra preocupación…» [Tweet], TEDIC [@TEDICpy], 26 de agosto de 2022, https://twitter.com/TEDICpy/status/1563163665632993280
Deudas, desafíos y conquistas en la intersección de los derechos humanos e internet